Es cierto que el régimen disciplinario de los estudiantes universitarios en España sigue regulado y rigiéndose por un decreto de 1954, preconstitucional, por tanto, y que sanciona, entre otros casos, las «manifestaciones contra la moral católica», la «falta de probidad», o las «palabras o hechos indecorosos». Tan cierto como que difícilmente se recuerda en una universidad española un expediente disciplinario contra cualquier alumno por alguna de estas conductas. Tan cierto, igualmente, como que un texto posiblemente más pedante y casposo que gravemente inconstitucional como este dormía plácidamente en los estantes de los despachos rectorales sin necesidad ni oportunidad de ser releído.
Resulta, por tanto y cuando menos, curiosa la iniciativa de este Gobierno de PSOE y Podemos de derogar después de casi 70 años una norma que nunca se ha aplicado realmente, no al menos desde 1978. Y es que, téngase en cuenta además, que de los 43 años transcurridos desde la promulgación de la Constitución, nada menos que 21 han transcurrido bajo gobiernos socialistas, los cuales, al parecer, nunca detectaron esa imperiosa exigencia de acabar con esta rémora franquista. Posiblemente, o con total seguridad, porque no había estudiantes universitarios que en la práctica se vieran reprimidos o limitados en sus derechos por la norma en vigor.
Bienvenido, pues, el afán revisorio del ministro Castells, claro está, si realmente sirviera para algo. Para algo bueno, se entiende, porque siendo evidente que cualquier norma debe ser interpretada en su aplicación desde el prisma constitucional y que deben garantizarse siempre los principios y derechos y libertades recogidos por la Carta Magna -sobre todo si hablamos de un estatuto jurídico personal o de un régimen disciplinario sancionador-, que ello sea formalmente necesario es otra cosa.
El problema es que la voluntad manifestada por Castells con su proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que no era otro que dejar la sanción como algo residual frente a un modelo de diálogo y mediación para toda la universidad, ha cedido en la enésima humillación del Gobierno de España ante el separatismo catalán. Y lo ha hecho en forma de acuerdo entre los grupos parlamentarios del Gobierno y ERC en el Congreso, que entierra la mediación de Castells como prioridad -su gran iniciativa-, para darle todo el poder a los rectores de las universidades a la hora de establecer cómo se pueden o deben comportar sus estudiantes. De las universidades catalanas, claro, porque se desconoce realmente qué problemas de orden público se dan hoy en otros centros universitarios españoles que no sean los que vienen produciéndose en las universidades públicas de Cataluña, provocados, según su sectaria inversión de la realidad, por esos estudiantes pacíficos a los que les ha dado por pensar que la independencia no es lo que se necesita.
El problema es que la voluntad manifestada por Castells con su proyecto de Ley de Convivencia Universitaria ha cedido en la enésima humillación del Gobierno de España ante el separatismo catalán
La letra del acuerdo entre PSOE, UP y ERC encierra dos objetivos: el primero, manipular una vez más la autonomía universitaria, que pervierte en su verdadero significado y alcance, para crear en los campus universitarios, fundamentalmente en los de Cataluña, espacios aparentemente no sometidos a la ley, o, lo que es lo mismo, de auténtica impunidad para los abusos del pensamiento único, el del nacionalismo independentista, que no ya solo desprecia, sino que expulsa a quien pretenda rebatirlo. Y que puede hacerlo con violencia, con agresiones, con coacciones e insultos. Así lo han vivido, recientemente, los estudiantes de S’ha Acabat en la Autónoma de Barcelona, mientras, por ejemplo, la campaña La universitat en català, impulsada por una entidad regada con dinero público por el separatismo y el PSC, anima a señalar a los docentes que impartan sus clases en castellano.
Y segundo, convertir a los rectores, desde luego a los catalanes, en auténticos sheriffs de sus pueblos, unas universidades cada vez más pequeñas, más estrechas de miras, en las que no hay sitio para quien quiera pensar y debatir libremente, algo que es esencia de la Universidad, así, con mayúsculas, desde la Edad Media. Y los resultados no son alentadores, porque muchos rectores no es que ya se pongan de perfil ante este acoso, sino que están cayendo del lado de los acosadores frente a los derechos de los constitucionalistas.
La Ley de Convivencia, aún en trámite, pero que en su primer borrador se olvidaba ya de las víctimas, los constitucionalistas -¿pretendía, acaso, la convivencia del separatismo con el separatismo?-, ha dejado de ser la ley de Castells, un ministro que ya ha acreditado sobradamente su empalagosa inutilidad, para convertirse en la ley de ERC gracias a que PSOE y Podemos han comprado la exigencia de ERC de que en los campus se puedan quebrantar los derechos y libertades de los constitucionalistas, siempre y cuando lo permita el rector. El texto, que conseguirá, de ser aprobado, legitimar en positivo, negro sobre blanco en una norma legal, la actitud de quienes hoy gobiernan los campus universitarios catalanes, conniventes desde las ventanas de sus despachos con los vándalos totalitarios que en los patios, pasillos y aulas se han apropiado de sus instalaciones impidiendo el normal desarrollo de la institución universitaria cuando a ellos se les antoja, practicando la más absoluta intolerancia, y sintiéndose impunes para delinquir. Sí, para delinquir, que es lo que se hace cuando se agrede o se coacciona a otro por pensar diferente.
El problema de la Ley -mal llamada- de Convivencia, ya de ERC, es que volverá a ser una de esas cosas que imponen los separatistas catalanes a toda España, al tiempo que sin embargo se muestran indignados de que el resto simplemente opinemos sobre lo que pasa en Cataluña. Volverá a ser la humillación de un Gobierno ante las exigencias del separatismo radical. Volverá a ser, sin duda, dotar a los violentos del pensamiento único y excluyente de una herramienta para seguir limpiando ideológicamente Cataluña. Ahora en las universidades.
El problema de la Ley -mal llamada- de Convivencia, ya de ERC, es que volverá a ser una de esas cosas que imponen los separatistas catalanes a toda España, al tiempo que sin embargo se muestran indignados de que el resto simplemente opinemos sobre lo que pasa en Cataluña
No duden, por ello, que, frente a la imposición, en Ciudadanos seguiremos trabajando junto a esos estudiantes a quienes quieren callar y expulsar de los campus universitarios. De los campus catalanes por parte de los independentistas, o de cualquier otro por quienes lo intenten desde posiciones totalitarias. No duden de que el PSOE, desgraciadamente, pagará el precio, una vez más, de la permanencia de Sánchez en el Gobierno con la libertad, cuando no la integridad misma, como hemos visto, de alumnos y docentes universitarios que, simplemente, quieren una universidad libre, abierta y tolerante: una Universidad.
