Una de las quejas habituales del constitucionalismo en Cataluña ha sido que, durante demasiado tiempo, los catalanes no nacionalistas han sido moneda de cambio para los gobiernos centrales en su relación con el separatismo, renunciando a defender sus derechos. En este sentido, todo indica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no parece dispuesto a romper esa dinámica. Así, ante la sentencia de los tribunales que establecen que el 25% de las clases en Cataluña han de impartirse en castellano para respetar los derechos lingüísticos que se desprenden de la Constitución, el Gobierno ha adoptado un perfil bajo, tendente más a satisfacer a sus socios nacionalistas que a garantizar los derechos de los catalanes no nacionalistas.
En primer lugar, la Abogacía del Estado reclamó que le ejecución forzosa de la sentencia del 25% no se aplicase hasta comprobar apropiadamente si la Generalitat estaba encargándose de hacerlo, cuando ésta ya ha repetido una y otra vez que no piensa acatarla. En segundo, y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya dado quince días para que el Govern cumpla el fallo, ha renunciado a verificar si los colegios catalanes cumplen o no con el mandato judicial.
Así, tal y como recoge El País, el Ministerio de Educación ha objetado que la «Alta Inspección del Estado no puede entrar en los colegios porque no tiene competencia». Del mismo modo, ha recordado que en Cataluña solo hay dos inspectores de este cuerpo. Sin embargo, tal y como ha explicado el presidente de Impulso Ciudadano José Domingo en un artículo en Crónica Global, para verificar el cumplimiento del fallo «basta con solicitar un certificado con las medidas adoptadas a los directores de los centros educativos de Cataluña. En esa petición de información no estaría de más recordar que la falsedad en documento oficial es un delito contemplado en el artículo 390 del Código penal y lleva aparejada penas de prisión».
