El separatismo no solo cometió irregularidades económicas durante el procés, sino presuntamente también a la hora de cubrir a los que las cometieron. Es lo que se desprende de que la Fiscalía Superior de Cataluña haya citado a declarar a distintos miembros del Institut Català de Finances (ICF). En concreto, tal y como cuenta el diario ARA, el organismo ha citado a las personas que participaron en la reunión en la que se resolvió avalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas, a los que éste reclama 5,4 millones de euros por su implicación en la trama exterior del proceso secesionista. Entre ellos, se cuentan los integrantes del ICF que votaron no al aval, como Rafael Abella, Albert Vilumara y José Luis Peydró, así como Víctor Guardiola, que se abstuvo. Se trata de miembros independientes sin afiliación a partido alguno.
La investigación de la Fiscalía nace de una denuncia interpuesta por el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, contra el ICG por avalar las fianzas de los exdirigentes del Govern a los que el Tribunal de Cuentas acusa de haber destinado dinero ilícitamente al procés. La denuncia no excluye al Consell Executiu del Govern, ya que el aval procede del Fondo Complementario de Riesgos creado por la Generalitat mediante un decreto el pasado mes de julio. Y es que, según Cs, el fondo perseguía conseguir «el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta».
El Consell de Garanties Estatutàries no aprecia ilegalidad
Es reseñable que la junta del ICF quedó partida por la mitad durante la votación de la concesión de los avales de la polémica. Así, mientras los vocales independientes votaron en contra, los dominicales —designados en representación del Govern— votaron a favor. Pese a todo, el Consell de Garanties Estatutàries es autor de un informe de 74 páginas según el cual la creación de dicho fondo no vulnera el Estatut. Según el escrito, la Generalitat está «habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos».
