El titular del juzgado número 1 de Instrucción de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el patrimonio del secretario del fugado Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, para determinar «si se enriqueció ilícitamente» durante su etapa al frente de la Oficina de Cooperación Internacional de la Diputación de Barcelona (DIBA). Ha sido el mismo Alay el que ha publicado el auto de Aguirre en su cuenta de Twitter.
Según el documento, Alay fue responsable de la finalización de diversos expedientes iniciados por su antecesor en el cargo, Jordi Castells Massanés. Este está acusado de «un posible enriquecimiento ilícito» que la Guardia Civil considera «injustificado por su sueldo» y que, según figura en el auto de Aguirre, «podría tener su origen en pagos hechos por entidades subvencionadas por la DIBA».
Inmuebles e ingresos incompatibles con su sueldo
«La Guardia Civil», prosigue, «ha detectado un incremento dinerario en la cuenta corriente de Castells de 300.000 euros». Algo que sucedió en el periodo en el que estuvo dirigiendo la Oficina de Coooperación Internacional de la Diputación. Castells, además, habría «comprado varios inmuebles al contado» y realizado «ingresos en efectivo en su cuenta bancaria incompatibles con su sueldo».
Con estos antecedentes, el juez Aguirre considera que «existen indicios de criminalidad constatados» con respecto a Castells, al que imputa la presunta comisión de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Dado que Alay fue su sucesor en el cargo y que concluyó expedientes iniciados por Castells, el juez quiere saber si pudo beneficiarse también de estas gestiones de forma irregular.
