La Generalitat ostenta el liderazgo en la cuantía de los impuestos autonómicos que exige a sus ciudadanos. Ninguna otra Comunidad gana a Cataluña en esta liga. Entre los 15 impuestos autonómicos catalanes hay dos que inciden en el tema medio-ambiental. Son importantes:
1.El primero es el Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos, que debe ser pagado por todos los residentes en Cataluña que tengan un coche, furgoneta o moto. Son 1,6 millones de personas. Toca pagarlo en octubre de cada año. Este año 2022 la cuota sube mucho. Saldrá a unos 100 euros por persona. Este impuesto no existe en ninguna otra Comunidad.
2.El segundo es el Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Tienen que pagarlo las empresas eléctricas y telefónicas, por producir, transformar o transportar electricidad en Cataluña. O por transportar telefonía o telemática. Se paga por kwh, por kilómetro de línea y por antena. Prevé recaudar 145 millones anuales. Con la intensidad de Cataluña, sólo existe algo parecido en Extremadura.
Pues bien, por si esto fuera poco, el Govern está dándole vueltas a un nuevo impuesto medio-ambiental que podría aprobarse antes del final de 2022. Se trata del Impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas: abreviadamente IEGEI. Veamos.
El Govern está dándole vueltas a un nuevo impuesto medio-ambiental que podría aprobarse antes del final de 2022. Se trata del Impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas.
La Ley Catalana 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático
Esta Ley, muy ambiciosa en la lucha contra el cambio climático en Cataluña, mandató al Govern para presentar en el Parlament un Proyecto de Ley regulador del IEGEI. Los obligados al pago del impuesto serían todas las actividades económicas generadoras de GEI (gases de efecto invernadero: CO2 u otros gases equivalentes como óxido nitroso o metano). O sea, las empresas eléctricas, cementeras, petroleras, químicas, textiles, papeleras, metalúrgicas, cerámica, vidrio, ganaderas… Muy importantes en Cataluña.
La base imponible es el número de toneladas anuales emitidas. La cuota a pagar oscila entre 10 y 30 euros por tonelada.
El recurso al Tribunal Constitucional
Esta Ley fue recurrida por el Gobierno central ante el TC. En su Sentencia 87/2019 de 20 de junio, el TC resolvió que varios preceptos de la Ley eran inconstitucionales. El IEGEI no se vio afectado. Por Decreto-Ley 16/2019, de 26 de noviembre, el Govern modificó los preceptos inconstitucionales. Pero el mandato respecto al IEGEI quedó congelado. Poco después, en marzo de 2020, vino la pandemia y el tema siguió congelado.
La descongelación del IEGEI
Más tarde, en la discusión de los Presupuestos de la Generalitat para el 2022, el Govern, tras verse abandonado por la CUP, consiguió el apoyo de los Comuns, ofreciéndoles como contrapartida la descongelación del IEGEI.
Parece que están decididos a implantar este nuevo impuesto. Buena prueba de ello es que el Govern ha elaborado una Memoria del IEGEI y a principios de enero de este año 2022 la ha presentado a consulta pública. Dicen que quieren llevar el Proyecto de Ley al Parlament antes de fin de año.
El pasado 4 de marzo terminó el plazo ofrecido en la consulta para presentar observaciones. Importantes asociaciones y empresas lo han hecho, oponiéndose al Proyecto. Entre ellas, Foment del Treball, Federación catalana del sector químico, Naturgy, Endesa, Repsol, Celsa…
Qué se puede decir del nuevo impuesto
1.Todo el mundo, en España y en la UE, está de acuerdo en que no es éste el mejor momento para subir los impuestos. Y menos aún para crear impuestos nuevos. En todo caso, se extiende la idea de rebajarlos. La pandemia no ha terminado, hay una guerra en Ucrania, se han disparado los precios del petróleo, del gas y de la electricidad. La inflación está en el 9,8%. ¿Cómo se le ocurre al Govern crear ahora un impuesto nuevo?
2.Las centrales que utilizan gas natural para producir electricidad emiten gases de efecto invernadero y deben comprar Derechos de emisión para poder funcionar (más adelante explicamos esto). El precio de estos Derechos se ha disparado: desde los 8 euros por tonelada en el año 2017 (cuando se aprobó la Ley catalana) hasta los 88 euros este viernes 22. El precio del gas natural también se está disparando. Todo esto hace que el precio de la electricidad producida en estas centrales se dispare a su vez. Y es ese precio el que determina el precio de la electricidad producida por el resto del mix energético (eólico, nuclear, hidroeléctrico). La inflación se desata. La UE, y España en particular, están tratando de reconducir este endiablado asunto. Las medidas a tomar son complejas y deben ser consensuadas con Bruselas. Ya veremos lo que hacen.
En este escenario, ¿cómo se le ocurre al Govern promover en Cataluña un impuesto tan crítico como éste sobre uno de los asuntos más delicados que se están ventilando en la UE?
3.El impuesto catalán no va a reducir las emisiones. El impacto climático global seguirá siendo el mismo. Pero la producción se trasladará fuera. Habrá deslocalización industrial. Como dice Naturgy, ante el nuevo impuesto, las centrales de gas catalanas reducirán sus horas de funcionamiento, que serán absorbidas por centrales de fuera de Cataluña. Las centrales catalanas pueden terminar cerrando.
Como dice Naturgy, ante el nuevo impuesto, las centrales de gas catalanas reducirán sus horas de funcionamiento, que serán absorbidas por centrales de fuera de Cataluña. Las centrales catalanas pueden terminar cerrando.
Recordemos que la producción de electricidad en Cataluña está además gravada por el Impuesto catalán sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, que grava cada kwh producido. Justo al revés de lo que hay que hacer para abaratar la factura de la luz.
4.No es fácil deslocalizar instalaciones industriales como por ejemplo el complejo químico más grande del sur de Europa, que es precisamente el situado en Tarragona. Pero el nuevo impuesto será un coste más que repercutirá en el precio de los productos fabricados en Cataluña. Resultará más barato importar productos de otras Comunidades o de fuera de España. Mal asunto para Tarragona.
5.Es evidente que, si se implanta el IEGEI en Cataluña, las nuevas inversiones en este tema se harán en otros territorios menos castigados.
6.En conclusión: el nuevo impuesto provocará una pérdida de competitividad de la industria catalana. Agravará la decadencia. Por increíble que parezca, el Govern, con el impagable auxilio de los Comuns, está empeñado en torpedear el crecimiento.
«El nuevo impuesto provocará una pérdida de competitividad de la industria catalana. Agravará la decadencia»
El comercio de los derechos de emisión
Siendo muy grave lo dicho hasta aquí, hay otro tema grave con el que el IEGEI choca frontalmente. Es el sistema europeo de los Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Desde 2005, cuando la UE inició la lucha contra el cambio climático, este sistema es la principal herramienta para reducir las emisiones.
Cada cinco años, la UE asigna a cada Estado miembro un número de Derechos, y ese Estado los asigna gratuitamente a las instalaciones contaminantes del país. Tener un Derecho autoriza a emitir una tonelada de gas de efecto invernadero.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 se asignaron gratuitamente 48 millones anuales de Derechos a unas 700 instalaciones contaminantes de toda España, para el período 2021-2025. Hay que decir que la generación eléctrica, sea de la clase que sea, no recibe Derechos gratuitos. Ojo al dato!
Por ejemplo, Repsol Petróleo Tarragona recibe gratuitamente una media anual de 1,6 millones de Derechos entre 2021 y 2025. Si la instalación produce emisiones por encima de los Derechos asignados, debe comprar el exceso. Si produce menos, vende los sobrantes. Hay así un mercado de Derechos, con mucha especulación por cierto. Además, como en conjunto no hay Derechos suficientes, el Estado vende Derechos nuevos mediante subasta entre las instalaciones demandantes. Es como un impuesto más.
La UE reduce periódicamente el número de Derechos de asignación gratuita. En la última asignación ha habido una reducción del 13%. Y eso ha producido un encarecimiento extraordinario del precio de los Derechos en la UE, hasta los 88 euros de este viernes 22.
Según el Gobierno, con este sistema ha habido en España una disminución de un 56% en la emisión de gases de efecto invernadero.
Como hemos dicho, las centrales eléctricas no reciben gratuitamente ningún Derecho. Tienen que comprar, en el mercado o en las subastas, todos los Derechos que necesitan. Cada vez más caros. Esto sí que es un fuerte impuesto medio-ambiental. Y, junto con la subida del precio del gas, esta es la causa de la alucinante subida del precio de la luz.
De esta forma, una central de gas tiene que pagar: 1.Los Derechos de emisión; 2.El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la energía eléctrica; 3.El Impuesto Especial sobre la Electricidad; 4.El Impuesto sobre el Valor Añadido; 5.El Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente; y 6.El Impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, si se aprueba. Estos dos últimos sólo en Cataluña. Esto no es serio. Y todo va en la factura, directa o indirectamente.
Conclusión
Cabe pensar que la UE está yendo demasiado deprisa en la política de reducción de Derechos. Cabe pensar también que el sistema marginalista de fijación de precios de la luz no es el mejor. Cabe pensar también en una reactivación de la energía nuclear. En el contexto de la guerra de Ucrania, con la inflación disparada y con un horizonte de compras cero a Rusia, hay que pensar en todo.
Pero lo que resulta totalmente impensable es que el Govern vaya a su aire y se meta ahora en este berenjenal.
