La ministra de Justicia, la socialista Pilar Llop, no ha dejado clara este lunes la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la sentencia del TSJC que obliga que a que al menos un 25% de la enseñanza en Cataluña se imparta en castellano. Llop ha dejado claro, eso sí, que «en un Estado de Derecho, las sentencias hay que cumplirlas«.
La ministra, sin embargo, ha señalado también que aún se desconoce qué alegaciones presentará la Generalitat para evitar dar cumplimiento a lo ordenado por el TSJC. Por ello ha zanjado la cuestión asegurando que no puede «aventurar nada» sobre cómo debe ejecutarse esta sentencia. Llop, no obstante, ha indicado que «en el ámbito educativo y en la política, las lenguas no han de servir para enfrentarse«.
Inmersión lingüística
Llop ha pronunciado estas palabras tras reunirse con la titular autonómica de Justicia, Lourdes Ciuró, quien sí ha defendido ante los medios el controvertido modelo de inmersión lingüística al que la Justicia ha puesto freno con esta sentencia.
Ciuró también ha explicado, por otro lado que ha pedido a la ministra Llop que el catalán sea «un requisito para magistrados, jueces, fiscales, letrados y todo el personal de la administración de Justicia» pues, en su opinión, solo así se logrará una justicia «ágil, eficiente y cercana».