«Estoy muy tranquilo porque no hay ningún delito», así se ha referido el ex conseller de Presidencia Francesc Homs este jueves sobre su imputación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones para la promoción internacional del ‘procés en una entrevista con la Cadena Ser.
El tribunal de la Sección Octava, a petición de la fiscalía, ha anulado el auto de archivo que sobre el exdiputado que dictó el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital catalana, que instruye la causa en la figuran como imputados el ‘exconseller’ Raül Romeva, el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y otros altos cargos de la Generalitat.
La jueza instructora Carmen García Martínez desestimó en su día imputar a Homs por los hechos que le atribuyó la Fiscalía de Barcelona en su querella por entender que no tenían carácter delictivo. Ahora, la Audiencia de Barcelona estima el recurso de la Fiscalía e insta al juzgado a investigar al ex conseller por supuestas irregularidades. Concretamente, en tres contrataciones vinculadas a la proyección internacional de Cataluña, formalizadas entre los años 2011 y 2012 mientras era secretario general del Departamento de Presidencia.
La jueza instructora desestimó la imputación de Homs por los hechos que le atribuía la Fiscalía de Barcelona por entender que no tenían carácter delictivo.
Estos son los tres gastos
1. La supuesta fragmentación de un contrato de 30.000 euros para evitar el concurso público. Concretamente, de servicios de reserva de desplazamientos y alojamientos de 264 representantes de diversas comunidades que participaban en unos encuentros celebrados en mayo de 2012 en Cataluña.
2. Una subvención de 7.000 euros a la fundación CatDem, afín a Convergència para financiar gastos derivados de la traducción de material de difusión y la participación en el European Liberal Forum.
3. Por la contratación de un despacho de abogados para la que, según el Ministerio Público, el Departamento de Presidencia no tenía competencias.
Homs ha asegurado que esta imputación no va contra él y que se trata de una intimidación. Según él, es un «mensaje al actual Govern de la Generalitat para decirle que no puede hacer política exterior».