Una cal y otra arena para las causas económicas que la Justicia tiene pendientes con el secesionismo. Por una parte, la Abogacía del Estado se ha retirado de la causa por la que el Tribunal de Cuentas exige a los políticos implicados en el procés 5,4 millones —apartamiento que ha sido interpretado como un gesto del Ejecutivo con el separatismo, con el que quiere alcanzar un clima de «concordia».
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha denegado el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal de Cuentas por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el exconsejero Francesc Homs, la exvicepresidenta Joana Ortega y cinco ex altos cargos de la Generalitat: Josefina Valls, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias. Todos ellos fueron condenados por la consulta ilegal del 9-N en 2014, imponiéndoseles una sanción de 5,8 millones de euros.
Un recurso no justificado
Dichos millones ya fueron depositados en el momento de la condena, que consideró probado que la compra de 7.000 ordenadores por el ex Ejecutivo de Mas estaba destinada a la finalidad anticonstitucional de celebrar una consulta sin soporte presupuestario admisible para tal finalidad, así como otros gastos en comunicación y publicidad. Ahora, el Supremo desestima el recurso por no cumplir las exigencias suficientes. El Tribunal alega que éste no justifica el interés casacional de la cuestión y que, además, no esta suficientemente fundamentado.
