A pesar de la beligerancia con la que el Govern está afrontando la cuestión lingüística —anunciando comités de vigilancia en las escuelas para que no se hable castellano e insinuando que se rebelaran contra las sentencias que establecen que el español también sea vehicular—, lo cierto es que podría estar perdiendo la batalla. Y es que, tal y como relata Crónica Global, los recursos que la Generalitat ha presentado ante el Tribunal Supremo para evitar que el castellano tenga una presencia de al menos un 25%, no cuestionan ese aspecto sino solo una cuestión formal: que los padres tengan la potestad para impugnar el modelo educativo.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado ya la inmersión en seis centros educativos a instancias de las demandas de los padres. La escuelas en cuestión —que son tanto publicas como concertadas— son la Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera la Escola Frangoal de Castelldefels Escola Aura de Reus Institut Els Pallaressos de Els Pallaressos Escola Bogatell de Barcelona y Escola Josefina Ibañez de Abrera.
Contra la autoridad de los padres
El caso es que los recursos del Govern contra la obligación de escolarizar también en castellano en estos centros no entran en el fondo sino solo en la forma, tal y como han recordado asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe: «La Generalitat no recurre la anulación de proyectos lingüísticos alegando que el castellano no deba ser lengua vehicular. Intenta que el Tribunal no reconozca a los padres la capacidad de denunciarlo. Pero eso no lo cuenta el Conseller d’Educació».
