Tras la sentencia del Tribunal Supremo rechazando el recurso de la Generalitat y estableciendo que las escuelas deben impartir un mínimo de 25% de clases en castellano, la pregunta que se formulaban tanto los nacionalistas como los constitucionalistas era: ¿Qué hará el Gobierno central ante esta encrucijada? ¿Hará cumplir la ley o priorizará mantener las buenas relaciones con sus socios separatistas? Pues bien, la respuesta no se ha hecho esperar. Tal y como ha explicado el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en un entrevista en RAC1, el Govern tiene «garantías» de la ministra de Educación, Pilar Alegría, de que el Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia del Supremo.
Según Gonzàlez-Cambray, la ministra Alegría le trasladó ayer que el Ejecutivo se limitará a pedir que se cumpla la nueva ley de Educación, la LOMLOE —que, recordemos, eliminó la referencia al castellano como lengua vehicular en la escuela. En este sentido, Cambray ha recordado que la única administración que puede instar a la ejecución de la sentencia es el Ministerio de Educación y que, de hacerlo de otra manera, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «se saltaría todos los procedimientos».
La exclusión del español, a salvo
Así, Cambray ha asegurado que tanto la ley de Educación de Cataluña como la nueva LOMLOE protegen el sistema de exclusión del castellano en la escuela catalana. Y en el caso de que se produzcan denuncias, se gestionarán como hasta ahora. Por otro lado, ha recordado que la decisión del tribunal se dirige a la Administración en su conjunto, con lo que su petición de que los centros la desoigan en modo alguno «expone a los directores». Finalmente, ha acusado al Supremo de «inventarse» un problema pues, a su parecer, el veto al español no ha originado ningún conflicto lingüístico en Cataluña.
