Ayer supimos que el Consejo de Europa, un organismo que no depende de la UE, censuró a España por no haber seguido ninguna de sus 19 recomendaciones para atajar la corrupción. En concreto, entre otros aspectos, critica al Gobierno de Sánchez por cuestiones como la «regulación de los lobbys» o el «aforamiento» del que disfrutan los miembros del Ejecutivo sospechosos de corrupción. Esta circunstancia ha sido aprovechada por el separatismo catalán, que ha interpretado la amonestación como prueba de que, como siempre han sostenido, España no es en realidad un país democrático.
Uno de los que ha defendido esta tesis es el expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, que en su cuenta de Twitter ha aseverado que España «no es fiable». «El Consejo de Europa vuelve a señalar los incumplimientos de España. Un Estado así es poco fiable y no garantiza suficiente seguridad jurídica, que es una referencia indispensable para hablar de democracia plena». Y ha concluido: «España no lo es, pese a la propaganda (y el silencio de los opinócratas)».
Por su parte, el director de El Nacional, José Ántich, se ha preguntado en un editorial: «¿Puede un estado europeo, considerado democrático, soportar impasible un análisis tan rotundo en un dossier que lleva por título Informe sobre democracia, independencia jurídica y corrupción?». A lo que contesta: «Aparentemente, no. Pero el estado español ha dado muestras suficientes de déficits estructurales, no anecdóticos como muchas veces se nos quiere hacer creer, que son más que preocupantes».
