El Tribunal de Cuentas ha activado este jueves el embargo de las cuentas y propiedades de la treintena de altos cargos del procés implicados en la causa abierta por la promoción presuntamente ilegal del proyecto separatista en el exterior. La decisión se produce el mismo día en el que el tribunal ha rechazado el aval del Institut Català de Finances, promovido por el Govern con el fin de evitar que los afectados se vean en una situación más que complicada, dada la elevada cuantía de las fianzas a depositar.
Entre quienes tendrán que depositar el dinero se encuentran Carles Puigdemont (1,9 millones de euros); el líder de ERC, Oriol Junqueras (1,9 millones de euros); el exconseller Andreu Mas-Colell (2,8 millones de euros); el extitular de Acción Exterior, Raül Romeva (2,1 millones de euros) y el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo (3,6 millones de euros).
Tribunal «capturado y politizado»
El presidente del Govern, el republicano Pere Aragonés, ha mostrado su rechazo a la medida a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje, Aragonés ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está «capturado y politizado por el PP» y le ha acusado de «intentar arruinar a las familias de los represaliados». «Defenderemos la legalidad del aval», ha añadido Aragonés, a pesar de que ya no podrán hacer nada.
