Pocos podían pensar el 1 de octubre de 2017 que, cuatro años más tarde, no solo Cataluña no sería independiente sino que la unidad que facilitó la celebración del referéndum ilegal pasaría a la historia como lo hizo la posterior y efímera proclamación de independencia. En este cuarto aniversario, el separatismo se encuentra más dividido que nunca, sin liderazgos claros y, sobre todo, incapaz de articular una estrategia frente a un Estado al que le ha bastado aplicar escrupulosamente la ley para poner freno a cualquier otra intentona golpista.
Sin embargo, en fechas como la de este viernes, los independentistas intentan que la imagen sea diferente a la realidad. Y, así, se esfuerzan en aparentar unidad en la reclamación a España de otra nueva consulta sobre la independencia y la tan traída y llevada ley de amnistía. Pero también en reivindicar la legalidad de un referéndum que no lo fue. Basta recordar que más de la mitad de los catalanes no participaron precisamente por esa falta de legalidad y de legitimidad. O los numerosos avisos que los tribunales emitieron en las semanas anteriores a su celebración y con los que el entonces presidente autonómico, Carles Puigdemont, posaba entre irónicas sonrisas.
Un Govern para unos pocos
El presidente Pere Aragonés, por ejemplo, ha pedido este viernes «recuperar el espíritu» de aquel día, «cuando se consiguió la comunión del 1 de octubre». Y ha añadido sin importarte que la institución represente a todos los catalanes, independentistas o no: «El Govern se declara orgulloso del referéndum del 1-O y nos conjuramos a trabajar para hacer posible la culminación de la independencia de Cataluña».
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, también ha apelado a la unidad como estrategia: «El 1 de octubre se hizo con unidad, confianza, ilusión y con la esperanza de un futuro mejor».
Protagonistas indiscutibles de aquella jornada fueron las entidades Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, responsables, sobre todo, de la manipulación de las bases para, vía emoción, animarlas a salir a votar y, sobre todo, a enfrentarse a las fuerzas de seguridad estatales, que tenían la misión de impedir que se celebrara la consulta ilegal. Cuatro años más tarde, insisten en la idea de volver a hacerlo, a pesar del coste que ha tenido la intentona tanto para el separatismo en particular como para Cataluña en general.
