Espionaje masivo a todo el movimiento independentista, dice la generalidad de los medios a partir de los datos aportados por la organización CitizenLab y divulgados por un artículo del New Yorker. Pero, hasta donde se conoce por el momento, no es masivo sino selectivo. Mediante software espía (Pegasus, Candiru) que sólo los gobiernos pueden adquirir, han sido objeto de escuchas cargos públicos, diputados y líderes independentistas, más algunos abogados y las esposas de Carles Puigdemont y Jordi Cuixart —aquí la mayoría de los nombres descubiertos hasta el momento—. Las pruebas se han obtenido de los aparatos cuyos propietarios han estado de acuerdo en participar en la investigación.
El informe de Citizen Lab —Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru—, que se ha realizado «en colaboración con grupos de la sociedad civil catalana», afirma: «No atribuimos de manera concluyente el ataque a un gobierno específico, pero una amplia evidencia circunstancial apunta al gobierno español.»
«No atribuimos de manera concluyente el ataque a un gobierno específico, pero una amplia evidencia circunstancial apunta al gobierno español.»
Informe de Citizen Lab
La atribución se basa en estas circunstancias: «Los objetivos eran de evidente interés para el gobierno español; el momento específico de la focalización coincide con eventos de interés específico para el gobierno español (…) También consideramos poco probable que un cliente de Pegasus que no sea español emprenda una orientación tan amplia dentro de España, utilizando SMS y, a menudo, haciéndose pasar por las autoridades españolas. Tal operación clandestina de varios años, especialmente contra personas de alto perfil, tiene un alto riesgo de descubrimiento oficial y seguramente conduciría a graves repercusiones diplomáticas y legales para una entidad gubernamental no española.»
Según CitizenLab: «La gravedad del caso justifica claramente una investigación oficial para determinar la parte responsable, cómo se autorizó el hackeo, qué marco legal regía el hackeo y qué control judicial se aplicó, la verdadera escala de la operación, los usos que se dieron al material hackeado, y cómo se manejaron los datos pirateados, incluido a quién se le pudo haber proporcionado.»
Y lanza una suposición sobre el alcance de la operación detectada: «Nuestra investigación abre una ventana a lo que probablemente sea un esfuerzo mayor por colocar a una porción significativa de la sociedad civil catalana bajo vigilancia específica durante varios años. Este esfuerzo ha resultado en la vigilancia total de los políticos catalanes en ciertas categorías, como varios miembros del Parlamento Europeo y todos los presidentes catalanes desde 2010.»
Hemos sido espiados
En espera de una investigación oficial, si llega, estaremos una temporada sumergiéndonos en la idea de que un pueblo entero ha sido sometido a escuchas. Se nos va a decir que el régimen del 78 nos considera a todos sospechosos de traición y que no repara en gastos para incriminarnos. En consecuencia, no podemos seguir un minuto más sometidos a este estado de excepción permanente. El disparo de salida ha sido un inspirado tweet de Carles Puigdemont anunciando que «estamos ante un nuevo GAL, versión digital».
«En espera de una investigación oficial, si llega, estaremos una temporada sumergiéndonos en la idea de que un pueblo entero ha sido sometido a escuchas.»
¡Qué menos que espiar!, dice Joan Vall Clara en el Punt-Avui: «Para mantener la unidad territorial de la patria (…) la Constitución les manda matar (de la unidad territorial la Constitución hace garante al ejército). ¿Cómo debería importarles espiar preventivamente a toda la patulea que no tenían en prisión?»
En el Ara Sebastià Alzamora comenta de esta manera el Pegasus que nos hemos dado entre todos: «Los hechos que denuncian los expertos en ciberseguridad CitizenLab, de la Universidad de Toronto, y el periodista Ronan Farrow en The New Yorker vuelven a ser tan escandalosos como todo lo demás. Además, también suponen un caso de mala utilización de una tecnología que tiene otra finalidad (el control del crimen organizado) y, puestos a decir, de malversación de caudales públicos.»
«Los hechos que denuncian los expertos en ciberseguridad CitizenLab, de la Universidad de Toronto, y el periodista Ronan Farrow en The New Yorker vuelven a ser tan escandalosos como todo lo demás».
Sebastià Alzamora
El tema va para largo: «El hecho de que el CatalanGate no sea, en realidad, estrictamente catalán, sino que existan casos de espionaje masivo e ilegal con el programa Pegasus en varios países (…), puede contribuir a darle consistencia y a hacerlo durar.» Y también se teme el tratamiento que se le va a dar aquí: «Dado que a los partidos independentistas, y a sus líderes, también les cuesta poco sobreactuar, sería de agradecer que esta vez se ahorraran las proclamas enfáticas (del tipo “el mundo vuelve a mirarnos”), y también la tentación de utilizar estos hechos para volver a pelearse entre ellos (no sé cómo, pero seguro que encuentran la manera de hacerlo).»
El editorial de la Vanguardia —Independentistas espiados— afirma que «es inadmisible que un Gobierno someta a este tipo de espionaje, teóricamente reservado (…) para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, a representantes públicos vinculados a partidos que gozan de amplio apoyo ciudadano (…) Mantener silencio oficial ante un caso de esta gravedad, que aviva los rescoldos que se quieren apagar, no es una buena idea».
Aunque concede que «resulta comprensible que el Estado recurra a un amplio abanico de medios para tratar de garantizar su seguridad» introduce la duda en este caso al referirse a «movimientos que erraron a la hora de elegir la vía para alcanzar sus fines». ¿De veras «no por ello deben ser objeto de tal intrusión»? ¿En qué momento, cuando un Estado se siente amenazado, se sitúa el límite entre el demasiado pronto y el demasiado tarde?
También en la Vanguardia, Jordi Juan —¿Quién cabalga a Pegasus?— expone: «Es evidente que este descubrimiento es como un salvavidas para el independentismo, que lleva varios años sumido en una crisis sobre la forma de continuar el procés y una profunda división entre los partidos que lo lideran», pero «el hecho de que el independentismo vaya a intentar sacar el máximo rédito político a esta situación no es óbice para que se aclare bien quién estuvo detrás de esta investigación»
«Es evidente que este descubrimiento es como un salvavidas para el independentismo, que lleva varios años sumido en una crisis sobre la forma de continuar el procés y una profunda división entre los partidos que lo lideran».
Jordi Juan
Pedro Sánchez, el señor X de Pegasus
Y como esto es la versión digital del GAL, Vicent Partal en Vilaweb ya anuncia que Pedro Sánchez es el señor X de Pegasus y no puede permanecer impune:
«Una operación de espionaje que dura tantos años y que es tan extensa y profunda no se puede explicar si no forma parte de un esfuerzo enorme realizado por España para tener bajo control el independentismo y adelantarse a sus posibles movimientos. Y el volumen de la propia operación, las conexiones necesarias para hacerla y sus costes estratosféricos hacen imposible que sea una operación descontrolada de un servicio del Estado del que el gobierno no tenga conocimiento.
Nadie puede tener tanto dinero para gastar ni tantos efectivos trabajando sin que el poder político esté al caso y lo autorice. No es una operación menor que pueda taparse con fondos reservados. Es la mayor operación de espionaje realizada con Pegasus. Es demasiado grande, desde cualquier punto de vista. No se puede realizar sin tener toda la maquinaria del Estado detrás.»
Para justificar la asimilación de las escuchas con el asesinato, decretada desde Waterloo, Partal intenta un paralelismo: «El gobierno español destrozó todas las normas de la democracia para frenar el proceso de independencia vasco con la creación de los GAL. Ahora, el gobierno español ha destrozado todas las normas de la democracia para tratar de frenar el proceso de independencia catalán con la represión —espiar también forma parte de ella— y la violencia desencadenadas desde 2017.»
«El gobierno español destrozó todas las normas de la democracia para frenar el proceso de independencia vasco con la creación de los GAL. Ahora, ha destrozado todas las normas de la democracia para tratar de frenar el proceso de independencia catalán con la represión»
Vicent Partal
En el mismo Vilaweb, Josep Casulleras —L’origen inquietant dels diners amb què
Espanya ha espiat l’independentisme— afirma que el coste de este trabajo de espionaje es muy superior a los 27 millones de euros contenidos en la partida de fondos reservados. Y aporta una información según la cual, según los precios de 2013, «por 650.000 dólares se podían intervenir diez números de teléfono, a los que había que sumar 500.000 euros de cuota de instalación».
«Por 650.000 dólares se podían intervenir diez números de teléfono, a los que había que sumar 500.000 euros de cuota de instalación»
Josep Casulleras
Joan Queralt, en el Nacional —El deep state a la escucha, sentencia que «salta a la vista que se espió a gente por su ideología — que según el TC es libre» y «se les espía por si cometen un delito, no por si lo han cometido», con lo que «los ciudadanos pierden su intimidad y su seguridad personal».
«Quien actúa así no es otro que el “deep state”», ese fantasma «que nadie conoce, no sigue órdenes de ningún ente público controlable, y a nadie rinde cuentas». «La cuestión, si se quedara sólo en Catalunya, correspondería al precio que los patrioteros españolistas están dispuestos a pagar: contra Catalunya ningún precio es demasiado elevado (…) La cuestión reside en saber si la democracia española se puede permitir el nivel de corrupción, económica y política, que estamos sufriendo.»
Àrtur Mas ha pedido una respuesta conjunta, unitaria, del independentismo, y el presidente Aragonès ha declarado que «las relaciones técnicas con el Estado» seguirán pero las políticas «quedan afectadas», por lo que «es imprescindible reconstruir la confianza con transparencia y asunción de responsabilidades».
Òmnium Cultural ya ha sacado un video más bien ridículo, demoledor según el Nacional, para divulgar la idea que «nos están vigilando» y que el espectador puede ser el seguiente: «65 víctimas directas, miles de colaterales».
