“La política no se puede esconder detrás de las togas”. La frase, pronunciada la semana pasada por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, resume bien el nuevo discurso del Ejecutivo de Sánchez en relación a Cataluña. Si bien antes de las elecciones el Gobierno se refería a este asunto como una “crisis de convivencia” y apostaba por medidas como prohibir por ley los referéndums ilegales, tras los comicios —y en la necesidad de satisfacer a ERC para lograr su respaldo— ha establecido como prioridad “desjudicializar” lo que ahora define como “conflicto político”.
Pero, ¿es dicha “desjudicialización” un propósito conveniente? ¿Y puede catalogarse lo que acontece en Cataluña como un “conflicto político”? Para tratar de arrojar luz sobre estas cuestiones, El Liberal ha contactado con distintos expertos en derecho y filosofía política. Y las respuestas han sido dispares: desde la conformidad plena con el rumbo actual del gobierno hasta su total cuestionamiento.
Una “anomalía democrática”
De entre los consultados, tal vez el más crítico con la estrategia de desjudicialización haya sido el catedrático en derecho internacional privado y expresidente de Sociedad Civil Catalana, Rafael Arenas. En su opinión, desjudicializar supone que se permitirán actuaciones al margen de la ley sin recurrir a los tribunales, lo que es una “anomalía democrática en cualquier circunstancia”. “Si, además”, abunda Arenas, “las actuaciones ilegales que no se persigan son cometidas por administraciones públicas, como es presumible que pase, se estaría vulnerando la obligación que tienen los poderes públicos de someterse a la ley. En definitiva, estaríamos volviendo al Antiguo Régimen o peor.”
Muy distintos son los argumentos que esgrime el consultor político Rafael García Maldonado, para el que “desjudicializar no debe entenderse por sacar el conflicto de los tribunales, porque eso es imposible, sino en que la evolución del mismo no resida solo en los juzgados”. Maldonado piensa que el papel fundamental de la política se soslayó durante muchos años, y que “esperar a verlas venir” con la esperanza de que todo se diluya como hizo Rajoy “no es una opción”. “Sobre todo”, agrega, “cuando tu adversario, el nacionalismo catalán, está haciendo política activa con un tema tan sensible”.
Por su parte, el catedrático de la Filosofía del Derecho, Francisco Laporta, recuerda que si España está clasificada entre las veinte democracias plenas del mundo es porque el poder político está muy controlado por las leyes. “Esto es muy relevante para el ciudadano”, apunta Laporta, “que sabe que tiene garantizados sus derechos frente al ejercicio arbitrario del poder”. Así pues, considera que no es “deseable” ni “posible” que ciertos acuerdos o decisiones políticas no puedan ser llevados a los tribunales para determinar su legalidad. “Por lo demás”, sugiere, “si todos hiciéramos un esfuerzo porque nuestras conductas se ajustarán a la ley no habría ‘judicialización’ninguna. Es más, el llamado problema catalán estaría perfectamente encauzado”.
El conflicto es quebrantar la ley
En cuanto a la índole del problema que aqueja a Cataluña, Rafael Arenas cree “indudable” que se trata de un conflicto político. Sin embargo, su definición de este conflicto dista mucho del que suelen dibujar los secesionistas: “Para mí el conflicto se concreta en que una serie de administraciones públicas han decidido actuar al margen de la ley vulnerando los derechos de los ciudadanos”. En este sentido, el jurista recuerda que en Cataluña no se respeta la neutralidad institucional, no puede estudiarse en castellano y, sobre todo, en otoño de 2017 trató de derogarse la Constitución.
El consultor Rafael García Maldonado está de acuerdo con Arenas en que existe un “conflicto político” en Cataluña, pero no cree que éste sea incompatible con la “crisis de convivencia” de la que tanto hablaba Sánchez en campaña. De hecho, estima que la fractura es consecuencia del susodicho conflicto. “Así las cosas», advierte, “ni una parte del constitucionalismo debería negar que estamos ante un conflicto político, ni el independentismo negar que su actitud tiene consecuencias en la convivencia, por más que les guste resaltar su lado pacífico, lúdico y democrático.”
Aspiraciones incompatibles
Finalmente, para Francisco Laporta no resulta inadecuado usar el sintagma “conflicto político” en lo tocante a Cataluña. Y no lo es porque, tal y como señala este jurista, “un conflicto político es una situación en que dos sujetos tienen como objetivo dos aspiraciones incompatibles que se reflejan en decisiones políticas igualmente incompatibles”. Escenario que, a su parecer, se ajusta como un guante a la comunidad catalana.
Lamentablemente, también juzga incuestionable que dicha sociedad se encuentra fracturada. “Esto será difícil de superar”, concluye, “porque desde la política y los medios catalanistas se ha inducido un fenómeno de psicología colectiva muy peligroso: hay muchos catalanes que han acabado por creer que su propia identidad como seres humanos no está satisfecha sino en un Estado independiente. Y como esto va a ser extremadamente difícil, si no imposible, se va a producir en un segmento importante de la población de Cataluña una severa frustración. Esa es la situación en Cataluña. Y no va a ser fácil de reconducir”.
