El Govern ha aprobado este miércoles un decreto ley con el objetivo es proteger a los menores cuyas madres hayan sido víctimas de violencia de género. Esta protección, que entrará en vigor el jueves y que deberán aplicar «de forma inmediata» los tribunales en Cataluña, se llevará a cabo mediante la modificación de los artículos del Código Civil catalán que regulan todo lo relativo a la custodia, las estancias y las comunicaciones de los menores. De este modo, «cuando haya indicios fundamentados» de que los progenitores «hayan cometido actos de violencia familiar o machista, tendrán prohibidas las estancias, las visitas y las comunicaciones con sus hijos e hijas«.
El Govern intenta así poner freno a la llamada violencia vicaria, que es la ejercida por los maltratadores contra sus víctimas a través de sus hijos. El decreto ley ha sido presentado por la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, quien ha subrayado que «la única finalidad es proteger la vida de los niños y los jóvenes» ayudando a «erradicar una de las violencias más duras, la violencia vicaria». Ciuró ha recordado que «el daño causado por este tipo de violencia es antinatural ya que la causa justo quien ha de proteger».
Comunicación solo si los menores han sido escuchados
Con este decreto ley el progenitor que se encuentre inmerso en un proceso penal «por atentar contra la vida, la integridad física o moral, la libertad o indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos» no podrá mantener con los menores ningún tipo de relación. Esto también sucederá en el caso de los progenitores que ya hayan sido condenados por estos delitos.
El decreto ley es similar a la modificación del Código Civil llevada a cabo a nivel nacional y que entró en vigor el pasado mes de septiembre. En Cataluña, se establece, además, que en los procesos civiles de separación y divorcio «el juez podrá establecer de manera excepcional un régimen de estancias o comunicaciones en interés de los niños y los adolescentes, siempre y cuando estos hayan sido escuchados».
Medida retroactiva
Estas modificaciones entrarán en vigor este jueves y serán «de aplicación inmediata por parte de los tribunales» con el fin de rebajar «las cifras de menores que mueren a manos de sus padres», según ha informado Justicia en un comunicado. Ciuró, por su parte, ha señalado que «cada hora cuenta» y, por este motivo, la medida «será retroactiva para aquellas personas que insten el procedimiento judicial de revisión en procesos de violencia machista, de manera que podrán pedir la revisión de las medidas de estancia, visitas y comunicaciones».
«Con este decreto», ha dejado claro la consellera de Justicia, «avanzamos contra otra forma de violencia hacia las mujeres que es la violencia institucional. Las mujeres que denuncien esta violencia recibirán así protección judicial para aquello que más quieren, es decir, sus hijos». A esto se suma, finalmente, que no hará falta una sentencia firme para que los menores puedan ser evaluados por los equipos de atención psicológica que atienden a las madres víctimas de violencia de género. Hasta ahora, podía darse el caso de que los agresores impidieran judicialmente estas exploraciones. Con el nuevo decreto ley, «no hará falta que haya una sentencia» que permita a estos profesionales atender a los hijos de las víctimas.
