La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana ha denunciado este martes al presidente del Govern, Pere Aragonés, y a todo su gabinete por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Lo ha hecho tras conocerse que el Ejecutivo formado por ERC y Junts ha dado luz verde a la creación de un fondo al que los catalanes tendrán que aportar, al menos, 10 millones de euros para que los separatistas encausados por la promoción internacional del procés pueda afrontar las millonarias fianzas que les ha impuesto el Tribunal de Cuentas.
La denuncia ha sido presentada ante el juzgado de guardia y, según ha explicado la entidad en un comunicado, obedece a que las fianzas que deben depositar los ex altos cargos separatistas ante el Tribunal de Cuentas no pueden ser asumidas por la Generalitat «de ninguna manera». La explicación es sencilla: «Se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos. Hecho este manifiestamente antijurídico. La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de estos, ni la Administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal».
En la misma nota, Convivencia Cívica Catalana añade que destinar dinero público para «defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos». Por este motivo, además de la denuncia ante la Justicia, la entidad ha anunciado que instará otro procedimiento ante el Tribunal de Cuentas en cuanto los separatistas depositen las fianzas. Algo que debe suceder antes del próximo día 21.
