El mundo entero vive desde el inicio de 2020 una convulsión social y económica de una virulencia desconocida desde el final de II Guerra Mundial en 1945. Los fríos datos son bien conocidos: en torno a 233 millones de personas han resultado oficialmente infectadas por el Coronavirus SARS-CoV-2 al que denominaré, por brevedad, Covid-19 de aquí en adelante para referirme indistintamente al virus y a la enfermedad causada; cerca de 4,8 millones de personas han perdido oficialmente de forma prematura la vida, nuestro don más preciado; y la inmensa mayoría de los habitantes del planeta han visto impotentes sus vidas seriamente trastocadas y han sufrido pérdidas económicas muy considerables. Un libro reciente de esta institución titulado Pandemia y resiliencia. Aportaciones académicas en tiempos de crisis analiza aspectos complementarios a los que voy a tratar en esta lección inaugural.
De las muchas cuestiones que podrían abordarse, voy a dedicar mi intervención a intentar explicar por qué la pandemia y la Recesión Epidémica están siendo tan duras en algunos países occidentales, incluido España, a fin de extraer algunas lecciones que puedan resultar útiles para gestionar nuevas crisis que, no lo duden, volverán a golpear a las sociedades democráticas y económicamente avanzadas en las que casi todos nosotros hemos tenido la suerte de nacer y vivir. Aunque tengo también que confesarles que, visto lo ocurrido en los últimos meses, albergo bastantes dudas sobre la capacidad de reacción de nuestras acomodadas e infantilizadas sociedades para afrontar retos de esta envergadura.
Como ustedes tienen a su disposición la versión impresa de esta conferencia y el tiempo de que dispongo es limitado, intentaré centrarme en los aspectos más esenciales. Empezaré recordando cómo se incubó la crisis y cómo respondieron la mayoría de los gobiernos occidentales, prestando lógicamente especial atención a España. A continuación, compararé las consecuencias humanitarias y económicas de dos modelos de enfrentarse a la emergencia muy distintos: el estricto modelo chino y el más laxo seguido por la mayoría de los gobiernos occidentales. Abordaré, en tercer lugar, la compleja cuestión de cuántos muertos ha habido y cuántos años de vida se han perdido. Y finalizaré presentando las lecciones más relevantes que cabe extraer, en mi opinión, de esta trágica experiencia que ha resquebrajado los cimientos sociales y económicos de nuestras sociedades.
La trágica experiencia vivida desde inicios de 2020 sitúa como principal prioridad de cualquier gobierno responsable prepararse para responder con rapidez y eficacia a amenazas similares en el futuro
Inicio de la crisis y primeras respuestas
El 5 de enero de 2020, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China informaba de la existencia de 44 casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, 11 de ellos en estado crítico, e informaba de que las autoridades locales habían cerrado el mercado de Huanan de pescado y animales vivos el 1 de enero para operaciones de saneamiento y desinfección. En ese momento, la OMS consideraba todavía innecesario limitar los viajes y el comercio con China. El 11 de enero de 2020, las autoridades de la República Popular China (RPC) dieron a conocer la estructura genética del nuevo coronavirus. Y en las semanas siguientes, las informaciones sobre infectados y fallecidos que llegaban diariamente desde Wuhan indicaban que el mundo se enfrentaba a un virus altamente contagioso y letal.
La OMS declaró el 30 de enero el máximo nivel de emergencia global y aconsejó al mundo entero “adoptar una política de salud pública integral”. El informe conjunto realizado por la OMS y el gobierno de la RPC entre el 21 y 26 de febrero incluía recomendaciones específicas para todos los países. Éstas eran las dirigidas a aquellos que, como España, habían registrado ya algunos casos importados:
- Activación de los protocolos de gestión de respuesta al máximo nivel para contener al Covid-19 con medidas de salud pública no farmacéutica.
- Priorizar la búsqueda activa y exhaustiva de casos, realizar las pruebas apropiadas y adoptar medidas de aislamiento y rigurosa cuarentena.
- Trasladar a los ciudadanos la noción de la gravedad de la infección y recomendarles pautas a seguir en su vida cotidiana para evitar su transmisión.
- Intensificar la vigilancia para detectar las cadenas de transmisión en todos los pacientes con síntomas similares a la Covid-19 y expandir las capacidades hospitalarias de aislamiento y los equipos respiratorios de soporte.
- Planificar y simular escenarios para desplegar medidas incluso más restrictivas a fin de interrumpir las cadenas de transmisión, suspendiendo las actividades masivas y el cierre de escuelas y centros de trabajo.
El 27 de febrero, el director de la OMS insistía en una comparecencia televisada en que «el mensaje que quiero transmitir a cada uno de estos países es: esta es su ventana de oportunidad. Si adoptan medidas agresivas ahora, pueden contener este virus. Pueden evitar que la gente caiga enferma. Pueden salvar vidas. Así que mi consejo para estos países es que actúen con rapidez». Pese a las advertencias y recomendaciones de la OMS, los gobiernos de la mayoría de los países occidentales a ambos lados del Atlántico continuaron trasladando a la población la noción de que podíamos continuar con nuestras vidas y viajar con normalidad, incluso al norte de Italia donde la epidemia había irrumpido con fuerza en la segunda quincena de febrero, y descartaban la necesidad de adoptar medidas de protección a nivel individual.
El caso del gobierno español resulta paradigmático. Durante las semanas críticas que precedieron a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), se dedicó en sus diarias comparecencias televisadas a tranquilizar a la población asegurando que “España no va a tener, como mucho, más allá de unos pocos casos diagnosticados”, y descartando la posibilidad de que aquí pudiera llegar a producirse transmisión comunitaria. Todavía el 7 de marzo, Simón insistía en que no existían razones para prohibir actos multitudinarios y manifestaciones, y rechazaba con suficiencia la posibilidad de que pudiera producirse un colapso del sistema hospitalario. Tampoco la valoración de los gobiernos autonómicos de la crisis era muy distinta de la del gobierno central, pese a lo que a veces se ha dicho. En Cataluña, por ejemplo, algunos expertos en la materia llegaron a calificar la enfermedad de leve, y altos cargos de la Consejería de Salud manifestaron que el problema que les preocupaba en ese momento era la gripe, no la Covid-19.
En los primeros meses de 2020, los organismos internacionales como el FMI y la OCDE optaron por revisar moderadamente a la baja sus previsiones de crecimiento mundial y regional. En su Informe interino sobre las Perspectivas de la Economía Mundial publicado el 2 de marzo, la OCDE se limitó a recortar en 5 décimas (de 3,4% a 2,9%) el crecimiento mundial, si bien el organismo advertía que “la economía global se enfrenta a su mayor peligro desde la crisis financiera. Contener la epidemia y proteger a las personas es la prioridad”. Quizá la prudencia y el deseo de no añadir más leña al fuego primaron sobre el análisis puro y duro.
Como cualquier otro ciudadano, el jueves 12 de marzo acudí a mi centro de trabajo e impartí, sin saberlo todavía, las que serían mis últimas clases presenciales en la UAB a la que me había incorporado en octubre de 1984. Aquella misma noche recibí un mensaje del Rectorado informándome de la suspensión indefinida de las actividades docentes a partir del viernes 13. La gravedad de la situación quedó plenamente confirmada cuando el presidente del gobierno decretó el primer estado de alarma en todo el territorio nacional al día siguiente, restringiendo la libertad de circulación de los ciudadanos y suspendiendo todas las actividades no esenciales (incluida la enseñanza presencial) durante 15 días.
En esos momentos, cualquier profesional de las ciencias sociales podía anticipar que el mundo en su conjunto y España en particular se enfrentaban a una crisis sanitaria de enorme calado que, de no atajarse pronto, podía causar una tragedia humanitaria y una recesión económica mundial muy severas. El mismo 14 de marzo publiqué mi primer artículo titulado Covid-19: un convidado de piedra que mata, y una semana después apareció el segundo, Emergencia social y económica, en el que presentaba mis primeras estimaciones de caída del PIB y aumento del déficit público en España para el primer semestre de 2020.
Las políticas fiscales han ayudado a mitigar los efectos de la Recesión Epidémica y han resultado más eficaces en los países que como Estados Unidos reaccionaron con rapidez y contundencia proporcionando ayudas directas a las familias y empresas afectadas
He añadido estas referencias personales para subrayar que incluso quienes, como en mi caso, habíamos vivido hasta el 12 de marzo ajenos a la crisis que se estaba incubando, confiados en la veracidad de las informaciones que recibíamos del gobierno, podíamos analizar la nueva situación con objetividad y anticipar sus consecuencias. Permítanme reproducir un fragmento del segundo artículo en el que alertaba de la enorme gravedad de la situación:
«La caída del PIB podría alcanzar 12,5% en el primer semestre de 2020 y el aumento del déficit de las AA. PP. dispararse hasta el 11,5% del PIB del semestre. Estas consecuencias se amortiguarán en el segundo semestre, si logramos contener la pandemia en los próximos meses y recuperar los niveles de actividad en el tercer y cuarto trimestres de 2020, aunque lo más probable es que se produzcan también caídas de la actividad en el segundo semestre».
Pues bien, el paso del tiempo resolvió la incógnita y el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima en 12,9% la caída del PIB en el primer semestre de 2020 y las cuentas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) arrojan un déficit público igual a 13,2% del PIB. Pese a la lógica cautela con que presente mis previsiones, publicadas varias semanas antes de que lo hiciera el Banco de España, resultaron bastante certeras. Ahora bien, de haber afirmado en ese artículo que el PIB de España se reduciría unas decimillas como mucho, mi credibilidad como economista sería hoy tan baja como la de quienes gestionaron la crisis epidemiológica en España.
Dos modelos de gestión de la crisis: China frente a Occidente
A estos dos primeros artículos les siguieron 52 más, el último titulado China y Occidente: lecciones de la pandemia publicado el pasado 12 de junio, que componen una suerte de crónica casi semanal dedicada a examinar la evolución de la crisis sanitaria, social y económica vivida en España y otros países occidentales, sin perder de vista a China, el epicentro desde donde se expandió la pandemia a todo el planeta. Los he recogido en un volumen titulado Covid-19: La Gran Decepción. Un serio aviso para España y Occidente que espero vea la luz en breve.
Las políticas aplicadas en China para hacer frente al Covid-19 merecen ser estudiadas con mucha atención en Occidente, porque pese a ser el primer país en sufrir los estragos de un virus desconocido, la imposición de un confinamiento y desescalada muy estrictos permitió frenar en seco el número de casos y fallecidos en muy pocas semanas y recuperar el pulso de la actividad económica en el segundo trimestre de 2020. No quiere ello decir que la gestión realizada por las autoridades chinas sea el único modelo digno de estudio, puesto que hay algunos países en Asia (Corea del Sur y Japón), Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) e incluso Europa (Finlandia y Noruega) que han contenido con bastante éxito la expansión del virus y merecen ser también analizados. Pero lo cierto es que de entre todos los países o regiones con cierto peso en la economía mundial, China sobresale por ser el único que logró salvar 2020 con una baja pero envidiable tasa de crecimiento del PIB de 2,3%, frente a las severas caídas registradas en Estados Unidos, 3,5%, la Eurozona, 6,5%, y España, 10,8%. India y Japón con caídas de 7,3% y 4,9%, respectivamente, tampoco salieron bien librados.
Aunque hay fundadas razones para sospechar que las cifras de contagios (96.000) y fallecidos (4.636) proporcionadas por las autoridades chinas infravaloran considerablemente la realidad, disponemos de suficiente información fiable como para poder afirmar que las expeditivas medidas adoptadas impidieron que la epidemia se extendiera a los 1.446 millones de habitantes del coloso asiático, y posibilitaron la recuperación paulatina de la normalidad social y productiva. De haber seguido China políticas de salud pública tan laxas como las aplicadas en Estados Unidos, el número total de infectados podría haber alcanzado 170 millones en lugar de los 96.000 oficialmente reconocidos por las autoridades chinas, el número de muertos 2,8 millones en lugar de los 4.636 oficialmente contabilizados, y la contracción del PIB 1.385.154 millones de dólares en lugar de 556.917 millones.
Aun admitiendo que las cifras de casos y fallecidos en China están infravaloradas, la diferencia entre lo que podría haber ocurrido y lo acaecido es tan enorme que, puestos a elegir entre ambos escenarios, la comparación ofrece pocas dudas. En contraste, la magnitud de la catástrofe humanitaria que está viviendo Estados Unidos cobra toda su fuerza cuando se compara la cifra de muertos en todas las guerras libradas en los siglos XX y XXI, 617.264, con los 709.000 fallecidos por Covid-19, o la de víctimas en el atentado a las Torres Gemelas, 2.606, con el reguero inacabable de muertes diarias por Covid-19: 2.718 personas el 15 de abril de 2020; 4.489 el 12 de enero de 2021; y 2.544. el pasado 15 de septiembre. Muchas de estas muertes podrían haberse evitado con otras políticas.
Si bien es cierto que las estrategias de salud pública adoptadas en Estados Unidos y los países de la UE resultaron igualmente inefectivas para frenar la expansión de los contagios y posibilitar la pronta recuperación de sus economías, resulta muy llamativa la diferencia en la magnitud de las caídas del PIB registradas a ambos lados del Atlántico. Esta diferencia se explica, en buena medida, por las contundentes políticas fiscales puestas en marcha por el presidente Trump en marzo de 2020 (CARES-Act) y diciembre de 2020 (Consolidated Appropiations Act), y el presidente Biden (American Rescue Plan Act of 2021) en marzo de 2021, diseñadas expresamente para aliviar la situación de los ciudadanos que perdieron sus puestos de trabajo y de las empresas que vieron recortada su facturación por la crisis sanitaria.
No puede decirse lo mismo a este lado del Atlántico, donde cada Estado adoptó las medidas que sus gobiernos consideraron oportunas y la respuesta de la UE ha sido casi imperceptible, más allá de coordinar la adquisición de vacunas. Porque si bien el Consejo extraordinario celebrado el 21 de julio de 2020 aprobó un ambicioso programa de 750.000 millones denominado Next Generation EU, la finalidad de esos fondos no era sacarnos de la recesión lo antes posible, sino impulsar el proceso de transición ecológica y digital y aumentar la resiliencia en el horizonte 2021-2026. De los 140.000 millones asignados a España en concepto de transferencias y préstamos, los primeros 9.000 millones de transferencias llegaron a finales de agosto de 2021 y basta comparar esta cifra con los 134.641 millones de PIB (real) que se perdieron en 2020 para concluir que la ayuda llega muy tarde, y es, en todo caso, muy modesta.
Ya he mencionado que España encabeza los países europeos con una caída del PIB de 10,8% en 2020, 4,3 puntos porcentuales superior al conjunto de la Eurozona (6,5%) donde ningún otro país registró caídas superiores a 9%, siendo los siguientes en la lista Italia, 8,87%, Malta 8,29%, Grecia 8,25%, Croacia 8,03% y Portugal 7,57%. Aunque requeriría una investigación más exhaustiva explicar la destacada posición de España en este ranking del infortunio, la evidencia disponible apunta a que la mala gestión gubernamental de la epidemia ha jugado un papel fundamental. Tres son los aspectos de esa gestión que me gustaría destacar. Primero, la ausencia de medidas preventivas para contener la expansión de la epidemia y preparar el sistema sanitario y asistencial agravó la situación epidemiológica, un asunto al que me referiré enseguida. Segundo, cuando el gobierno se vio al fin compelido a decretar el estado de alarma el 14 de marzo para frenar el aumento explosivo de contagios, la imposición de un confinamiento domiciliario bastante estricto y la paralización de todas las actividades no esenciales, produjeron un desplome histórico del PIB, 21,5%, muy superior al registrado en la Eurozona, 14,50%. Puede decirse que el estado de alarma llegó demasiado tarde para contener la explosión de casos y fallecimientos registrados en la segunda quincena de marzo y abril, pero agravó la caída de la economía española.
Por último, la severidad y duración de la recesión en España cabe achacarla también a que el gobierno no aprovechó el confinamiento domiciliario durante los primeros estados de alarma para diseñar cuidadosamente la desescalada y evitar nuevas oleadas de contagios. Aún con los muertos calientes, el presidente Sánchez daba por superada la crisis a finales de mayo y animaba a los ciudadanos a planear sus vacaciones veraniegas, una actitud que califiqué de “triunfalismo indecente y fuera de lugar” en un artículo publicado el 5 de julio. Pocas semanas después de finalizar el último estado de alarma el 21 de junio, se iniciaba el segundo período de exceso de mortalidad, a caballo entre julio y agosto de 2020, y los gobiernos autonómicos se veían compelidos a adoptar medidas para restringir la movilidad, a fin de contener el aumento de casos y evitar la sobresaturación de los hospitales. Y al segundo episodio le siguió un tercero, más intenso y duradero que se inició el 1 de septiembre y finalizó el 25 de diciembre de 2020, y obligó al gobierno central a decretar nuevos estados de alarma en octubre y noviembre que, aunque algo menos estrictos que los de primavera, completaron un 2020 que bien podríamos calificar de auténticamente calamitoso y ruinoso.
En ese escenario de descontrol epidemiológico en que estuvo sumida la sociedad española desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, resultaba de todo punto imposible que el turismo, con tanto peso en la economía española, pudiera empezar a recuperarse e impulsar la actividad económica. De hecho, el número de turistas internacionales se redujo 86,14% desde abril a diciembre de 2020 en relación con el mismo período de 2019, y el gasto cayó 89,50%. En suma, la deficiente gestión de la primera oleada y de la subsiguiente caótica desescalada son, en mi opinión, las causas principales de que la Recesión Epidémica se prolongara después de levantarse el último estado de alarma el 21 de junio de 2020, y se desvaneciera la esperanza de que su perfil fuera en forma de V, esto es, una caída brusca de la actividad económica seguida por una pronta y briosa recuperación.
Cuántos muertos ha habido y cuántos años de vida se han perdido
Para responder estas delicadas preguntas, hay que ir más allá de las cifras de casos y fallecidos reconocidos por el Ministerio de Sanidad y examinar la información que proporciona la Estadística de defunciones semanales elaborada por el INE y las estimaciones de exceso de mortalidad elaboradas por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria y publicadas en los Informes MoMo del Instituto de Salud Carlos III. En el primer caso, el exceso de defunciones en la primera oleada de contagios, desde la 11ª hasta la 19ª semanas de 2020 en relación con el mismo período de 2019, asciende a 49.063, cifra muy elevada cuando se la compara con el total de exceso de defunciones, 54.914, en las 33 semanas restantes de 2020 y las 30 primeras semanas de 2021 (hasta el 29 de agosto de 2021). Esa conclusión se refuerza al constatar que las cifras de exceso de mortalidad en los Informes MoMo para la primera oleada (10 de marzo-9 de mayo 2020), 46.635, es mayor que el exceso total acumulado en todas las restantes oleadas, 39.336 (entre el 20 de julio de 2020 y el 18 de junio de 2021).
De estas comparaciones se puede concluir que la tasa de mortalidad fue mucho más elevada en la primera oleada que en todas las siguientes, como también lo fue el elevado número de sanitaros que resultaron infectados, algo que sólo puede achacarse a la inacción del gobierno de España hasta el 14 de marzo. Que los principales responsables gubernamentales de gestionar la epidemia llegaran a decirnos que “no tiene ningún sentido que la población ande o no preocupada por si tiene o no mascarillas en casa”, o que “no son necesarias en España para ir por la calle”, da una idea de su pasmosa frivolidad. Todavía el 14 de mayo, recién concluida la letal primera oleada, el Ministerio de Consumo aconsejaba “las mascarillas FFP2 sólo para profesionales sanitarios y personas vulnerables”. Hacer semejantes afirmaciones antes e incluso al término de la primera oleada, con casi 50.000 muertos en la mochila, raya en la irresponsabilidad. A este asunto dediqué varios artículos con títulos tan expresivos como El Covid-19 desnuda a la clase política de Occidente, En manos de quienes estamos o Las consecuencias mortales de la desinformación.
El número de fallecidos depende en última instancia del número de casos y de la eficacia de los sistemas sanitarios, pero como hemos visto no todos los países siguieron la misma estrategia para afrontar la emergencia sanitaria. En el artículo Vidas truncadas I, publicado el 1 de agosto de 2020, destaqué la importancia de contener la expansión de los contagios con algunos ejemplos contrafactuales sencillos. Algunos países como Estados Unidos fracasaron en el intento de contener los contagios, pero gracias a su avanzado sistema sanitario registraron una baja tasa de mortalidad. China, por el contrario, logró contener la expansión de casos imponiendo un rigurosísimo confinamiento y una igualmente rigurosa desescalada, pero disponía de un sistema sanitario menos eficaz que el estadounidense. Pues bien, en China podrían haberse salvado quizás unos pocos miles de vidas con un sistema sanitario tan eficaz como el estadounidense, y en Estados Unidos en torno a 150.000 vidas de haber controlado la expansión de contagios con la misma eficacia que el gobierno de Pekín. En ese mismo artículo, indicaba que se estimaba en 11 para los hombres y 13 para las mujeres el número medio de años de vida perdidos por los fallecidos a causa del Covid-19, cifras corregidas por el número de dolencias previas de las víctimas, y citaba un estudio publicado en MedRXIV el 6 de junio de 2020 que estimaba “en 1.128.186 el número de años perdidos, lo que sitúa al Covid-19 como la segunda causa de mortalidad en cuanto a años de vida perdidos se refiere” en Estados Unidos.
En un artículo posterior, Vidas truncadas II, publicado el 5 de diciembre de 2020, examiné con más detalle lo ocurrido en España. Por esas fechas, se podían estimar en 70.717 el exceso de fallecidos con los datos de la Estadística de defunciones semanales del INE, en tanto que los Informes MoMo cifraban en 67.709 los excesos de mortalidad acumulados hasta el 30 de noviembre. TVE informaba el 27 de noviembre que la cifra de sanitarios infectados alcanzaba ya 86.028. El artículo incluía también un cuadro donde desglosaba las cifras de exceso de fallecidos por grupos de edad y las correspondientes estimaciones de años de vida perdidos para cada grupo en la primera y siguientes oleadas. Pues bien, el total de años de vida perdidos era una cifra imponente: 711.351 años, 426.223 en la primera oleada y 285.228 en la segunda y tercera.
En ese artículo, advertía también que en lugar de los brotes verdes anunciados por el presidente Sánchez al final de la primera oleada, estábamos inmersos en “la recesión más severa registrada por la economía española desde la Guerra Civil con una caída del PIB que se situará en torno a 12% para el conjunto del año”. Reconozco que me pasé un poco porque la caída del PIB acabó siendo 10,8%. A ningún analista independiente se le escapaba a esas alturas de la crisis la gravedad de la situación en que nos encontrábamos, y resultaba imposible apartar la idea de que gran parte de esos infortunios podrían haberse mitigado de haber alertado el gobierno a la población de la contagiosidad y letalidad del virus, implementado las medidas recomendadas por la OMS en enero y febrero de 2020 para prevenir la expansión incontrolada de contagios, y preparado los sistemas hospitalarios y las residencias de mayores antes de que la guadaña segara sin contemplaciones la vida de decenas de miles de desprevenidos ciudadanos e infectara a decenas de miles de personal sanitario.
No responder con agilidad y eficacia a emergencias sanitarias como la vivia en los últimos meses se acaba pagando muy caro y puede propiciar indirectamente el avance de regímenes autoritarios.
Algunas lecciones para Occidente
La emergencia sanitaria y la subsiguiente Recesión Epidémica ocasionadas por la irrupción del virus Covid-19 a finales de 2019 en la prefectura de Wuhan, todavía vivita y coleando, plantea numerosas cuestiones que todos los gobernantes responsables deberían formularse, no tanto con la vista puesta ya en el pasado inamovible cuanto en la prevención de emergencias futuras similares. Existen todavía muchas incógnitas, pero sobre lo que no cabe duda alguna es que los costes han sido altísimos y podrían haber sido aún mayores de no haberse descubierto tan pronto las vacunas. Éstas son, a mi juicio, las principales lecciones que cabe extraer del episodio:
Primera: la trágica experiencia vivida desde inicios de 2020 sitúa como principal prioridad de cualquier gobierno responsable prepararse para responder con rapidez y eficacia a amenazas similares en el futuro. Los gobiernos deberían tener listos planes de contingencia en materia de salud pública y activarlos sin dilaciones para evitar la expansión incontrolada de los contagios y la afectación de los grupos más vulnerables de la población.
Segunda: el propósito de imponer confinamientos estrictos a la población no es únicamente el de inmovilizar a los ciudadanos para reducir los contactos y la transmisión comunitaria, sino rebajar las cifras de contagios diarios por debajo de un umbral suficientemente bajo que posibilite a las autoridades al iniciar la desescalada detectar con rapidez cualquier nuevo brote y evitar que la situación desemboque en una nueva oleada pocas semanas después.
Tercera: las políticas fiscales han ayudado a mitigar los efectos de la Recesión Epidémica y han resultado más eficaces en los países que como Estados Unidos reaccionaron con rapidez y contundencia proporcionando ayudas directas a las familias y empresas afectadas, una actitud que contrasta con la inacción de la UE que dejó la respuesta en manos de cada país y se ha limitado a aprobar un programa de ayudas para impulsar la transición ecológica y digital y aumentar la resiliencia en el horizonte 2021-2026 sin ningún efecto apreciable hasta la fecha.
Cuarta: los costes económicos en las recesiones epidémicas se multiplican cuando los gobiernos no adoptan medidas de carácter preventivo para contener los contagios y cuanto más inefectivas resultan las desescaladas. Priorizar las políticas dirigidas a controlar la epidemia, amortigua la intensidad y acorta duración de la recesión ocasionada por ellas. A finales de mayo de 2020, algunos gobiernos occidentales, el español entre ellos, dieron por controlada la situación cuando en realidad estábamos a punto de iniciar nuevas oleadas de contagios que prolongarían la Recesión epidémica.
Quinta: si bien es cierto que en el caso del Covid-19 la mortalidad fue más alta en la primera oleada que en las siguientes y las vacunas han ayudado a reducir las cifras de contagios y mortalidad en 2021, los gobiernos no pueden dar por descontado que vaya a ser siempre así en el futuro. Las políticas de salud pública deberían diseñarse haciendo uso intensivo de las nuevas tecnologías para minimizar el coste en vidas humanas y las pérdidas de producción, rentas y empleo.
Sexta: los gobiernos de las economías avanzadas imponen estándares sanitarios y medioambientales más exigentes y condiciones laborales más estrictas que en las economías emergentes y en vías de desarrollo, con los loables propósitos de proteger la salud de sus ciudadanos y trabajadores y reducir las emisiones medioambientales. Pero estas políticas han elevado los costes de producción y propiciado la deslocalización de la actividad productiva hacia países como China que producen con regulaciones más laxas los bienes y servicios que luego importamos. En buena lógica, esas importaciones deberían estar sujetas a aranceles equivalentes a los costes impuestos a las empresas locales por las regulaciones más estrictas vigentes en los países importadores.
Quisiera terminar con una reflexión de carácter incluso más general. El modelo seguido por las autoridades chinas para afrontar al Covid-19 se ha sustentado en dos pilares, confinamientos muy estrictos pero breves y desescaladas rigurosamente vigiladas, de eficacia probada que han contenido las cifras de infectados y fallecidos y las pérdidas de producción, e incluso acortado la duración de las limitaciones impuestas a la movilidad. Comprendo las reticencias a aplicar un modelo de marcado cariz autoritario, pero los gobiernos occidentales harían bien en sopesar los efectos de gestionar con la misma laxitud crisis similares en el futuro por varias razones de peso: la pérdida de vidas humanas; la incertidumbre de encontrar antídotos pronto; la impaciencia de los ciudadanos cuando se alargan las restricciones que acaban revolviéndose contra las limitaciones a la movilidad y las restricciones horarias, por pequeñas que sean; y, cómo no, las cuantiosas pérdidas económicas ocasionadas al prolongarse la recesión. No responder con agilidad y eficacia a emergencias sanitarias como la vivida en los últimos meses se acaba pagando muy caro y puede propiciar indirectamente el avance de regímenes autoritarios.
Este texto reproduce la Lección inaugural completa impartida por el autor en el curso académico 2021-2022 de la Universidad Abad Oliba CEU el pasado miércoles 29 de septiembre.
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