Esta semana El País y otros diarios (Le Monde, The Guardian y Washington Post entre ellos) han publicado una información muy relevante conocida como Los Papeles de Pandora. Se trata de una filtración muy voluminosa (11,9 millones de archivos) obtenida de 14 despachos de abogados, principalmente de Panamá. Han participado en esta historia 600 periodistas de 117 países, integrantes de un llamado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los datos obtenidos revelan el uso masivo de fideicomisos, fundaciones y sociedades interpuestas (off shore), creadas por esos despachos de abogados en paraísos fiscales (Belice, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Cook…). Han aparecido unas 27.000 entidades de ese tipo, con unos 29.000 beneficiarios. De todo el mundo. Entre ellos, hay 601 españoles y 751 entidades vinculadas con españoles.
Nos dicen que esas entidades se crean para ocultar en ellas dinero, acciones, mansiones, aviones, yates, obras de arte… La información detalla con pelos y señales los nombres de las entidades y personas involucradas, sobre todo los de mayor transcendencia pública. Tremendo.
Estos Papeles de Pandora son una segunda edición, aumentada, de los Papeles de Panamá que se publicaron, con gran escándalo, hace 5 años, producto de la filtración de un solo despacho de abogados de Panamá. Leemos que, a resultas de eso, la AEAT inspeccionó a 244 contribuyentes y recaudó 140 millones de euros.
COMENTARIOS
1.No se dice cómo se han obtenido esos datos de los despachos de abogados. Nadie se pregunta si ha sido por procedimientos legales o ilegales.
2.Los periodistas reconocen que la creación de esas entidades off shore, en sí misma, no va contra la ley. Y que, en bastantes casos, esas entidades se crean con una finalidad no fiscal. Lo que, desde luego, va contra la ley es utilizar esas entidades para eludir el pago de impuestos. Claro que los periodistas desconocen cuál fue la razón de la creación de la entidad y desconocen si las personas “denunciadas” han pagado o no los impuestos correspondientes. Pero dan a entender que todos son defraudadores fiscales y así lo transmiten a los lectores.
3.El resultado de la publicación de los Papeles de Pandora es que, a los ojos de la gente, ante la opinión pública, las personas “denunciadas” ya están juzgadas, sentenciadas y condenadas como defraudadores fiscales. Y sufrirán la pena de telediario largo tiempo. Y todo ello sin juicio alguno.
4.No hay democracia sin Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario y nadie puede ser condenado sin ser oído y después de un juicio justo y con todas las garantías. Da vergüenza recordar esto.
Pues bien, la publicación de los Papeles de Pandora se salta todo esto a la torera. Unos periodistas consiguen una información tras la que puede haber delito fiscal y, sin pararse en barras, publican a los cuatro vientos la lista de las personas implicadas, denunciándolas desde ya como defraudadores. Ellos ya los han juzgado, sentenciado y condenado. Y la opinión pública también. ¿Para qué hacen falta inspectores de Hacienda, abogados, fiscales, jueces y procedimientos?
5.Nadie discute el periodismo de investigación. Pero la información obtenida no debe difundirse así. Es una información muy en bruto que tiene que ser depurada por expertos y con garantías. Lo correcto es que los periodistas pongan la información obtenida en manos de la AEAT o del Fiscal para que éstos actúen conforme a los procedimientos legales. Lo de juzgar y condenar en la plaza pública no está bien.
Por cierto: parece que todavía no han pasado la información a la AEAT y que ha sido la AEAT quien ha requerido la entrega de los papeles de Pandora. Si su objetivo es luchar contra el fraude, ¿a qué estaban esperando?
