Este lunes de Pascua ha sido de escándalo para el separatismo catalán y vasco. La organización Citizen Lab y The New Yorker han desvelado que, supuestamente, unos 60 separatistas de ambas comunidades autónomas habrían sido espiados a través de un malware llamado Pegasus, creado por una empresa israelí, NSO Group, y que solo estaría disponible para gobiernos y estados.
Entre los presuntamente espiados a través de sus dispositivos móviles se encuentran políticos como Carles Puigdemont, Toni Comín, Oriol Junqueras o Arnaldo Otegi, además de abogados vinculados al procés catalán como Gonzalo Boye o Andreu van den Eynde. No es la primera vez que se publica este supuesto espionaje a defensores de la ruptura con España en Cataluña y el País Vasco. Y tampoco es la primera vez que la publicación genera un gran escándalo a pesar de que ni Citizen Lab ni The New Yorker han apuntado directamente al Gobierno central como autor del supuesto espionaje.
A pesar de todo, las reacciones no se han hecho esperar. El fugado Carles Puigdemont ha definido los hechos como «un nuevo GAL, versión digital», en referencia a la banda paramilitar con la que el Gobierno de Felipe González quiso hacer frente a ETA en los años 90.
«Nos persiguen por tierra, mar y aire», ha dicho la también supuestamente espiada Laura Borràs, «nos pegan cuando votamos, nos asedian judicialmente, nos llevan a prisión y ahora sabemos que también nos espían».
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, también fugada de la Justicia española y aparentemente espiada, ha señalado, por su parte, que la acción de Pegasus es «un atentado contra el espíritu mismo de la democracia». «Miles de compañeros ya somos víctimas de la represión incesante del Estado español», ha añadido, «pero eso no nos frena ni nos frenará».
Ninguno de los partidos constitucionalistas de Cataluña se ha pronunciado al respecto. Quien sí lo ha hecho ha sido la organización Amnistía Internacional, que ha asegurado haber confirmado que las denuncias de Citizen Lab y The New Yorker son ciertas. Por ello ha pedido al Gobierno central que explique si es cliente de NSO Group y que informe «si va a abrir una investigación interna ante estas denuncias» o si colaborará con la Justicia en caso de que sean denunciadas.
