La situación judicial del expresidente del Barca, Sandro Rosell, de nuevo en la cuerda floja. La Fiscalía pide juzgar al expresidente del Barça por fraude fiscal, solicitándole por ello una pena de dos años y nueve meses de cárcel, así como una multa de 300.000 euros. Esto se debe a que, según el escrito de la acusación, el expresidente del famoso club deportivo defraudó 230.591 euros en el ejercicio de 2012 por no haber tributado las rentas de algunas de sus actividades profesionales.
El caso es que Rosell creó una empresa de la que él mismo era el único titular y cuya nombre era TOC. Ésta servía para organizar eventos pero, según la Fiscalía, se usó para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación de IRPF por un importe de 352.382 euros. El método para eludir impuestos pasaba por emitir y cobrar por parte de TOC facturas que procedían de sus propios clientes. El fiscal ha recordado que TOC «estaba domiciliada en su domicilio» y carecía de «estructura empresarial para prestar los servicios».
Atenuante por el dinero ingresado en 2019
A pesar de todo, la petición de pena no es muy extensa porque la fiscalía ha aplicado a Rosell un atenuante. La causa es que éste quiso reparar el daño causado e ingresó en 2019 en las arcas del Estado 287.911 euros que se correspondían con lo defraudado y los intereses de demora.