La Consellera de Universidades e Investigación, Gemma Geis ha calificado de “fascista” a la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) diese la razón (en sede cautelar) a la entidad y obligase al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) a facilitar los exámenes de acceso a la universidad en cualquiera de las lenguas oficiales, sin dar preferencia a unas sobre otras.
Según ha manifestado la AEB a través de un comunicado, «es una acusación de una extraordinaria gravedad, sobre todo viniendo de una autoridad pública y dirigiéndose contra una entidad de la sociedad civil que, por su defensa de los principios democráticos y de los derechos fundamentales, es crítica con los planteamientos del gobierno autonómico catalán».
«Es una acusación de una extraordinaria gravedad, sobre todo viniendo de una autoridad pública y dirigiéndose contra una entidad de la sociedad civil que, por su defensa de los principios democráticos y de los derechos fundamentales».
AEB
En este contexto, denuncia la entidad, «el señalamiento público por parte de un miembro de ese gobierno dirigido contra la mencionada entidad no puede entenderse más que como una forma de presión que va más allá del legítimo derecho a la crítica y se aparta de las reglas del debate político».
Práctica de acoso
Para la AEB, estamos ante una «práctica de acoso que no se corresponde con los estándares democráticos» y anuncian que se pondrá en conocimiento de las instituciones de la UE «esta nueva quiebra democrática en Cataluña». Finalmente, exigen respeto por parte del poder público hacia las entidades de la sociedad civil, evitando «descalificaciones gratuitas». Eso, insisten «no está reñido con la discrepancia y la crítica».
Geis afirma que su acusación se debe a que la AEB «no aporta pruebas de lo que dice». Según la entidad, en su «escrito presentado al TSJC sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas por dicho Tribunal en relación a las pruebas de acceso a la Universidad del mes de junio donde se detallan los indicios de los que disponía la AEB en relación a dichas pruebas.
La Generalitat miente
Según la Asamblea por una Escuela Bilingüe, «ese escrito fue contestado por el CIC, quien pudo aportar todas las informaciones y datos que considerara relevantes y sobre ese contraste ha decidido el TSJ». Sin embargo, la Generalitat ha sido incapaz de convencer al TSJC de que había aplicado correctamente las medidas decretadas en junio».
Además, sostiene la entidad, el escrito se acompañó de testimonios de personas que participaron en las pruebas en el mes de junio y «la intención del CIC era facilitar inicialmente las preguntas en catalán, tal como se había hecho en años anteriores».
Después, al verse obligados a facilitar los exámenes en cualquiera de las lenguas oficiales continuaron en la idea de no atender a las exigencias del tribunal. El resultado, según la AEB «fue que se arbitraron mecanismos que obligaban al estudiante a significarse para obtener la formulación de las preguntas en castellano, que es lo que denuncia la AEB y lo que prohíbe el TSJC en su auto de 3 de septiembre».
Sin derecho a réplica
La Consellera tuvo la oportunidad de aportar las pruebas que estimase oportunas en defensa del Consell Interuniversitari y no lo hizo. Sin embargo, la AEB no ha tenido oportunidad de réplica en ese programa donde se le ha tildado de «radical y fascista» a pesar de pedir a TV3 que se les permitiese dar su versión. Esto es, según la entidad, «una muestra más del sectarismo de los medios públicos de comunicación en Cataluña.
