Vuelco a la situación de inseguridad económica en la que se encontraban los líderes del procés por las fianzas que le reclama el Tribunal de Cuentas por malversación entre los años 2011 y 2017. Como es sabido, dicho tribunal reclama 5,4 millones de euros en concepto de fianza a 34 excargos de la Generalitat que destinaron fondos públicos de manera ilegal a sufragar la promoción en el extranjero del proceso separatista. Entre ellos figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont o los exconsellers Andreu Mas-Colell, Francesc Homs y Raül Romeva.
Ante esta situación, y después de que los bancos consultados se negasen a avalar dichas fianzas, el Govern sí recurrirá finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una posibilidad que hasta ayer martes había descartado el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, para «no poner en riesgo a los profesionales» de la entidad. Sin embargo, hoy el mismo Giró en la sesión de control al Govern en el Parlament ha anunciado que el ICF, una entidad financiera de carácter público, respondería de los depósitos reclamados. El anuncio se ha producido in extremis, pues hoy era el día en el que vencía el plazo para abonar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.
Mas alerta de que no funcionará
«Esta mañana he llamado al presidente de la Generalitat, se lo he explicado y le ha parecido muy bien», ha afirmado Giró con respecto a la rectificación de la Generalitat. Y es que la negativa a servirse del ICF no había gustado nada en las filas de Esquerra Republicana de Cataluña, que mostraron en público su insatisfacción y dejaron patentes sus diferencias con JxCAT, que habían respaldado la decisión de Giró. Por su parte, uno de los encausados, el expresident Mas, ha mostrado su desconfianza en una entrevista en La Ser ante la vía escogida por el Govern: «Ojalá me equivoque, pero creo que el Tribunal de Cuentas rechazará un aval del Instituto Catalán de Finanzas, vistos los precedentes. No nos han querido prorrogar el plazo cuando normalmente lo hacen».
