La decisión del Tribunal de Cuentas de imponer millonarias fianzas a los responsables de la promoción internacional del procés con dinero de todos los catalanes se saldó hace un par de semanas con furibundos ataques a este organismo por parte del separatismo y de algún que otro medio cercano a la izquierda. Una de las críticas que se han arrojado contra esta entidad ha sido que algunos de sus miembros no tenían ninguna relación con la judicatura y que habían sido colocados por los partidos mayoritarios, además de llevar en sus cargos demasiado tiempo. Sorprendentemente, nadie reparó en que Cataluña cuenta con un órgano similar, la Sindicatura de Comptes. Y menos aún en que a la misma se le pueden hacer críticas muy similares.
La Sindicatura de Comptes, como sucede con otras entidades, no deja de ser un órgano duplicado del Tribunal de Cuentas pero a nivel autonómico. Sus miembros, al igual que en el tribunal nacional, son propuestos por los partidos y elegidos por el Parlament. Así, el actual presidente, que lleva en el cargo desde 2011, es Jaume Amat, que entró en la sindicatura en 2007, tras una carrera profesional que ha estado siempre vinculada a la gestión política de la Administración. Amat fue propuesto para la presidencia por CiU.
En la Sindicatura desde 2007
En el Pleno de la Sindicatura se encuentran otros cargos también propuestos por los partidos y que, al igual que Amat, llevan años realizando este trabajo. Es el caso de Jordi Pons, que fue designado síndico en 2013 a propuesta de ERC y que entró en la Sindicatura en 2007. Como en el caso de Amat, Pons tampoco es juez aunque sí catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Fue a partir de este cargo, que ejerció durante dos años, que entró en la Sindicatura, de la que ya no ha salido.
En una situación similar se encuentra Miquel Salazar, licenciado en Derecho, diplomado en Función Gerencial en Administraciones Públicas y funcionario de la Diputación de Barcelona. Entró en la sindicatura en 2013 a propuesta del PSC. En su currículum se encuentran los cargos de director general de Política Financiera de la Generalitat, consejo delegado del Instituto Catalán de Finanzas o la gerencia del organismo de Gestión y Recaudación de Tributos de la Diputación de Barcelona.
