Gran despliegue en el Punt-Avui para conmemorar el 46º aniversario —ni siquiera es un número redondo— del fallecimiento de Francisco Franco: El franquisme persistent, L’exèrcit de l’article 8 i de la pulsió ultra, La llei d’amnistia del 1977 fa inimputable el franquisme, Via Laietana: de tortures a vetllador de drets humans…
Sostiene el editorial que el legado de la dictadura «lamentablemente pervive casi medio siglo después, y éste es el fracaso de la Transición y la asignatura pendiente de la democracia española y la soberanía catalana». Aquel episodio histórico que fue visto por propios y extraños como un modelo para transformar —de la ley a la ley: entonces sí— una dictadura en una democracia, entrado el siglo XXI está siendo devaluado y denigrado como un engaño colectivo, pasando por alto que, más allá de lo que dispusiera la amnistía, fue una generación entera la que decidió enterrar su pasado y renunciar a su herencia cainita.
El legado de la dictadura «lamentablemente pervive casi medio siglo después, y éste es el fracaso de la Transición y la asignatura pendiente de la democracia española y la soberanía catalana«
El Punt-Avui
Al cabo cuatro décadas, denunciar actuaciones administrativas o corregir el funcionamiento de las instituciones, de la Casa Real a la última aldea, debería poder hacerse sin invocar como fuente de todos los males un período histórico que ya debería ser sólo materia de historiadores. Pero tanto los partidos secesionistas como la extrema izquierda, en su intento de avanzar hacia un régimen republicano que tendría poco de democrático, insisten en relatar los años 30 como un cuento de buenos y malos, y la transición, como una conspiración de las elites para embaucar al sufrido pueblo español.
«Tanto los partidos secesionistas como la extrema izquierda, en su intento de avanzar hacia un régimen republicano que tendría poco de democrático, insisten en relatar los años 30 como un cuento de buenos y malos»
Entonces la democracia pasa a ser el «régimen del 78», se afirma que España es como Turquía en cuanto a violación de derechos, y se especula frívolamente con un «proceso constituyente», sea para «tomar el cielo por asalto», sea por el «derecho a decidirlo todo». Poco a poco se instala la idea que el franquismo hace más de ochenta años que dura y que muchos que son perseguidos por saltarse la ley no son otra cosa que luchadores antifascistas.
«Poco a poco se instala la idea que el franquismo hace más de ochenta años que dura y que muchos que son perseguidos por saltarse la ley no son otra cosa que luchadores antifascistas»
Los últimos días
La evocación del régimen republicano (1931-1939) llega a extremos ridículos, como cuando alguien dice que votará en una consulta independentista en nombre de su abuelo, que hizo la guerra en el bando republicano, o megalómanos, como cuando Carles Puigdemont afirmó, en enero de 2018, que «volvemos a vivir los últimos días de la Catalunya republicana» en un mensaje de móvil que tan oportunamente captó Telecinco. El contraste es demasiado ofensivo para dedicarle más atención.
«La evocación del régimen republicano (1931-1939) llega a extremos ridículos, como cuando alguien dice que votará en una consulta independentista en nombre de su abuelo, que hizo la guerra en el bando republicano»
Sólo un detalle para contrastar ambos momentos históricos. Al llegar a Francia, en 1939, el presidente Companys, a falta de poder mantener un gobierno en el exilio, creó el Consell Nacional de Catalunya, cuya autoridad fue reconocida por la diáspora catalanista. Entabladada la segunda guerra mundial, se trataba de mantener un cierto papel de interlocución ante los aliados. En este Consell figuraban personalidades como Pompeu Fabra, Josep Trueta, Josep Pous i Pagès, Carles Pi i Sunyer, Josep Maria Batista i Roca, Antoni Rovira i Virgili.
(Rovira i Virgili, por cierto, publicó en 1940 un libro titulado Els darrers dies de la Catalunya republicana, reeditado en 2014 por la editorial de Quim Torra: el paralelismo no fue improvisado.)
En cambio, Carles Puigdemont, instalado en Bélgica, ha creado el Consell per la República, con representantes de escasa entidad de JxCat y ERC, junto con enviados de partidos tan influyentes como Poble Lliure (una de las facciones de la CUP), Independentistes d’Esquerres, Acció per la República, Demòcrates y Solidaritat Catalana per la Independència.
Después de unas elecciones largamente demoradas, el 14 de noviembre se constituyó la Assemblea de Representants, en cuya mesa presidencial están: Ona Curto (CUP), concejal de Arenys de Mar (15.000 hab.); Maria Costa Baqué, alcaldesa de Banys d’Arles – Amélie-les-Bains —balnearia localidad (3.500 hab.) del condado del Rosellón—; Jordi Pessarrodona (Independentistes d’Esquerres), payaso que se dio a conocer posando inmóvil al lado de un paciente guardia civil el 1 de octubre de 2017; Joan Puig (ERC, pero discrepante de la línea oficial), diputado en el Congreso en la VIII Legislatura —se hizo famoso por haberse lanzado a la piscina de Pedro J. Ramírez sin previa invitación—, y Assumpció Lailla (Demòcrates), psicopedagoga y actualmente diputada en el muy autonómico Parlamento de Cataluña.
Las dotes políticas se les suponen, por supuesto, y los méritos se irán viendo; pero en principio da la impresión que el objetivo de internacionalizar el conflicto catalán y hacer efectiva la independencia de Cataluña, que es a lo que el Consell per la República dice dedicarse, les viene algo grande.
«Da la impresión que el objetivo de internacionalizar el conflicto catalán y hacer efectiva la independencia de Cataluña, que es a lo que el Consell per la República dice dedicarse, les viene algo grande»
Tejer la metodología
Ona Curto, entrevistada por Vilaweb después de la votación a la Assemblea de Representants pero diez días antes de ser elegida para presidirla, responde así a la pregunta para qué debe servir el Consell per la República:
«Para tejer la metodología para poder llegar a la independencia. Ya hemos visto que el Estado lo pondrá todo sobre la mesa, no sólo la violencia, sino que también querrá desestructurar, separar, conspirar contra los catalanes, en los terrenos lingüístico, social, económico, tecnológico, de oportunidades y de relaciones internacionales. Es muy importante que demos la vuelta a esta situación y todo el mundo sea muy consciente de que el Estado jugará muy sucio.»
Prosigue hablando de la ventaja que supone trabajar desde el exilio: «El Consell puede ser una herramienta que, sin estar en Cataluña, tenga algo de perspectiva y un pie internacional, que es muy importante. El hecho de estar fuera de Cataluña lo dota de elementos de protección, seguridad y perspectiva que nos pueden ir a favor.» No debería pasar por alto que aunque, la sede esté en el extranjero, la mayoría de sus miembros van y vienen, con lo que están muy localizables para, llegado el caso, hacer frente a sus responsabilidades.
Y se remite al documento Preparem-nos, el único digno de mención que ha generado el Consell per la República: «Es muy valioso porque detalla cómo llevar adelante la República. Ya hemos vivido un referéndum, represión, un 155, prisión y exilio. Esta experiencia nos ha de servir para llegar a nuestro objetivo lo antes posible.»
En otra entrevista, en el Nacional, titulada con un extraño solecismo: Cuanto más desprestigian al Consell per la República es que más miedo da —debe querer decir: cuanto más miedo damos, más nos desprestigian—, afirma que «no se puede buscar ningún reconocimiento internacional si antes Cataluña no da el paso; si no empezamos a aplicar nosotros términos de República, en el exterior no lo verán». Y ¿cómo se da el paso?: «Hay que desconectarse de España, pasar a empresas de telefonía o electricidad catalanas.» Habría que distinguir entre productoras y comercializadoras, tal vez otro día.
En su opinión, «el impacto mayor que tuvo España, dónde perdió su prestigio, fue cuando el 1-O nos hostiaron, y lo digo así, por ir a votar». El argumento del prestigio perdido por España sólo convence a los convencidos y demuestra que el Consell per la República no va a ir más allá de reiterar la propaganda entre los seguidores y sostener la agitación en los mismos términos de siempre.
Un censo nacional
Una idea se va abriendo paso poco a poco, la del censo de los buenos republicanos catalanes. Lo cuenta Vicent Partal en Vilaweb —L’Assemblea—: «La Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana (…) es un parlamento de 121 miembros (…) Todo este proceso define la institucionalización de la república, con instituciones provisionales y a partir de la legitimidad de la declaración de independencia de 2017.»
Aquel proceso culminó con la proclamada secesión de cuatro provincias españolas, las que gestiona la Generalitat de Cataluña. Ahora, otra vuelta de tuerca, se pretende prescindir de los ciudadanos realmente existentes y trabajar sólo con los que asuman previamente el proyecto independentista: «La idea es organizar la minoría nacional catalana a partir de un censo nacional, cuyos miembros se dotan de instituciones democráticas de gobierno para reclamar el derecho de autodeterminación de acuerdo con los derechos recogidos en los tratados europeos y en la ley internacional, y no ya a partir de la legislación interna española.» Así, controlando el censo, cualquier referéndum está ganado de antemano.
Partal se da cuenta enseguida del disparate que representa: «El talón de Aquiles de este modelo interesantísimo e innovador es el número de miembros de este censo. En el momento en que escribo este artículo [19 de noviembre] son 101.652, una cantidad significativa pero muy alejada de los 2.286.217 participantes en el referéndum de autodeterminación de 2017.» Es evidente que los que voluntariamente se han apuntado al Consell per la República son una ínfima minoría dentro de la hipotética minoría nacional catalana, tan pocos que no permiten a este organismo, no ya hablar en nombre de todos los catalanes, sino ni tan sólo de los catalanes independentistas.
«Los que voluntariamente se han apuntado al Consell per la República son una ínfima minoría dentro de la hipotética minoría nacional catalana, tan pocos que no permiten a este organismo, no ya hablar en nombre de todos los catalanes, sino ni tan sólo de los catalanes independentistas»
Que el número de miembros del Consell per la República en este momento sea inferior al número de electores de la comarca de Osona —sin mencionar el relevante dato que en las elecciones a la Assemblea de Representants sólo ha habido el 26% de participación (22.584 votantes) según los organizadores— plantea otro problema, el del territorio. Estos independentistas activos y convencidos conviven con millones de ciudadanos que no se sienten llamados a la secesión. Entonces, si aspiran a ser reconocidos como minoría, ¿cuáles serían los límites de su hogar nacional? ¿Se plantea su reagrupación voluntaria en un territorio proporcional a su número?.
