Como no podía ser de otra manera, la ofensiva que el nacionalismo gobernante está llevando a cabo con la imposición del catalán en múltiples frentes ha propiciado la reacción del constitucionalismo. Su principal asociación, Sociedad Civil Catalana ha acusado en un comunicado a la Generalitat de «haber convertido el catalán, la lengua materna del 40% de los catalanes y lengua querida para todos, en una lengua del poder, una lengua de imposición antipática».
Para SCC, la «deriva ultranacionalista» de los últimos gobiernos de la Generalitat, a través de «multas lingüísticas», «señalamientos a profesores» o la creación de «comités escolares para controlar el catalán dentro y fuera de las aulas» ha conseguido que la lengua catalana sea vista como una «lengua inquisitorial». «Creemos que con estas decisiones se pueden estar vulnerando derechos fundamentales y constitucionales de las personas y hasta de los menores de edad y nos reservamos una acción judicial decidida frente a ello, sus impulsores y ejecutores», ha manifestado la entidad.
Multitud de derechos conculcados
Y es que, según el colectivo, «son muchos los derechos que el Ejecutivo catalán está coartando: el derecho del menor a estudiar en su lengua materna, el derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la libertad educativa y comercial, etc». «No toleraremos», ha concluido, «que se atente contra los derechos civiles y las libertades públicas de los catalanes».
