La entidad Escuela de Todos, que agrupa a diversas asociaciones defensoras del bilingüismo lideradas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha solicitado este miércoles al TSJC la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a la Generalitat a introducir un mínimo de un 25% de clases en castellano en el sistema educativo catalán. Así lo ha informado Escuela de Todos en una nota de prensa en la que también ha señalado que ha realizado esta petición en nombre de 1.643 familias y alumnos «que se declaran perjudicados por el incumplimiento».
Escuela de Todos considera que el Govern presidido por el separatista Pere Aragonés ha confirmado, con su contestación a la sentencia, su «voluntad incumplidora» de lo ordenado por el TSJC. En este sentido, la entidad pone como ejemplo el acuerdo alcanzado entre ERC, Junts, PSC y En Comú-Podem que, en su opinión, «no garantiza el cumplimiento de la sentencia» a pesar de que aparenta reintroducir el castellano en el sistema educativo.
«La voluntad incumplidora» del Govern, añaden, «queda evidenciada en la demanda con una docena de manifestaciones públicas de altos cargos de la Generalitat, empezando por Pere Aragonés, descalificando la sentencia del 25% o llamando a su incumplimiento». A todo esto se suman «los proyectos lingüísticos de 300 centros educativos que consideran el catalán como lengua vehicular» y la negativa de Educación a contestar a la AEB sobre la modificación de los mismos en base a la sentencia del TSJC.
El derecho de todos los alumnos
En la demanda de ejecución forzosa, Escuela de Todos pide al tribunal que requiera al conseller de Educación, Josep González Cambray, para que «garantice el derecho de todos los alumnos a recibir la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales». Con este fin, pide al TSJC que ordene a Educación que todos los centros educativos «modifiquen sus proyectos lingüísticos» recogiendo expresamente la condición de vehiculares del castellano y el catalán. También que se apruebe una programación «para que en todos los cursos se impartan de manera efectiva al menos el 25% de las asignaturas o materias o actividades de carácter troncal o análogas en cada una de las lenguas oficiales».
En su demanda, Escuela de Todos reclama también que estas modificaciones se lleven a cabo en el plazo de un mes y que Cambray certifique el cumplimiento de la sentencia. Esta certificación deberá realizarse mediante un documento firmado por los responsables de los centros y visado por la Inspección Educativa. Finalmente, Escuela de Todos pide que se advierta tanto a Cambray como a los directores de que, si no cumplen la sentencia, podrán incurrir en responsabilidades penales.
