Pese a que el castellano es la lengua materna de la mayoría de catalanes y lengua cooficial en Cataluña, institucionalmente es tratada como una lengua extranjera por el poder nacionalista —el catalán es la lengua vehicular de la Administración y de la Educación—. Tal vez lo más sorprendente, sin embargo, es que instituciones gobernadas por partidos no nacionalistas apliquen las mismas políticas lingüísticas que el separatismo. Un nuevo caso lo hemos sabido a través de Metrópoli Abierta, que ha desvelado que los tribunales han dado la razón a un cabo de la Guardia Urbana al que el Ayuntamiento de Barcelona—formado por los Comunes y el PSC— no se le permitió realizar una prueba de acceso en castellano.
Según explica este rotativo, el cabo de la Guardia Urbana F.G.B. no pudo hablar en español en una entrevista en un proceso selectivo interno para sargento. Esta discriminación lingüística fue denunciada por el agente y ahora los tribunales le han otorgado la razón: el consistorio deberá repetir el examen al aspirante y éste podrá responder en el idioma cooficial de Cataluña que elija. Los hechos relatados por el agente fueron corroborados ante la juez por un observador sindical de UGT, que, aunque no hizo nada por impedirlo en el momento, admitió que F.G.B. pidió efectuar la entrevista en castellano y se le prohibió. Cabe destacar que, antes de esta prueba, el policía había obtenido un 8,6 y un 8,5 en los test teórico y práctico y ocupaba el puesto 23 en un selección que constaba de 130 postulantes.
El hecho ha merecido las críticas de la entidad constitucionalista Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en redes sociales. «El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PSC y En Comú Podem, prohíbe a un aspirante opositar a Guardia Urbano en castellano», relata. Y reflexiona: «En Cataluña, la izquierda comportándose como el más rancio nacionalismo y vulnerando derechos fundamentales».