A pesar de las medidas adoptadas por el BCE para paliar el impacto del COVID-19 en la Eurozona, las medidas de confinamiento adoptadas a fin de frenar la expansión de los contagios han provocado que las principales economías de la UE-27 hayan registrado caídas muy severas en la producción y el empleo y las tasas de paro se hayan elevado con inusitada virulencia. Los gobiernos de algunos países miembros, Francia, España e Italia entre ellos, se vieron impotentes para hacer frente a una emergencia sanitaria que deliberadamente ignoraron durante muchas semanas, cuando había tiempo para adoptar medidas preventivas.
Obligados finalmente a decretar el confinamiento en los hogares y a paralizar la actividad económica, los gobiernos adoptaron diversas medidas fiscales para paliar los devastadores efectos de la paralización de la producción sobre trabajadores y empresas. La Comisión Europea preparó también un ambicioso plan de 750.000 millones para el período 2021-2024 que sigue pendiente todavía de ser aprobado -ya se sabe, en Bruselas las cosas van despacio-, y Alemania, Francia, Italia y España están ultimando, por su parte, nuevos planes nacionales para relanzar sus economías.
Dos son las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para retomar la senda de crecimiento económico: adoptar medidas sanitarias que garanticen que no volverá a producirse una nueva expansión descontrolada de contagios, como ocurrió en los tres primeros meses de 2020, y dotar a los sistemas sanitarios con los medios apropiados para evitar una carnicería como la vivida en España y en otros países de la UE-27 entre febrero y mayo.
Poca esperanza en el turismo
En España, el exceso de muertes observadas sobre estimadas entre el 13 de marzo y el 21 de mayo asciende a 43.000 personas según el Instituto de Salud Carlos III y a 43.945 entre el 1 de enero y el 24 de mayo según el INE. Sin seguridad sanitaria, resultará imposible que muchas actividades económicas en el sector de servicios, el más importante por generación de valor añadido, puedan desarrollarse con normalidad. No hace falta subrayar que el turismo, tan importante para España, Francia e Italia, no resurgirá con fuerza mientras sea significativa la probabilidad de contagiarse.
Por otra parte, el éxito de los planes que están diseñando los gobiernos nacionales, cada uno por su cuenta, dependerá en gran medida de que los estímulos fiscales orientados a reactivar la actividad productiva tengan carácter transitorio, y puedan financiarse sin generar desequilibrios fiscales insoportables a medio y largo plazo en economías que, conviene recordar, están ya hoy muy endeudadas. ¿Quién debería diseñar esos planes? Mi respuesta sería profesionales competentes y cualificados.
Si se tratara de construir un rascacielos, pocos disputarían que las decisiones se dejaran en manos de arquitectos solventes, y si el objetivo fuera diseñar un satélite de comunicaciones en manos de ingenieros, físicos, expertos en computación, etc. Vale la pena echar una ojeada a ver cómo han abordado el asunto nuestros vecinos.
Nuestros socios y competidores
El primer ministro G. Conte, encargó el 10 de abril a V. Colao, ex Consejero delegado global de Vodafone diseñar el plan de Iniciativas para relanzar Italia 2020-2022. El grupo cuenta con 17 profesionales del mundo empresarial y financiero y varios reputados economistas académicos, como Sadun de Harvard Business School, Moretti de la Universidad de California, Berkeley, y Mazzuccato del University College de Londres. El informe que se presentó para su discusión a los Estados Generales el 12 de junio, recoge las propuestas para conseguir una «Italia más fuerte, resiliente y equitativa». Incluye 109 medidas a corto, medio y largo plazo y está subdividido en 6 áreas de actuación: Empresa y trabajo, Infraestructura y medio ambiente, Turismo, arte y cultura, Educación, investigación y Competitividad, Administraciones Públicas, y Personas y familias.
Si algo caracteriza el documento es una aproximación pragmática que pone el acento en relanzar la actividad económica y apuesta por reducir las cargas fiscales de las empresas y las familias, mejorar las infraestructuras y el medio ambiente, sin descuidar reformas del sector público para potenciar la educación, la investigación y la competitividad, y poner las Administraciones Públicas al servicio de las empresas y las familias.
El presidente E. Macron puso al frente de la comisión de trabajo creada el 27 de mayo a J. Tirole, profesor del M.I.T. y premio Nobel de Economía. Blanchard, profesor del M.I.T y uno de los más reconocidos macroeconomistas de las últimas décadas es el ponente de una comisión integrada por 26 miembros entre los que figuran varios pesos pesados del universo Nobel, como Diamond, Krugman, y Stiglitz, prestigiosos economistas de Harvard, como Aghion, Rodrik, Stantcheva y Summers, y otros reputados académicos como Pisani-Ferry, Propper o Bossotti. El relumbrón de los nombres que integran la Comisión no debe hacernos perder de vista que la gestión de la crisis del Covid-19 del gobierno Macron ha sido desastrosa y que el informe de los trabajos de la Comisión que se entregará en diciembre no será vinculante.
A diferencia de la comisión Colao en Italia, el foco de la comisión Tirole-Blanchard no es relanzar la economía francesa sino repensar los retos a que se enfrentan Francia, en particular, y Europa tras el COVID-19 en tres áreas, clima, desigualdad y demografía y salud, que «sin embargo, se superponen con numerosas cuestiones aparentemente olvidadas: la globalización, la educación, el progreso tecnológico…».
El modelo pata negra de Sánchez
El presidente Pedro Sánchez optó por crear el 7 de mayo la Comisión de Reconstrucción Social y Económica (CRES) en el Congreso y poner al frente de la misma a Patxi López, diputado del PSV-EE. Desde los 16 años a Patxi no se le conoce otro oficio que el de moverse por las entretelas del partido socialista vasco, donde desempeñó importantes puestos hasta 2012, y a partir de ese año en la comisión ejecutiva del PSOE en Ferraz. Aunque llegó a presidir el gobierno de El País Vasco entre 2009-2012, gracias a los votos de los diputados del Partido Popular y UPyD, ha sabido convivir sin problemas con los nacionalistas del PNV, e incluso conllevarse con significados proetarras y etarras.
López ha ocupado varias secretarias en la comisión ejecutiva del PSOE, tanto con Rubalcaba como en las dos etapas de Sánchez como secretario general. Fue Sánchez quien lo convirtió en presidente del Congreso en enero de 2016, con apoyo de Ciudadanos, pese al descalabro electoral sufrido por el PSOE en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.
Hombre de partido dispuesto siempre a arrimar al hombro para defender la honorabilidad de los suyos, incluso la de Chaves y Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía condenados por la trama de corrupción político-administrativa más extensa y cuantitativamente más importante que se ha producido desde la aprobación de la Constitución Española en 1978. En 2017, López jugó un papel decisivo en las elecciones a la secretaría general del PSOE, presentándose como el tercer hombre, aunque sin posibilidades de alcanzar la victoria, lo que restó votos a Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía, y permitió a Sánchez recuperar la secretaría general del PSOE. Sánchez lo recompensó nombrándolo secretario de Política Federal en su nueva ejecutiva. Tras la raquítica victoria del PSOE en las elecciones de 2019, Sánchez premió la ubicuidad y reconocido magisterio de ‘SuperLópez’ en materias constitucionales y económicas, aupándolo primero a la presidencia de la Comisión Constitucional en el Congreso, y a comienzos de mayo a la presidencia de la CRES para reconstruir la sociedad y la economía españolas.
En la sesión constitutiva, Patxi nos dejó unas cuantas perlas indicativas de su talante democrático y de lo que cabe esperar de esta comisión: un nuevo espectáculo grotesco en el Congreso. Advirtió, primero, a los diputados que «por cuestiones partidarias inentendibles, ni se nos ocurra deslizarnos por la pendiente del desacuerdo». E inmediatamente estableció cuáles eran las prioridades sobre las que resultaría ininteligible disentir: «reforzar el estado de bienestar para garantizar la seguridad vital«, poner todos los medios para recuperar empleo, «tejer la más tupida red de solidaridad para que nadie quede abandonado a su suerte» y llevar un mensaje unido ante Europa para que la UE se ponga a disposición del rescate de los ciudadanos. En esta reveladora declaración de intenciones, el presidente de la CRES se alineaba con las prioridades políticas del gobierno Sánchez-Iglesias que pueden resumirse como los 10 mandamientos en dos: anteponer las políticas redistributivas a las políticas de impulso de la actividad productiva y exigir a la UE que pague el grueso de la factura con transferencias.
Una capa de barniz
Tras el despliegue de premios Nobel de Macron, el 17 de junio Sánchez decidió convocar a 100 expertos en Economía y otras disciplinas, para reflexionar sobre los retos demográficos, económicos, geopolíticos, medioambientales, sociales y educativos que España tendrá que afrontar entre 2030 y 2050. Largo me lo fiais, Sancho. El exagerado número de miembros y el mero horizonte temporal revelan que carece de relevancia práctica y que, en el mejor de los casos, dará lugar a la publicación de un nuevo libro blanco que el gobierno Sánchez aprovechará para otorgarle cierto aroma de respetabilidad académica a las políticas sociales y económicas de su gobierno. El mismo truco de la estampita que ha empleado durante la crisis del COVID-19 cuando reiteraba en sus comparecencias, faltando a la verdad, que todas las decisiones de su gobierno se habían ajustado a las recomendaciones de la OMS y a criterios estrictamente científico-sanitarios.
No tengo ninguna duda de que la intención del gobierno es aprovechar las aportaciones que puedan realizar los 100 expertos convocados para dar algo de contenido al último de los juguetes de Sánchez y SuperRedondo, su poderoso jefe de gabinete: la inédita Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo creada el 14 de enero de 2020 con exactamente los mismo objetivos. Y digo inédita porque en los cinco meses que han transcurrido desde que fue creada a principios de enero no ha producido absolutamente nada que esté disponible para los contribuyentes que la pagamos. El nombrecito elegido también da que pensar: Oficina.. de País.. que no de España. La jerga independentista campea a sus anchas en La Moncloa
Me gustaría despejar cualquier malentendido sobre este asunto. Pensar en el largo plazo puede resultar muy útil para los españoles que vivimos en este país, siempre que hacerlo no sea una mera estratagema para distraer su atención de las consecuencias que se están tomando hoy y van a condicionar nuestro futuro. Incurrir en mayores déficits para pagar las pensiones de la Seguridad Social, las prestaciones a los desempleados y los programas de formación de parados del SEPE, el nuevo Ingreso Mínimo Vital, etc., la agenda socio-electoral del gobierno Sánchez-Iglesias, tiene efectos a corto, a medio y a largo plazo que afectan tanto al bienestar de quienes estamos hoy vivos como de quienes vivan entre 2030 y 2050.
Cuando fui Vocal Asesor del presidente González (1990-1993), éramos sólo 6 los asesores en nómina en el departamento de Economía (7 contando al director) y un número parecido de miembros tenían los departamentos Jurídico, Protocolo y Análisis -dedicado a espiar a los medios de comunicación y dirigido entonces por el sabueso Iceta-. Con estos austeros mimbres se había entrado en la CEE, democratizado y reformado España y sentado las bases de la Unión Económica y Monetaria. Hoy deben contarse por decenas si no centenares los asesores en La Moncloa y pese a su número e ingentes medios han sido incapaces de prever la irrupción del COVID-19 y evitar la catástrofe humanitaria, social y económica en que estamos inmersos. Pronto pretenderán hacernos creer que estas desgracias ocurrieron por la imprevisión de Rajoy. Dios nos libre de charlatanes. Y ándense con ojo porque mientras Iván nos embauca con la prospectiva, Patxi y su ayudante Santiago tienen lista la parrilla para asar a fuego lento a cualquier opositor de derechas, de izquierdas y del medio centro.
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