Societat Civil Catalana ha registrado este jueves una demanda contra 11 ex altos cargos de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas (TC) por la malversación de 5.309.807,02 millones de euros para la promoción internacional del Procés y el referéndum ilegal del 1-O.
La entidad demanda a Carles Puigdemont (3.303.000€), Oriol Junqueras (2.515.000€), Artur Mas (1.840.000€), Raül Romeva (617.000€), Dolors Bassa (1.301.000€), Francesc Homs (1.936.000€), Toni Comín (1.134.000€), Clara Ponsatí (900.000€), Jordi Turull (505.000€), Neus Munté (338.000€) y Lluis Puig (238.000€).
SCC les acusa de haber usado locales públicos para la consulta ilegal y de costear el referéndum ilegal con el dinero de los ciudadanos: difusión e infraestructuras digitales, papeletas, viajes a «observadores» o contratos de lobbies, entre otras cosas.
Según la vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de SCC, Elda Mata la asociación actúa cumpliendo su «deber cívico». Se trata de «defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes». «Durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial», ha dicho Mata.
«Durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial»
Elda Mata
La demanda la ha firmado el letrado Juan Chapapría, socio del Bufete Chapapría-Navarro & Asociados. El letrado ha subrayado que SCC continuaba su línea de actuación y fiscalización del gasto público a través del Tribunal de Cuentas (TC), como ya hizo en relación al 9 de noviembre. En este caso, la demanda parte de la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés, que trasladaba al TCC la cuantificación de las malversaciones por el 1-O.
Un largo y riguroso análisis
Chapapría ha querido destacar el «largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas (contenidas en más de 34 gigas de documentación)» durante meses. Finalmente se ha acusado a los responsables públicos y responsables últimos de las decisiones cuya participación se ha podido documentar y catalogar claramente, siguiendo también las propias Actas de Liquidación del propio Tribunal.
En este sentido, la entidad ha seguido el mismo criterio que mantuvo en el juicio del 9 de noviembre, confiando en que fiscalía, con más medios técnicos, pudiera delimitar también el grado de responsabilidad de los actores intermedios y funcionarios.
Societat Civil Catalana ha abierto una campaña de crowdfunding para ayudar a sufragar los gastos de este proceso judicial.
