El Ayuntamiento de La Cellera de Ter —municipio de unos 2.000 habitantes en la comarca de la Selva— ha dirigido al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña una serie de preguntas sobre la gestión de la pandemia y el llamado pasaporte covid; unas preguntas como mínimo oportunas y pertinentes.
Para empezar: «¿Cómo se justifica la coacción a la población a inocularse con unas vacunas que se encuentran en fase experimental y, por tanto, se desconocen sus efectos adversos potenciales a medio y largo plazo, a través de la implementación del pasaporte covid?» Y: «¿Por qué en la web de Canal Salut no se informa de los efectos adversos registrados por los organismos oficiales» ni sobre la existencia de «potenciales efectos adversos desconocidos a medio y largo plazo?».
«¿Cómo se justifica la coacción a la población a inocularse con unas vacunas que se encuentran en fase experimental y, por tanto, se desconocen sus efectos adversos potenciales a medio y largo plazo, a través de la implementación del pasaporte covid?»
El desarrollo de una vacuna consta de cuatro fases —véase este— y no es ningún secreto que en la actual pandemia se están administrando medicamentos en fase de ensayo (fase III). De ahí esta pregunta: «En cuanto a la responsabilidad civil y penal en caso de que después de vacunarse una persona desencadene una reacción adversa grave, o incluso la muerte, ¿quién se hace responsable teniendo en cuenta que las farmacéuticas han obtenido inmunidad legal frente a demandas por posibles daños causados por las vacunas covid y se están suministrando las vacunas sin necesidad de prescripción médica?».
Más todavía: «¿Cómo se valora que (…) en nueve meses de vigencia de vacunas covid hayan muerto por esta vacuna el mismo número de personas que la suma de las muertes causadas por todos los tipos de vacunas en los últimos 30 años en EEUU?» Es importante subrayar que todos los datos y todas las afirmaciones vienen acompañados de sus respectivas fuentes, siempre organismos oficiales y publicaciones científicas. Estamos lejos de los delirios negacionistas y las teorías de la conspiración que inundan las redes.
«¿Cómo se valora que (…) en nueve meses de vigencia de vacunas covid hayan muerto por esta vacuna el mismo número de personas que la suma de las muertes causadas por todos los tipos de vacunas en los últimos 30 años en EEUU?»
Vulneración de derechos y libertades
La sospecha de que la administración autonómica se está saltando un montón de normas nacionales e internacionles —aunque desde luego no tiene la exclusiva en ese aspecto— genera otro conjunto de interrogantes. «¿Cómo justifica la Generalitat la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (artículo 14 CE) y la intimidad (artículo 18 CE) que supone la implantación del pasaporte covid, también recogidos en el Estatuto de Autonomía?».
«¿Cómo justifica la Generalitat la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (artículo 14 CE) y la intimidad (artículo 18 CE) que supone la implantación del pasaporte covid, también recogidos en el Estatuto de Autonomía?»
Más vulneraciones, al obligar a informar sobre datos personales médicos como el estado de vacunación: a la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y a la Ley Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
«En relación a la coacción a vacunarse que implica el pasaporte covid, ¿en qué medida la Generalitat ha tenido en cuenta tratados internacionales como el Código de Núremberg, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (Unesco), el Pacto de San José (Costa Rica), el Tratado de Helsinki, la Declaración de Ginebra o la Carta internacional de los Derechos Humanos?»
Y, en concreto para esta pandemia, «en qué medida la Generalitat ha tenido en cuenta la Resolución 2361 de 2021 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa», que «recuerda que los estados miembros deben “asegurar que los ciudadanos y ciudadanas estén informados de que la vacunación no es obligatoria y que nadie sufra presiones políticas, sociales u otras para ser vacunado”».
Falsos positivos
Las preguntas del Ayuntamiento de La Cellera de Ter también entran en aspectos más técnicos de la gestión de la pandemia. «De qué manera tiene en cuenta la Generalitat que Kary Mullis, premio Nobel inventor del test PCR, afirmara que el test no sirve para medir la carga viral ni para determinar un proceso infeccioso y, por tanto, no es válido como método único de diagnóstico?» Dado que «la prueba PCR no diferencia entre el Sars-CoV-2 y el virus de la gripe», «¿cómo tiene en cuenta la Generalitat el volumen de falsos positivos que pueden estar distorsionando la tasa de incidencia?».
En cuanto a la llamada presión asistencial en los hospitales, «¿en qué medida se está diferenciando entre muertes u hospitalizados “por” covid” y muertes u hospitalizados “con” covid?» Sobre la efectividad de la vacuna, a partir de los propios datos del Departamento de Salud, surge la pregunta: «Si actualmente hay más ingresos y muertes de personas vacunadas que no vacunadas, la vacuna protege como mucho únicamente a la persona vacunada y las personas vacunadas pueden contagiar al igual que las personas no vacunadas (…), ¿cómo justifica la Generalitat la implementación del certificado covid?»
«¿En qué medida se está diferenciando entre muertes u hospitalizados “por” covid” y muertes u hospitalizados “con” covid?»
Mucha gente, vacunados y no vacunados, están pensando que no vaya a ser que, gobalmente considerado, el remedio que se aplica sea peor que la enfermedad que se pretende combatir: «¿En qué medida se tienen en cuenta los estudios que demuestran que una infección natural generalmente confiere una inmunidad superior en comparación con la vacunación o que los riesgos de la vacuna covid pueden superar los beneficios para un amplio sector de la población y también en personas que se han recuperado de la enfermedad y, por tanto, ya disponen de inmunidad natural?»
Y: «De qué manera justifica la Generalitat las medidas restrictivas que se están aplicando teniendo en cuenta que el 95% de las personas que cursan la enfermedad lo hacen de forma leve y que la mayoría de estudios sitúan la tasa de mortalidad de la covid-19 entre un 0,1% y 0,5% (según publicación de la OMS a inicios de 2021 en un 0,27%), similar por tanto a la de una temporada de gripe fuerte?».
«De qué manera justifica la Generalitat las medidas restrictivas que se están aplicando teniendo en cuenta que el 95% de las personas que cursan la enfermedad lo hacen de forma leve»
Abrir el debate
El Ayuntamiento pide también saber la identidad y la formación académica de los miembros del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 —aunque esto ya aparece sumariamente en la web oficial— y si hay garantía de que no existen conflictos de interés entre esas personas y «lobbies de la industria farmacéutica».
Acaba pidiendo que la ciudadanía reciba más información «no sólo de los beneficios, sino también de la efectividad real (relativa y absoluta) y de los riesgos de las vacunas», y que se abra «un debate político, médico y científico, democrático y sin censura donde todas las visiones de la situación sanitaria y las medidas aplicadas puedan ser debatidas con libertad».
Estas y muchas más preguntas están reunidas en un documento elevado al Departamento de Salud en fecha 09/12/2021, firmado por el concejal de Medio Ambiente, Salud y Promoción del Entorno, Joël Torcque Torres, del Ayuntamiento de la Cellera de Ter, que no es precisamemente un feudo de liantes ultraderechistas: Hay 7 concejales de un grupo adscrito a ERC, en el gobierno, y 2 de JxCat, en la oposición. Aunque el detalle es irrelevante a efectos administrativos, es digno de mención que los interrogantes planteados no provienen de cargos políticamente hostiles al gobierno autonómico.
