La juez instructora del caso contra la anterior Mesa del Parlamento, Maria Eugènia Alegret ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por el exvicepresidente primero de la mesa, Josep Costa (JuntsxCat) contra su procesamiento por desobediencia. Tanto él como el expresidente del Parlament, Roger Torrent y los dos exmiembros de la Mesa, Josep Campdepadrós (JuntsxCat) y Adriana Delgado (ERC) serán juzgados por desobedecer al TC y permitir el debate en la cámara sobre la monarquía y el proceso de independencia en noviembre de 2019.
Al igual que Costa, los otros tres investigados presentaron recurso contra la finalización de la investigación con el principal argumento de que creían que actuaban de forma legal.
En la interlocutoria de finalización de la instrucción, la magistrada Alegret aseguraba que el Parlament «no es un lugar inmune al cumplimiento de la legalidad y al principio de jerarquía normativa».
«Los cuatro exmiembros de la Mesa serán juzgados por desobedecer al TC y permitir el debate en la cámara sobre la monarquía y el proceso de independencia en noviembre de 2019».
La magistrada del TSJC reafirma sus argumentos y tumba los de la defensa, insistiendo en que el delito que se les imputa «no tiene relación con la libre expresión de pensamientos o ideas«. Alegret recuerda en el escrito que «la eventual independencia de Catalunya, la forma del Estado o las actuaciones del jefe del Estado son cuestiones sobre las cuales los representantes políticos se manifiestan sin trabas en múltiples ocasiones, dentro y fuera del Parlamento».
«La eventual independencia de Catalunya, la forma del Estado o las actuaciones del jefe del Estado son cuestiones sobre las cuales los representantes políticos se manifiestan sin trabas en múltiples ocasiones, dentro y fuera del Parlamento».
‘Desobediencia grave’
Alegret recuerda que lo que se está investigando es «un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad por la reiteración en la tramitación de iniciativas parlamentarias previamente declaradas inconstitucionales por el órgano competente cuando, además, se contaba con requerimientos expresos de abstención».
La fiscalía pide para Torrent, Costa y Campdepadrós 20 meses de inhabilitación a cargo público, mientras que para Delgado, dieciséis meses.
