«HAY VIDAS EN JUEGO». Así, alto y claro miles de familias se dirigen al presidente del Gobierno de España para exigir la ampliación de la moratoria anti desahucios y suministros básicos, hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda.
Bajo un sol abrasador y ataviados con sus inconfundibles camisetas verdes, mujeres, hombres y niños clamaban este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat (Barcelona) que el gobierno mueva ficha para evitar una tragedia que, solo en el primer trimestre de 2021, ha dejado a 11.000 familias en la calle.
Esta estampa no se ha vivido solo en Cornellá, sino en todo el país. En unos municipios la concentración se ha producido hoy, como en Terrassa, en otros será mañana o en los próximos días, porque el tiempo corre en su contra.
Allí, en la Plaza de la Iglesia de Cornellá, El Liberal ha sido testigo de diferentes dramas. Era difícil escuchar cada una de las historias que, los afectados narraban a través de un megáfono que vibraba sin parar a causa de los nervios.
«Aquí no estamos hablando de vandalismo ni de ocupaciones, ni de mafias o caraduras que pretenden vivir del cuento, sino de familias enteras que viven en la absoluta pobreza sin que el gobierno se apiade de ellas».
Uno de los afectados suplicaba a un fondo buitre que deje de ofrecerle unos miles de euros para que él y su familia abandonen la vivienda. «Nosotros no queremos dinero, eso dura unos meses. Queremos un techo que podamos pagar».
¿Qué está fallando aquí?
A través de un comunicado han reconocido que es innegable que los niveles de protección anti desahucios a familias vulnerables que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre (tras las múltiples denuncias y luchas impulsadas por la PAH, habrán cubierto temporalmente a una parte de las personas vulnerables. Tan innegable como los 11.000 desahucios producidos en el primer trimestre de 2021, según datos del CGPJ. CaixaBankia, Sareb y fondos buitre siguen desahuciando.
¿Qué está fallando aquí? Sólo hay dos posibles respuestas: O falla la legislación y es imprescindible mejorarla, o la judicatura se la salta y es necesario denunciarlo.
O falla la legislación y es imprescindible mejorarla, o la judicatura se la salta y es necesario denunciarlo.
Si con estas medidas se han ejecutado casi 11.000 desahucios en sólo 3 meses ambas respuestas son correctas. Por tanto:
- La legislación debe ampliarse más allá de los tres supuestos restrictivos.
- Los jueces han de cumplir el espíritu protector de ley, unificar sus prácticas respecto a ella y, si tienen alguna duda, abstenerse de desahuciar y solicitar a las afectadas o a los servicios sociales, el documento que les pueda faltar.
Lo peor está por venir
Lo peor está aún por venir, insisten. A pesar de los miles de desahucios ejecutados con la protección parcial de los decretos, otros miles sí se han logrado demorar gracias a la misma. Los juzgados acumulan miles de procedimientos ya concluidos, pendientes de que se levante esa protección para ejecutar sus desahucios, y los decretos caducan el próximo 9 de agosto, al igual que el decreto contra los cortes de suministro. Si no se remedia habrá un tsunami de desahucios a partir de septiembre.
Los decretos caducan el próximo 9 de agosto, al igual que el decreto contra los cortes de suministro. Si no se remedia habrá un tsunami de desahucios a partir de septiembre.
Para evitar esas tragedias, que recientemente han provocado 2 suicidios exigimos al Gobierno que apruebe una ampliación con carácter indefinido hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, incluyendo en dicha prórroga el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos en relación con el Derecho a una Vivienda digna, prohibiendo todo desahucio de personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional adecuada y digna. No podemos permitir que familias vulnerables, sin recursos, sean expulsadas de sus casas por los mismos que originaron la burbuja inmobiliaria. Evitemos los desahucios obligando a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales, no es imposible, sólo se necesita voluntad política.
Exigimos al Gobierno que apruebe una ampliación con carácter indefinido hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, incluyendo en dicha prórroga el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos
El que la vivienda esté considerada exclusivamente como un mero bien de consumo, es la causa de que cientos de miles de familias no tengan acceso a ella, y de que cada año varias decenas de miles sean expulsadas de sus casas o se queden sin luz, mientras no existe una ley estatal que garantice y universalice este Derecho.
Si esto no se cumple cuando la pandemia aún no ha acabado, las tragedias serán miles y el único responsable será el Gobierno ya que es sólo cuestión de voluntad política el acabar con esta lacra que se ceba con los más vulnerables de nuestra sociedad.
Justo y su familia llevan años de negociaciones con un fondo buitre que no quiere acuerdos
Justo cuenta que en diciembre de 2004 su mujer y él decidieron comprar un piso en Cornellá. Catalunya Caixa les concedió una hipoteca de 210.000 euros en la que, supuestamente, durante 5 años sus suegros serían avales. «Una mentira que descubriríamos más tarde», lamenta.
En 2008 nació su hija y «a pesar de la crisis fuimos aguantando pero en 2013 ya no podíamos más, no podíamos seguir pagando». En ese momento el matrimonio empezó a negociar con la entidad que, durante las negociaciones, vendió la hipoteca a Black Stone, un fondo buitre americano, y les ayudó a fundar ANTICIPA. «Con ellos hemos estado negociando hasta el día de hoy, pero se niegan a llegar a un acuerdo, aun habiendo comprado la hipoteca por menos de un 25% de la deuda total.
«Les hemos pedido que se queden el piso de mis suegros, que viven en otro sitio y nos dejen una hipoteca que podamos pagar, de unos 60.000 euros. Es decir, se quedarían un piso que pueden vender a precio de mercado y nosotros con el nuestro, con una deuda de 60.000€ pero ANTICIPA, como buen buitre quiere más. Nos piden algo imposible porque mi mujer trabaja de forma intermitente y con un salario que no llega a los 800 euros. Nos han iniciado un procedimiento judicial. Gracias a mi abogado y a la PAH hemos descubierto que no les debemos la cantidad que nos reclaman porque no tenemos cláusula de intereses.
Llevo casi 8 años en la PAH De Cornella, conozco a ANTICIPA. Ellos son los causantes de que un electricista en paro de mi ciudad se suicidara cuando iba a ser desahuciado. No tuvieron bastante sangre y ahora quieren la mía. Llegaré hasta donde tenga que llegar, pero no voy a dejar a mi hija sin un techo».
«Conozco a ANTICIPA. Ellos son los causantes de que un electricista en paro de mi ciudad se suicidara cuando iba a ser desahuciado. No tuvieron bastante sangre y ahora quieren la mía»
Miriam, madre de dos menores y víctima de violencia de género: «solo pido un alquiler social»
Es imposible escuchar a Miriam sin que a uno se le ponga el vello de punta. Desde los 16 años, cuenta, vive de alquiler, cambiando una y otra vez de vivienda según sus posibilidades. Llegaron a estar sin teléfono y sin luz porque no alcanzaban a pagar alquiler y suministros si querían seguir comiendo. «Enmedio de esta situación, a pesar de tomar anticonceptivos, me quedé embarazada. Poco después, nos vimos en la calle».
«Llegamos a estar sin teléfono y sin luz porque no alcanzábamos a pagar alquiler y suministros si queríamos seguir comiendo
«Necesitábamos un techo», lamenta. Su bebé nació con problemas y su familia estaba en la calle. «Nos vimos en la necesidad de recuperar una vivienda del BBVA pidiendo, desde el primer momento, pagarles un alquiler social porque nunca nos hemos negado a pagar». El BBVA, cuenta, le negó dicho alquiler una y otra vez, mandándoles fecha de desahucio.
«Me separé y, aun así, han continuado llegando órdenes de desahucio, a pesar de ser víctima de violencia de género y una mujer sola con dos menores en situación de exclusión social»
«Me separé y, aun así, han continuado llegando órdenes de desahucio, a pesar de ser víctima de violencia de género y una mujer sola con dos menores en situación de exclusión social». Cuenta que volvieron a darle fecha de desahucio que, gracias a la ley 24/2015 se paralizó pero siguen llegando y llegando órdenes de desahucio mientras le ofrecen unos miles de euros para que abandone la vivienda. «Vivo atemorizada y sigo pidiendo un alquiler social para poder vivir con mis niños porque ese dinero dura unos meses pero necesitamos un hogar».
David era empresario, tras un grave accidente perdió su negocio y su casa en la que vive de alquiler social y de donde el banco lo quiere echar
David tiene 53 años y es vecino de Cornellá. Las cosas le iban bien, y en el año 2000 compró un local de l’Hospitalet por 8 millones de pesetas. También un piso en Cornellá que le costó 33 millones y en el que ahora vive con un alquiler social desde que se lo quedó el banco.
En el año 2011, David tuvo un grave accidente. Gracias a un seguro privado que tenía contratado pudo hacer frente a los pagos durante el primer año, que es el tiempo máximo que cubre el seguro. «Al año siguiente yo seguía de baja y no podía afrontar los pagos. Me denunciaron, me llevaron a los juzgados y me vino una primera instancia de ejecución hipotecaria tanto de mi vivienda como del local».
Las dos propiedades estaban englobadas en una misma hipoteca y la oferta que le hicieron consistía en pagar todos los intereses correspondientes a ese año que no había podido hacer frente al pago y pagar, además la cancelación del préstamo y hacer dos préstamos nuevos, uno del piso y otro del local, del que solo me quedaba pagar unos 3 millones de los 8 que me había costado. Debía rehipotecarme en 100.000 euros si quería conservar mis propiedades. De esa forma, se asegurabam de que si volvía a tener algún percance, se quedarían con las dos propiedades, que es lo que pasó. Todo esto subía de los 50.000 euros, que tuve que pagar sí o sí, sin tenerlo. A partir de aquí me dieron dos años de carencia. «Pagas solo intereses pero no amortizas nada».
Finalmente, en el 2016 tuve que perder todo porque, tal como tenían previsto, se quedaron con el local y el piso. Encima me dejaban una deuda de 160.000 euros. «Es inverosímil». Gracias a la PAH y a la lucha conseguí una condonación de la deuda y me dieron un alquiler social en mi propio piso del que llevan tiempo queriendo echarme, denegándome la prórroga y ahora esa es mi lucha. El 24 de mayo tendría que haber dejado mi vivienda pero gracias a la PAH conseguimos una moratoria de 6 meses más». «Es un sin vivir que en el siglo XXI estemos viviendo esta vergüenza».
David sufrió un grave accidente. Durante el primer año, un seguro privado se hizo cargo de los pagos. Después, empezó su pesadilla. Consiguió condonación de la deuda pero el banco se quedó con su local y su piso donde vive pagando un alquiler social que ahora se niegan a renovarle
