Más de 60 entidades se han adherido al manifiesto promovido por la Fundación Joan Boscà, que preside el empresario Joaquín Güell, y que reclama al Gobierno del socialista Pedro Sánchez un «acuerdo por la convivencia y de relanzamiento económico y social«. Los firmantes del mismo consideran que la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 «supone para España un enorme desafío», solo comparable «a los momentos más graves de nuestra historia». Entre los firmantes del manifiesto se encuentran Empresaris de Catalunya, el Foro de Izquierda No Nacionalista, Sociedad Civil Catalana y la Real Academia Europea de Doctores.
Para los promotores del acuerdo es «vital» que los principales partidos del Congreso, a los que han remitido el documento, se comprometan con este acuerdo con el fin de reforzar el sistema democrático español y posibilitar «la recuperación económica».
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 se considera, por parte de los autores del documento, una agravante de una situación ya complicada por «las tensiones separatistas y la crisis de la organización territorial del Estado». De ahí que consideren que alcanzar un acuerdo sea, en estos momentos, «inexcusable«.
El riesgo de populistas y extremistas
«Sin el acuerdo», advierten, «la política española continuará reducida a un enfrentamiento estéril, provocando la crispación y el rechazo de un número cada vez mayor de ciudadanos». Algo que consideran que puede convertirse en «un peligroso caldo de cultivo para populistas y extremistas de todo signo».
Ante esta situación, desde la Fundación Joan Boscà se apuesta por recuperar el «espíritu de consenso que se vivió en la Transición» y del cual surgió «la etapa de mayor libertad y prosperidad de la historia de España». Y ponen como ejemplo la Constitución nacida de aquel periodo y que sigue siendo el «punto de encuentro de la inmensa mayoría de los españoles y la mejor base para proyectarnos hacia el futuro».
Por estos motivos, los firmantes del manifiesto piden al Gobierno de Sánchez promover «acuerdos de Estado» con las formaciones constitucionalistas que, además, «deben ser parte de la solución». «La búsqueda de acuerdos», añaden, «debe traducirse en hechos tangibles, desde un genuino espíritu de colaboración que sustituya al actual de confrontación».
