El presidente Aragonès ha cargado contra el TSJC, responsabilizándolo de lo que pueda ocurrir, por su decisión de no autorizar el toque de queda en aquellas poblaciones con un índice de contagios inferior al que la propia Generalitat había utilizado en su anterior petición. El TSJC, como otros tribunales, ha sido suficientemente explícito en su justificación de la decisión adoptada. Después de haber aceptado dos cambios a la baja en el índice de contagios para aplicar el toque de queda, el TSJC ha considerado que la nueva rebaja —se ha pasado de los 400 iniciales a los 150 contagios por 100.000 habitantes— no justifica una medida que implica una restricción general de derechos fundamentales, y que en todo caso, evitar botellones es una cuestión de orden publico.
Cabe añadir a lo dicho por el TSJC que, como ya ocurrió con las restricciones horarias arbitrarias a la restauración, la Administración no ha establecido una relación directa entre esa medida y el nivel de contagios. En este sentido, las Comunidades Autónomas que no han implantado el toque de queda no tienen una situación sanitaria peor, ni más contagios que las que sí lo han hecho como Cataluña.
La política del Govern, y de la gran mayoría de Administraciones, ha seguido las líneas de actuación que se enumeran a continuación:
1. Fomentar el miedo. Tras una primera minusvaloración de la pandemia —recuerden el 8-M o el acto independentista de Perpiñán por poner dos ejemplos— los gobiernos descubrieron que la mejor manera de tapar su ignorancia y su incompetencia —recordemos el abandono de las residencia durante muchos meses—, era fomentar el miedo. Una población atemorizada se vuelve dócil y acrítica. Y pide cada vez más mano dura, lo que hace que los políticos vean las restricciones de derechos rentables electoralmente. Esta baza ha tenido el apoyo entusiasta de la mayoría de medios de comunicación que han abrazado las tesis oficiales sin el menor rubor, probablemente incentivados por su dependencia del dinero público.
Una población atemorizada se vuelve dócil y acrítica. Y pide cada vez más mano dura, lo que hace que los políticos vean las restricciones de derechos rentables electoralmente
2. Criminalizar al mínimamente crítico. La cultura de la cancelación dominante se ha aplicado sin fisuras. Cualquier crítico es calificado de negacionista aunque no se ponga en duda para nada la existencia de la pandemia y lo que se critique sean la opacidad informativa, fuente de desconfianza, o determinadas decisiones cuya coherencia no se aprecia. Las voces críticas sufren un apagón mediático que trata de transmitir la imagen de unanimidad o de que cualquier crítica es cosa de dementes irresponsables. En privado varios doctores me han expresado sus opiniones no coincidentes con las oficiales, no cuestionando la pandemia sino algunas de las medidas adoptadas, pero el miedo a las represalias les lleva al silencio público.
En privado varios doctores me han expresado sus opiniones no coincidentes con las oficiales, no cuestionando la pandemia sino algunas de las medidas adoptadas, pero el miedo a las represalias les lleva al silencio público
Las grandes compañías globales que controlan el flujo de información han impuesto la ley del silencio a las críticas.
3. No admitir ningún error. Todavía es hora que se reconozca que debieron priorizarse las pruebas diagnósticas en las residencias, o que se han establecido restricciones insuficientemente justificadas en la restauración. O que restringir la circulación de vehículos privados como se hizo favorecía aglomeraciones en los transportes públicos. Tampoco el evidente error de permitir la desasistencia de los ciudadanos en cuestiones fundamentales al establecer en las administraciones públicas un sistema de citas previas que es fuente de corrupción y pésimo servicio público. Todavía es hora que alguien explique fehacientemente el precio de los test de antígenos, que sólo se vendan en farmacias y el porqué de su retraso de muchos meses respecto a otros países.
4. Culpabilizar a los ciudadanos y , ahora, a los tribunales de la pandemia. Es una técnica utilizada por todas las Administraciones. La culpa es de los jóvenes o de los familiares de los ancianos en residencias o, ahora, de los tribunales. La técnica de buscar culpables para escapar de la responsabilidad de los gobernantes es una forma de degradación democrática. Todavía esperamos que se constituya la comisión de expertos que evalúe las políticas adoptadas. Ocurre en todas las administraciones. Pero en Cataluña somos especialistas en no asumir ninguna responsabilidad y culpar de todos los males a terceros.
«La técnica de buscar culpables para escapar de la responsabilidad de los gobernantes es una forma de degradación democrática»
5. Incapacidad de cualquier sacrificio empático. Hubiera sido una forma de credibilidad que los políticos redujeran sus emolumentos mientras hubiera que adoptar medidas que perjudican gravemente a colectivos como tiendas, restaurantes etc. O que no se saltarán las restricciones que imponen a los demás. La falta de empatía delos políticos ha sido atronadora.
En definitiva se trata a la población como a menores de edad. Se oculta información y se impide el debate sobre las decisiones adoptadas. La falta de transparencia es una constante. Por eso debemos alegrarnos que los tribunales hayan puesto freno a la arbitrariedad de la Administración.
