ANÁLISIS / Redistribuir la renta no es aumentar el déficit y la deuda

El objetivo de cualquier programa de redistribución de la renta no es otro que trasvasar renta de grupos de la población ‘ricos’ a otros más ‘pobres’, y los gobiernos en la mayoría de las economías avanzadas emplean numerosos y variados instrumentos para lograr este fin. Más allá del loable deseo de proteger y ayudar a los colectivos más débiles, mantener a raya los agravios comparativos sirve para adormecer el malestar latente ocasionado por la desigualdad en la distribución de la renta, y para reducir la frecuencia con que se producen erupciones más o menos violentas que alteran la paz social, esto es, el desarrollo ordenado de la vida social y laboral, como ocurrió, por ejemplo, en Francia con las manifestaciones protagonizadas por los chalecos amarillos.

Hay dos alternativas ‘puras’ de financiar el aumento del gasto público: aumentar los ingresos de la Administración o reducir a otras partidas de gasto en igual cuantía para no alterar el déficit. Y hay una alternativa engañosa de hacerlo que consiste en aumentar el déficit y la deuda. En caso de elevar los impuestos, sólo podríamos estar seguros de que la medida mejora la distribución de la renta cuando quienes perciben las pensiones son más pobres que quienes financian con sus impuestos el aumento del gasto; y en el caso de reducciones en otras partidas de gasto, cuando quienes reciben las mayores pensiones son más pobres que los afectados por la disminución de otras partidas de gasto. En el caso de aumento del déficit, sería preciso conocer que los beneficiarios de las pensiones más altas son más pobres que los contribuyentes que harán frente en el futuro a las obligaciones tributarias derivadas del aumento de la deuda. 

¿Conocemos las rentas de los afectados?

En todo caso, una condición indispensable para que un programa de redistribución cumpla su objetivo es conocer con precisión las rentas de cada uno de los afectados por el programa en cuestión, tanto de los beneficiados o supuestos ‘pobres’, como de los perjudicados o supuestos ‘ricos’, una información de la que normalmente no disponen los políticos que implementan los programas de ‘redistribución’ de la renta. Y como las administraciones tributarias desconocen las rentas reales de una fracción sustancial de la población, los gobernantes de turno apelan con frecuencia a la solidaridad interpersonal tanto para justificar cambios normativos cuyo objetivo no es otro que aumentar la recaudación, como elevaciones del gasto cuyo propósito es en realidad favorecer a algunos colectivos (funcionarios pensionistas, perceptores del salario mínimo, etc.) con importante peso electoral.

Según la Estadística de declarantes publicada por la Agencia Tributaria en al ejercicio de 2019, los Rendimientos del trabajo (neto reducido) ascendieron a 375.324,1 millones y la Base imponible general y del ahorro a 467.323,8 millones, de lo que se deduce que el grueso de la base imponible, 80,3%, lo constituyeron los rendimientos del trabajo. Las cifras de Contabilidad Nacional anual correspondientes a 2019 indican que la Remuneración de asalariados (bruta de cotizaciones sociales) ascendió a 575.889 millones y el Excedente de explotación bruto/Renta mixta bruta a 476.416 millones. Aunque las cifras no son comparables con los de la Estadística de declarantes, resulta indisputable que una fracción sustancial de las rentas generadas en España, especialmente de las rentas no salariales, escapan a la fiscalización de la autoridad tributaria.

Un ejemplo reciente

Con tal grado de desconocimiento de las rentas reales de los ciudadanos, resulta difícil justificar las medidas tributarias y el gasto público apelando a la redistribución de la renta, algo que no es óbice para que los gobiernos lo hagan continuamente sin rubor alguno. El pasado 29 de septiembre sin ir más lejos, Escrivá, titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), justificaba el aumento de las pensiones contributivas con complemento a mínimos (PCCM) y las pensiones no contributivas (PNC) por encima del IPC, aduciendo que al igual que al igual que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), estas pensiones “son un mecanismo muy potente en la redistribución de la renta”. Dicho y hecho: el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el 7 de octubre, contempla una subida de las PCCM y PNC de 3%.

La pregunta que cabría formular al ministro es por qué está tan seguro de que esta medida o la subida del SMI redistribuyen la renta. En línea con lo dicho anteriormente, para sustanciar el argumento en favor de la distribución de la renta de esta subida de las PCCM y PNC se requeriría conocer tanto las rentas de los beneficiarios del programa, los pensionistas afectados por esta medida, como las rentas de los contribuyentes presentes o futuros que aportarán los ingresos adicionales requeridos para financiarla, una información de la que el ministro no dispone. Y digo contribuyentes presentes o futuros porque las cuentas de las Administraciones Públicas, según la Intervención General del Estado, han arrojado déficits en 23 de los 26 años del período 1995-2020 y el déficit acumulado hasta 2020 asciende a 1.014.323 millones. Por su parte, la misma fuente indica que los Fondos de la Seguridad Social son también deficitarios desde 2010 y el déficit acumulado en los últimos 11 años asciende a la nada despreciable cantidad de 145.425 millones. 

No es redistribución de renta

Está claro que una buena parte del aumento del gasto social que están impulsando los gobiernos presididos por Sánchez desde el 1 de junio de 2018 no constituye redistribución de la renta en sentido estricto, sino más bien aumento del déficit público y de la deuda que van a dejar como legado a los contribuyentes futuros, a fin de ganarse el favor de algunos a colectivos con peso electoral.  He elegido el aumento de las PCCM y PNC no porque sea el aumento del gasto menos justificable en la coyuntura actual ni porque la subida anunciada de 3% vaya a tener un gran impacto en las cuentas públicas, 211,9 millones y 89,7 millones, respectivamente, según mis cálculos, sino porque ilustra la obsesión de este gobierno y del ministro Escrivá en particular por aumentar el gasto público, incluso cuando las cuentas públicas llevan demasiados años en rojo y la deuda acumulada alcanzó, según el Banco de España, 1.416.946 millones a finales de julio de 2021, lo que supone 122,8% del PIB.

Un buen ejemplo de esa obsesión lo encontramos en el Informe Económico Financiero que acompaña a los PGE 2021. El Tomo III, pág. 67, incluye el Cuadro II.3 que aquí reproduzco en el que se detallan las aportaciones del Estado a la Seguridad Social cuyo déficit en términos de Contabilidad Nacional había ascendido a 29.334 millones en 2020. Como puede comprobarse, el total de transferencias del Estado al MISSM ascendió a 28.252,72 en 2020 y a 28.312,26 en 2021, con un leve aumento de 1%. Pero el hecho destacable es que la aportación más cuantiosa en 2020 había sido una transferencia del Estado por importe de 14.002,59 millones “para equilibrar el impacto derivado del Covid-19”, un gasto extraordinario que afortunadamente desaparecía en 2021 por la menor incidencia del virus. Excelente ocasión, se dirán ustedes, para reducir el déficit de la Seguridad Social y del conjunto de las AA.PP. 

Ingreso Mínimo Vital

Nada más lejos de la realidad. Como ya he indicado las transferencias del Estado aumentaron 1%. Y aunque el ministro no aumentó la aportación del Estado para las PCCM que, como puede comprobarse en el cuadro cayó de 7.329.12 en 2020 a 7.075,02 en 2021, ni tampoco la ‘prestación familiar no contributiva’ que se redujo de 1.847,6 millones a 1.414,0, Escrivá sí aprovechó la ocasión para elevar las aportaciones del Estado destinadas al Ingreso Mínimo Vital que pasaron de 1.025,20 a 3.016,91 millones; para traspasar al Estado el importe de la ‘reducción en cotizaciones sociales’ con un aumento del gasto de 1.779,45; para incrementar el gasto en ‘prestaciones por nacimiento y cuidado de menor contributivas’ en 2,784,72 millones; y, sobre todo, para elevar el gasto por ‘otros conceptos’ de 1.333,91 a 9.364,83 millones “en cumplimiento de la Recomendación primera de la Comisión del Pacto de Toledo”, recomendaciones que no apuntan precisamente a mejorar la sostenibilidad del sistema.

Fuente: Informe Económico Financiero, Tomo III, p.67.

Reducir gasto, ¿para qué?

En suma, el ahorro que podría haber supuesto la eliminación del gasto extraordinario ocasionado por el Covid-19 en 2020 al MISSM quedó más que compensado por el aumento de gastos estructurales en el presupuesto de 2021 que lastrarán los PGE en años venideros. A algunos analistas, les preocupa la vocación de la ministra Díaz que ve en el Manifiesto Comunista publicado por Marx y Engels en 1848 nada menos que un texto en el que “late, hoy como ayer, una tan vital como apasionada defensa de la democracia y la libertad”, pero a mí me preocupa bastante más el ministro Escrivá que controla la partida más sustancial de ingresos (cotizaciones sociales) y gastos (pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social) de las AA. PP. y parece empeñado en seguir aumentando ambos y trasladando el déficit de su ministerio al Estado.

No se trata de una hipérbole gratuita de quien escribe estas líneas. El anteproyecto de PGE de 2022 aprobado en Consejo de Ministros el 7 de octubre contempla elevaciones en las pensiones contributivas en al menos 2,2%, igual al aumento (interanual) previsto del IPC a finales de este mes, y, como ya se ha indicado anteriormente, el incremento será de 3% para las PCCM y las PNC, con un gasto total en pensiones que ascenderá a 171.176 millones. Y ya verán como las cotizaciones sociales que recaen sobre empleadores y hogares que aumentaron 6,53% en 2021, un gravamen que encarece la contratación de trabajadores y dificulta la creación de puestos de trabajo en España y la competitividad de las empresas, seguirán creciendo a ritmo superior al de los afiliados a la Seguridad Social en 2022. Mas gasto social ‘redistributivo’, más impuestos y más deuda es una receta poco recomendable para impulsar la tan necesaria recuperación de la economía española y crear puestos de trabajo.