Que las políticas lingüísticas del Govern discriminan uno de las dos lenguas oficiales en Cataluña, el castellano, es una realidad denunciada en diversas ocasiones. Quien lo ha hecho ahora es la entidad constitucionalistas Impulso Ciudadano, que ha publicado un informe en el que se prueba que las páginas web de la Generalitat discrimina por sistema el español. El dosier, que lleva por titulo Discriminación del castellano y el aranés en las webs de la Generalitat, ha analizado un total de 80 páginas del Govern, certificando que éstas «han hecho de la desigualdad de trato una de sus premisas en lo que respecta a las lenguas cooficiales de Cataluña».
Así, el estudio mantiene que la «supremacía de la lengua catalana en el dominio .cat de las instituciones, además de notoria es segregacionista, irrespetuosa y, sobre todo, discriminatoria con los derechos lingüísticos de las personas que quieran relacionarse con la administración en castellano o en aranés.» Asimismo, considera que la «ignorancia, el maltrato y la desconsideración hacia el español y el aranés es constante en los escaparates institucionales de internet, afectando a guías, normas, servicios, trámites, etc. fundamentales para los ciudadanos».
«Prácticas perversas»
Entre los ejemplos concretos citados, se cuenta el de informar solo en catalán de los trámites para solicitar ayudas a dependientes, pensiones no contributivas, renta garantizada y otras prestaciones sociales básicas. Otra «práctica perversa» es anunciar en español convocatorias de plazas para cuerpos docentes o cuerpo de bomberos enlazando al desarrollo de la convocatoria solo en catalán. «O dejar en blanco la página en español sobre actividad de los Mossos o la web de la Sala de Prensa del Govern sin actualizar los contenidos en castellano publicándolos con dos meses de retraso», añaden.
Ante esta situación, Impulso Ciudadano ha anunciado que enviará su informe, entre otros, al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges, así como a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a los directores de la RAE y del Instituto Cervantes.
