La tremenda subida del IPC en 2021
El Instituto Nacional de Estadística publicó el pasado jueves el dato adelantado del IPC interanual, de 31.12.2020 a 31.12.2021. Es el 6,7%. Es una barbaridad. Se trata de la tasa interanual más alta desde marzo de 1992, es decir, de los últimos 30 años. Es el peor regalo para el año nuevo.
Esta subida resulta más extraordinaria aún porque venimos de unos años con IPC muy moderados o negativos: -0,5% en 2020; 0,8% en 2019; 1,20% en 2018… Es un cambio de tendencia brutal.
Hay que decir que hay países importantes que nos acompañan por este mal camino. En Estados Unidos, el IPC interanual a noviembre estaba en el 6,8%. En Alemania, el 5,2%. Algo mejor está Italia: 3,8%. Y mucho mejor Francia: 2,8%. El IPC de la zona euro previsto para 2021 es el 4,9%. Algo estamos haciendo mal aquí.
¿A qué se debe esto? La causa principal de esta tremenda subida está en el precio de la electricidad. Y también en la subida del precio de los carburantes (el Brent ha subido un 48% en 2021), del gas y la alimentación.
El precio de la luz es un tema hipercrítico: mucha gente no entiende por qué todos los kilowatios producidos (eólicos, nucleares, hidroeléctricos) se venden al precio del kilowatio más caro (el de gas natural). Como ha dicho un analista, es como pagar las sardinas al precio del caviar. Pero nos dicen que esto es lo que manda la UE. El caso es que el precio del megawatio-hora en el mercado mayorista español ha evolucionado desde una media de 40 euros en 2020 a una media de 239 euros en diciembre de 2021. Es disparatado. Esto puede cambiar para bien si el precio del gas natural baja, cosa probable en 2022. En todo caso, la UE debería revisar el sistema de fijación de precios.
¿Qué impacto tiene la subida del IPC?
La subida del 6,7% en el IPC impacta muy negativamente en el poder adquisitivo de los salarios. La mayoría de las empresas españolas no pueden permitirse una subida salarial paralela a la del IPC. De hecho, la inmensa mayoría de los trabajadores verán subidas entre el 1% y el 3%. Un IPC tan brutal tensionará el mercado laboral y las reivindicaciones sindicales. Veremos.
Lo mismo pasa con las pensiones. El malísimo estado actual de las cuentas públicas no permite revalorizar las pensiones conforme a ese 6,7%. De hecho, las pensiones no se revalorizan con el IPC calculado de diciembre a diciembre, sino con la media de las subidas mensuales del IPC entre noviembre y noviembre. Por eso, las pensiones subirán en 2022 un 2,5%.
Y las retribuciones de los funcionarios subirán un 2%.
En cambio, los alquileres a pagar por los inquilinos en 2022 sí que subirán en ese 6,7%. No queda otra. La política del Gobierno para reducir el precio del alquiler tropieza con la implacable realidad de un IPC desbocado.
En resumen: toca apretarse el cinturón.
¿No debe el Banco Central Europeo luchar contra esta inflación?
La principal misión del BCE es mantener la inflación en tasas cercanas, pero no superiores, al 2%. En un contexto como el actual, lo normal sería que el BCE enfriase la economía subiendo los tipos de interés, como dice que va a hacer la Reserva Federal de EEUU (ha prometido 3 subidas de tipos en 2022).
Sin embargo, la economía europea no está ni mucho menos recalentada. La recuperación económica todavía no se ha consolidado y se mantiene la incertidumbre por la pandemia. Por eso, una subida de tipos resultaría contraproducente. De este modo, en su reunión del pasado 16 de diciembre, el BCE ha decidido mantener inalterados en 2022 los tipos que aplica a los Bancos: 0% para las operaciones principales de financiación; 0,25% para créditos; -0,5% para depósitos. El objetivo del 2% es un objetivo a medio plazo; ahora es prioritario seguir estimulando la economía.
¿Y qué pasará con los tipos de interés de la deuda pública?
Este es un asunto crucial para la sostenibilidad del Estado del bienestar español. Los tipos de interés de nuestra Deuda han permanecido excepcionalmente bajos en 2020 y 2021 gracias a la fortísima intervención del BCE que ha comprado cantidades ingentes de Deuda Pública española.
El BCE tiene dos programas de compra de deuda: el programa general APP por el que compra 20.000 millones de euros mensuales desde 2014; y el programa especial por la pandemia PEPP, por el que compra entre 60 y 70.000 millones mensuales desde 2020. Para toda la zona euro.
De este modo, el BCE ha comprado prácticamente toda la deuda neta emitida por el Estado español desde 01.01.20 hasta 31.10.21 (último dato disponible): 182.000 millones de euros. Son 8.300 millones mensuales de media. Sumando la deuda adquirida hasta 31.12.19 resulta un total de 429.000 millones. Este es el importesituado en el Activo del Banco de España a 31.10.21. Es el 30% de toda nuestra Deuda Pública. Sin comentarios.
Se acaba la barra libre
Pero esto se va a acabar. En la reunión de 16 de diciembre, el BCE ha puesto fin a la barra libre. Veamos lo que ha decidido:
a) Sobre el PEPP. El BCE no efectuará más compras netas a partir de marzo 2022. Se reinvertirán los vencimientos de deudas anteriores, pero incluso esto terminará en marzo 2024. De todos modos, las compras netas podrían reactivarse en cualquier momento si la pandemia lo exige (Ojalá que no).
b) Sobre el APP. El ritmo de compras netas mensuales, que actualmente es de 20.000 millones, será de 40.000 en el 2º trimestre y de 30.000 en el 3º de 2022. A partir de octubre de 2022, se volverá al ritmo de 20.000. Se reinvertirán los vencimientos de deudas anteriores. Esto continuará hasta que suban los tipos de interés oficiales del BCE.
¿Qué significa esto para España? Simplemente, que nuestro principal prestamista se va retirando de la escena, dejando sitio a los inversores de mercado libre. A partir de octubre de 2022 el BCE dedicará sólo 20.000 millones mensuales para compras netas de toda la zona euro. ¿Cuánto le tocará a España? Como mucho, 3.000 millones. Frente a los 8.300 a que estábamos acostumbrados, hay una diferencia más que relevante.
Esto apunta a una subida de tipos para la Deuda Pública española a partir de 2022. Nuestro primo de Zumosol vendrá cada vez menos y nos quedaremos sólos ante el mercado. La única defensa posible es que los prestamistas vean que el Gobierno español desarrolla una política de reducción del déficit absolutamente seria. El Gobierno tiene que ponerse las pilas con esto desde ya. Ingente tarea, a cumplir en 2022, y de imposible realización sin un gran acuerdo político.
