La sobreactuación del separatismo ante instancias internacionales para denunciar los supuestos abusos del Estado español ha sido una constante durante los últimos años. El último episodio lo ha protagonizado Elisenda Paluzie, que, una semana antes de abandonar la presidencia de la plataforma nacionalista Assemblea Nacional Catalana, ha comparecido en un foro de la ONU para denunciar la «represión española» contra Cataluña. En concreto, Paluzie compareció ante el Fórum Regional Europa y Asia Central 2022 de las Naciones Unidas, donde cargó —con el caso de las escuchas al separatismo todavía en el candelero— contra los abusos del Estado español contra la «minoría nacional catalana».
El empleo de este concepto no es casual, pues el separatismo considera que recurrir a él constituye el único modo de que los organismos internacionales dejen de considerar el problema nacionalista en Cataluña un «asunto interno español». Y es que, tal y como se encargó de recordar Paluzie en su alocución, el artículo 2 de la Declaración de 1992 establece que «todos los Estados han de tomar medidas para garantizar que las personas pertenecientes a las minorías nacionales puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos fundamentales sin discriminación ni desigualdad». Por este motivo, exigió que la ONU se implique más activamente para «proteger los derechos civiles y políticos de la minoría nacional catalana».
Persecución de 3.300 activistas catalanes
¿Y cuál es la «represión española» que estaría sufriendo la «minoría nacional catalana»? Pues, por una parte, Paluziie habló de la «persecución de más de 3.300 activistas y representantes pacíficos catalanes» por parte de las autoridades españolas (entre los supuestos «represaliados», la ANC cuenta a los atendidos durante el 1-O, a los arrestados por participar en altercados violentos en 2019 por la sentencia del procés y a todos los políticos que han tenido problemas con la Justicia por saltarse la ley en nombre de la secesión). Por otra parte, denunció que el Caso Pegasus demostraba que España persigue a la «disidencia política», lo que le sirvió para equiparar a nuestro país con Hungría y Polonia.
