El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado este lunes la recusación presentada en su contra por los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig por haber recibido un premio de la Fundación Villacisneros. Los cuatro fugados de la Justicia española por la intentona golpista catalana de 2017 identifican esta fundación con «posiciones políticas contrarias» al separatismo. A esta afirmación ha respondido Llarena asegurando que este premio «en modo alguno compromete la imagen de imparcialidad que la actuación jurisdiccional ofrece a un observador imparcial».
En una nota emitida por el CGPJ, Llarena recuerda que ha recibido premios de otras instituciones. Y pone como ejemplo la Medalla al Mérito de la Guardia Urbana barcelonesa. Un reconocimiento que recibió siendo el también separatista y condenado Joaquim Forn concejal de Seguridad del Consistorio de la capital catalana.
«Ese reconocimiento», se recuerda en la nota, «no comprometió la confianza en la neutralidad judicial para las acusaciones, pese a que en la causa se dictaron decisiones que le fueron adversas» a Forn.
La importancia de las apariencias
En su informe, Llarena recuerda que en materia de Justicia «las apariencias son importantes» ya que «lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática». Sin embargo, añade, «ello no significa que deba primar la subjetividad de una de las partes, de modo que para excluir al juez predeterminado por la ley resulte suficiente con levantar unas sospechas que no resulten objetivamente razonables para un observador externo pues ello conduciría a un sistema de juez a la carta».
Llarena cuestiona los argumentos de los fugados al indicar que estos responsabilizan del premio a personas que, en realidad, no decidieron sobre el mismo. El magistrado también niega que esté llevando a cabo una «persecución personal, injustificada y arbitraria» de los cuatro separatistas. Y pone como ejemplo de ello decisiones «favorables a las defensas» como la puesta en libertad de los miembros de la Mesa del Parlament tras tomarles declaración como instructor o la de «varios de los integrantes del Gobierno de la Generalitat el 1 de octubre de 2017. Recuerda también que no apreció «indicios de criminalidad» en separatistas como Artur Mas o Marta Pascal y que algunos acusados no tuvieron que responder por los delitos de rebelión y sedición.
