La ampliación del Aeropuerto del Prat, acordada entre el Gobierno central y, al menos, Junts, hace escasas semanas queda en suspenso tras el rechazo del presidente Pere Aragonés (ERC) al proyecto por motivos medioambientales. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dado a conocer la decisión este miércoles y ha explicado que AENA no incluirá en su Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA) los 364 millones de euros que estaba previsto invertir en una primera fase del proyecto de ampliación del principal aeródromo catalán. En total, el Estado debía dedicar a la modernización del aeropuerto barcelonés 1.704 millones de euros.
Sánchez ha señalado que la decisión se ha tomado tras conocer que el Govern no apoya la ampliación tal y como está proyectada. «El pacto», ha dicho la ministra, «se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de esta envergadura sin un apoyo nítido y decidido de la Generalitat». Sánchez también ha indicado como argumento para la decisión el hecho de que algunos miembros del Govern, entre los que se encuentran los republicanos, han dado su apoyo a la manifestación convocada para el próximo día 19 contra la ampliación.
«El Gobierno», ha dejado claro la ministra de Transportes, «quiere que Cataluña vuelva a ser un motor económico de España pero no va a imponer este proyecto porque la Generalitat no lo hace posible». La ruptura del acuerdo, no obstante, no afectará a las inversiones previstas desde el Estado para los aeródromos de Reus y Girona.
La ruptura entre ambos ejecutivos se ha producido por las diferentes opiniones sobre cómo debe llevarse a cabo la ampliación. Y es que para construir la tercera pista sería necesario invadir el espacio protegido de La Ricarda. Algo que el Govern no está dispuesto a aprobar. Sobre todo por el rechazo que genera en los municipios de la zona. A esto se suma la amenaza de Guanyem-CUP de romper el pacto que permite gobernar a ERC si da luz verde al proyecto.
El delirio
En el siempre ilógico escenario político catalán, la noticia ha sido recibida de forma negativa. ERC, en lugar de alegrarse de la cancelación de un proyecto al que supuestamente se opone, ha acusado al Gobierno de que la inversión prevista «no era más que un chantaje al Govern«. Y ha añadido que se trataba de «una evidencia más de que el Gobierno español está en las antípodas de los consensos del país».
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, el posconvergente Jordi Puigneró, ha mostrado, por su parte, el rechazo a la decisión. Ha acusado al Gobierno central de deslealtad y ha recordado que la ampliación del Prat representaba «una inversión de 1.700 millones de euros en una infraestructura importante para el país«. Se trata, ha añadido, de «un acuerdo que buscaba convertir el Prat en un hub intercontinental y que blindaba la preservación de La Ricarda».
Desde la CUP, ha sido la diputada Eulalia Regüant la que ha calificado la decisión del Gobierno central como «importante». Sin embargo, también ha indicado que «la facilidad que tienen de ignorar la voluntad de la gente que lleva semanas organizándose en contra del despropósito es insultante». Regüant también ha exigido al Govern de Aragonés que «deje de apostar por pelotazos insostenibles, precarios e incompatibles con la ley contra el cambio climático».
Si la decisión del Gobierno central se ha tomado para evitarle a Aragonés el mal trago de una manifestación que se preveía multitudinaria, esto ha servido de poco. Tras conocerse la suspensión de la inversión en el Aeropuerto del Prat, centenares de usuarios de la redes sociales han exigido a los organizadores que mantengan la convocatoria de protesta para el día 19. También lo han hecho alcaldes como el de El Prat, Lluís Mijoler, quien en una entrevista radiofónica ha asegurado que «esto no se acaba». El primer edil no parará hasta que se apruebe el DORA sin el proyecto de ampliación del aeródromo barcelonés.
