El bloqueo de casi tres años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue vigente, sin embargo, esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular liderado por Pablo Casado acordaron in extremis renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Estos bloqueos han sido criticados por todas las instituciones y partidos políticos, aunque no únicamente se producen en el ámbito estatal, si no que se producen mucho más en las Comunidades Autónomas. Cataluña ha sido precisamente una de las más críticas, no obstante, la realidad es que está región vende consejos que para ella no tiene, porque a día de hoy tiene más de 20 organismos públicos catalanes con al menos 108 cargos pendientes de renovar desde hace más tiempo que el Poder Judicial, en concreto llevan congelados desde 2015.
Una situación que pone de nuevo muy en tela de juicio a las instituciones catalanas, y a la que se ha llegado con la deriva del procés y la desaparición de CiU, y hay que añadir que las dos principales formaciones secesionistas, ERC y Junts, aunque se niegan a admitirlo públicamente no quieren renovar tampoco las instituciones catalanas, porque ha aumento notablemente el rechazo al secesionismo en Cataluña, según la encuesta del CEO, algo que sin la menor duda es un claro desincentivo para los separatistas, que entre sus metas, está el mantener todas las esferas de poder público de esta región española.
Entre los órganos que no se renuevan, se encuentran algunos muy importantes, como por ejemplo la Sindicatura de Cuentas, el Consejo de Garantías Estatutarias –una especie de tribunal constitucional a la catalana que vela por el ajuste de las leyes catalanas al Estatut y la Constitución—, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente gestor de TV3 y Catalunya Ràdio; ocho universidades públicas o la Junta de Museos de Cataluña –cuya última renovación se llevó a cabo en 2014– tienen cargos vacantes.
Instituciones del ‘procés’
Hay que destacar, que durante el proceso independentista se crearon nuevos organismos públicos que también sufren ese bloqueo, como es el caso del Consejo Fiscal de Cataluña, mientras que otros llamados a avanzar en cuestiones de emergencia, como el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, también están pendientes de incorporar nuevos miembros. Y no parece que la situación vaya a cambiar con el rumbo que está tomando Cataluña.
Cabe señalar, que en el Consejo de Garantías Estatutarias, dos de sus miembros, Joan Egea (propuesto por CiU) y Carles Jaume (PP) finalizaron sus mandatos el 23 de noviembre de 2015, mientras que el 30 de diciembre de 2016, Joan Ridao (ERC) renunció al cargo –actualmente es el letrado mayor del Parlament–. Más recientemente, el 23 de noviembre de 2018 finalizó el mandato de Pere Jover (PSC) y Jaume Vernet (ERC).
Universidades catalanas perjudicadas
En el ámbito universitario, se deben renovar los consejos sociales de la Universitat Oberta de Catalunya, la Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, de Girona, Lleida, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra y Rovira i Virgili.
En marzo de 2019 finalizó el mandato de los doce miembros del Consejo Asesor del Síndic de Greuges para la prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y la elección de cinco miembros del Consejo Superior de Cooperación ni siguiera está regulada.
¿Qué dicen los partidos de la oposición?
Según el PSC, ahora principal partido de la oposición en Cataluña, la inacción de la Generalitat de Cataluña en muchos temas de interés para la sociedad catalana y la paralización de las instituciones se deben a la gran polarización que existe en la política y que afecta de manera directa a la convivencia de los catalanes.
Además, los socialistas han formulado a los grupos un «gran acuerdo» en un plazo de tres meses para acometer las designaciones y que estas se efectúen «con garantías de igualdad, transparencia y acuerdo» respecto a los perfiles, que deberían elegirse, según el PSC, por los «principios de mérito, capacidad, profesionalidad, representatividad, pluralismo y paridad». Entre otras de las cuestiones que incluye la propuesta del PSC, se incluye el «fijar un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas» de las personas escogidas, algo que cambiaría de manera evidente la manera de actuar de diferentes organismos catalanes.
Por otra parte, el Partido Popular, Ciudadanos y VOX creen que es necesario cambiar los órganos de las instituciones catalanas y adaptarlos a una realidad catalana que es plural, con el objetivo de que no se desprecie a ningún catalán como vienen denunciado que ha ocurrido.
