Las últimas semanas estamos asistiendo a otro capítulo más de la lenta pero constante decadencia de Cataluña.
El Gobierno de España (con la oposición de su socio de gobierno, representado por Ada Colau), ha propuesto la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, a la que se destinaría 1.700 millones de euros. Y hay que recordar que este dinero no saldrá del bolsillo de los contribuyentes, sino de los usuarios del aeropuerto (compañías aéreas y pasajeros).
Por su parte, el Gobierno de la Generalitat aceptó en agosto la propuesta, pero la ha rechazado en septiembre. Las explicaciones que ha dado para justificar su cambio de opinión son, siendo benévolos, muy poco fundadas y convincentes.
«El Gobierno de la Generalitat aceptó en agosto la propuesta, pero la ha rechazado en septiembre. Las explicaciones que ha dado para justificar su cambio de opinión son, siendo benévolos, muy poco fundadas y convincentes».
Tras sus argumentos medioambientales parece esconderse una cesión a la presión de sus socios de la CUP, y a no querer enfrentarse con Podemos, interlocutores preferentes del Gobierno de la Nación.
La ampliación, tal y como ha sido diseñada, no tiene alternativa si lo que queremos es que nuestro aeropuerto tenga una capacidad suficiente para convertirse en una instalación generadora de nuevos tráficos y nuevos destinos, especialmente de larga distancia. Es lo que viene a denominarse un aeropuerto hub.
Las alternativas de potenciar los aeropuertos de Reus y Girona no son incompatibles con la ampliación del de Barcelona, pero no sirven para conseguir lo señalado. El tráfico de conexión debe realizarse en una misma instalación, donde el traslado de los pasajeros de una aeronave a otra se haga en breve tiempo.
Lamentablemente, tampoco puede ampliarse la pista contigua al mar sin invadir una de las dos lagunas que la limitan. Y la que menos impacto genera es la más cercana al puerto, pues invadir la situada al sur afecta a zonas pobladas. Pero aquí hay que recordar que para minimizar los daños existen las compensaciones medioambientales, que Aena ha manifestado que está dispuesta a realizar con generosidad.
«Para minimizar los daños existen las compensaciones medioambientales, que Aena ha manifestado que está dispuesta a realizar con generosidad».
Hay que tener en cuenta que, desde que se aprueba un proyecto de esta envergadura, hasta que se abre al uso público, pueden pasar diez años. Así fue con la anterior ampliación, llamada Plan Barcelona, que concluyó con la apertura de la T-1 en 2009.
Labores como el nuevo planeamiento urbanístico, la aprobación de las modificaciones medioambientales, las expropiaciones forzosas necesarias para ocupar el terreno, la contratación y redacción de los diferentes informes y proyectos constructivos, la contratación y ejecución de las obras y las pruebas de funcionamiento harán necesario ese periodo de diez años.
«Barcelona, y por extensión Cataluña y España, se encuentran ante una oportunidad. De sus dirigentes dependerá que la aprovechen, generando riqueza y puestos de trabajo para las próximas generaciones».
Barcelona, y por extensión Cataluña y España, se encuentran ante una oportunidad. De sus dirigentes dependerá que la aprovechen, generando riqueza y puestos de trabajo para las próximas generaciones, o que demos otro paso más en la decadencia de Cataluña.
