En la política catalana se sobreactúa ante cualquier nimiedad, mientras que la reacción ante los auténticos escándalos es el silencio, cuando no la censura. Esta semana hemos tenido un buen ejemplo: Dos ex secretarios generales del Parlament de Catalunya y diecinueve funcionarios más de la cámara cobran prácticamente el 100% del sueldo a pesar de que ya no ocupan su puesto de trabajo, denunciaba el diario Ara. Lo llaman «licencias por edad» y las conceden a quienes cumplen 60 años y llevan 15 trabajando en el Parlamento. La implantaron en 2008 y nos cuestan unos 1,7 millones anuales.
«Un privilegio inaudito que no tiene comparación en el mercado privado común ni en la administración de la Generalitat», se escandaliza el Ara. Pero veamos: la mayoría de la gente trabaja —si tiene esa suerte— 11 meses al año y cobra 14: así está establecido. ¿Es concebible en la función pública una plaza en que se trabajan 15 años y se cobran 20? Sí, si el asunto queda bien explicado y no se provocan agravios comparativos. No es el caso.
El Ara atribuye a «fuentes parlamentarias» una argumentación más que discutible del asunto: se pensó que «serviría para dar incentivos a una administración con pocas posibilidades de ascender laboralmente» —pero resulta que la mayoría de los beneficiados ya están en la cima del escalafón—; «para rejuvenecer el personal» —pero resulta que «la plaza no se puede cubrir hasta que el funcionario en licencia por edad se jubila, de forma que si faltan recursos humanos se tiene que ampliar la plantilla y, por lo tanto, el gasto»—, y que entonces «no había la misma sensibilidad a la hora de gastar el dinero público» —sí que la había, pero no debió llegar al Parlamento—.
Lo sabía todo el mundo
Las licencias por edad se establecieron durante la presidencia de Ernest Benach y fueron ratificadas a principios de 2017, con pequeñas modificaciones técnicas, durante la presidencia de Carme Forcadell. Este artículo de Vilaweb, fruto de la consulta de «antiguos acuerdos de la mesa, el Boletín Oficial del Parlamento y el Diario de Sesiones», demuestra que todos los grupos parlamentarios estaban al corriente de lo dispuesto y que nadie puede alegar ahora desconocimiento.
Como dice Vicent Partal, «si había alguien que no era consciente de ello, sólo podía ser porque no había trabajado y no se había leído la documentación que tenía que leerse antes de votar. Algo, en mi opinión, aún más grave». Se sorprende que se haya hecho de repente el silencio total, «un silencio que contrasta de una manera hiriente con el guirigay que la misma gente había intentado desatar tras la publicación del artículo del diario Ara. Porque en ese momento, sorprendidos por la gravedad de lo que destapaban nuestros colegas, resulta que todavía tuvieron la idea de salir, sin miramientos, a decir que no sabían nada o a acusar al otro por sacar provecho electoral y pillar cuatro votos. Pero ahora saben que su posición es indefendible desde cualquier punto de vista, y me imagino que por eso se callan todos. Las acusaciones y las incriminaciones se han detenido de repente, de un modo que no puedo sino calificar de espectacular.»
Y le indigna que «no sólo han callado los políticos sinó [también] las escuderias digitales de cada partido». Y ésta es una realidad pocas veces señalada, por no decir nunca, y menos desde el mismo bando: «Es una realidad demasiado visible, por ejemplo, cuando aparecen de repente todo tipo de tweets simultáneos repetidos con palabras poco habituales. O cuando mucha gente empieza a comentar la misma imagen, siempre de forma manipuladora. Y francamente: ya sabemos todos cómo funciona esto. Desde la sede central del partido, alguien, por WhatsApp o Telegram, indica a grupos dónde hay cientos de militantes qué frases hay que decir, a quién debe atacarse y qué imágenes hay que hacer circular ese día, y los militantes disciplinados obedecen. Y cuando les ordenan callar —como ocurrió ayer, más que probablemente— callan como muertos.»
Así funciona la manipulación desde las redes sociales, así se va creando una opinión pública, en éste y en tantos casos. También funcionó así durante todo el proceso a la independencia, y sigue funcionando ahora para mantener encendida la llama.
Un derroche de mil millones de euros al año
Sobre los 1,7 millones de euros gastados en sueldos a funcionarios en el corredor de salida a la jubilación, poco se ha hablado, por ahora. Algo lo han hecho algunos sospechosos habituales. Como Albert Soler en el Periódico —La política catalana es cosa de brujas—, que ha recordado que se dan «por perdidos los 9,5 millones malversados en el referéndum del 1-0 (…) Ha sido suficiente con que el Gobierno español diga que esos dineros eran de la Generalitat, así que allá ella en qué se los gaste. Lo cual es mentira, porque esos 9,5 millones eran de todos los catalanes, pero qué más da (…) Tonto el último».
También contextualizando las cifras, Joaquín Luna en la Vanguardia —¡El Parlament despilfarra!— viene a decir que no debería sorprendernos:
«El gran salto cualitativo en el derroche —vicio supuestamente mesetario y anticatalán— llegó en el 2012 con la creación de “estructuras de Estado”, idea prematura a todas luces que legitimó una lluvia de millones en organismos estrafalarios, duplicados y con cuotas entre socios. La Generalitat tiene 359 entes públicos, cien más que la siguiente comunidad (Andalucía) y doscientos más que la tercera (Valencia). No hay televisión pública con más empleados —y más blindada a cualquier retoque— que TV3, cuyo presupuesto anual excede en más de cien millones al de otra autonómica potente (la vasca EITB). A la hora de redactar esta columna, la Generalitat mantiene quince embajadas por medio mundo, donde nadie le podrá resolver un solo trámite relevante si se halla o reside en el exterior. Y eso que la Generalitat ya dispone de 40 oficinas comerciales en el exterior. ¿El sueldo de médicos, enfermeras o profesores? Hoy no toca, mañana tampoco. Dudo que salgan menos de mil millones de euros al año derrochados en organismos y cargos superfluos.»
