Poco sustancial cabe añadir a la infinidad de artículos, sesudos unos, viscerales otros, que se han escrito los últimos días a cuenta de la arbitraria decisión del gobierno Sánchez de indultar el pasado 22 de junio a quienes, saltándose la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico del Estado español cuya representación ostentaban en Cataluña, constituyeron la república catalana el 27 de octubre de 2017 (27-O), culminando con ese acto de deslealtad superlativa un proceso de secesión iniciado varios años antes.
Durante todo ese tiempo, la mayoría de los consejeros en los sucesivos gobiernos de la Generalidad, presididos por Mas y Puigdemont, y de los diputados de los partidos políticos (CiU, ERC, JxS y CUP) que los respaldaban en el Parlamento de Cataluña, desafiaron una y otra vez al resto de poderes ejecutivos y legislativos del Estado español e incumplieron de manera deliberada y reiterada (y se jactaron de hacerlo) los autos y las sentencias del Tribunal Supremo (TS), del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Un gobierno débil
Un gobierno que permite a líderes políticos salir prácticamente indemnes, después de haber impulsado una hoja de ruta y financiado con dinero de todos los contribuyentes un proceso de sedición desde las instituciones de autogobierno de Cataluña, queda muy debilitado, y da fuerzas y hace crecerse a quienes lo protagonizaron y se han conjurado públicamente para intentarlo de nuevo en cuanto se presente una ocasión propicia.
«Un gobierno que permite a líderes políticos salir prácticamente indemnes, después de haber impulsado una hoja de ruta y financiado con dinero de todos los contribuyentes un proceso de sedición desde las instituciones de autogobierno de Cataluña, queda muy debilitado».
Así lo reconoció Junqueras, exvicepresidente del gobierno de la Generalidad, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por sedición y malversación de fondos públicos, en cuanto abandonó el centro penitenciario de Lledoners, y sentenció que los indultos son un “triunfo que demuestra las debilidades de algunos aparatos del Estado”. Y tenía toda la razón el exvicepresidente, porque, quien debería haber pasado unos cuantos años más entre rejas, acababa de recobrar graciosamente la libertad y se fundía en un abrazo con Aragonés, presidente actual del gobierno de la Generalidad, desplazado a la puerta de la prisión para festejar la salida de prisión de los sediciosos y malversadores.
El daño institucional causado por la gracia de Sánchez afecta no sólo a la credibilidad de su gobierno, ya muy desacreditado tanto ante la sociedad española como en el exterior tras formar gobierno de coalición con Unidas Podemos, sino al conjunto de las instituciones del Estado y muy especialmente al poder judicial. Conviene escuchar con atención otra de las joyas que nos brindó Junqueras a la salida de Lledoners: “si estamos en la cárcel es porque están convencidos de que si estamos fuera ayudaremos más a la independencia”.
«El daño institucional causado por la gracia de Sánchez afecta no sólo a la credibilidad de su gobierno, ya muy desacreditado tanto ante la sociedad española como en el exterior tras formar gobierno de coalición con Unidas Podemos, sino al conjunto de las instituciones del Estado y muy especialmente al poder judicial»
La única conclusión que cabe extraer de la reflexión de uno de los cabecillas del proceso de sedición es que la decisión de Sánchez, lejos de impulsar la convivencia y un nuevo proyecto de ‘país’, como afirmó en el Liceo el presidente la víspera de la aprobación de los indultos, fortalece y da alas al movimiento nacional-secesionista en Cataluña: Junqueras va a ayudar más a la independencia estando fuera que dentro de la cárcel, al menos mientras Sánchez siga al frente del gobierno de España con apoyo de ERC.
Politización de la justicia
La pérdida de credibilidad afecta desafortunadamente no sólo al gobierno de Sánchez, una situación a la que los ciudadanos españoles podemos poner remedio votando a otros partidos en las próximas elecciones generales, sino a instituciones que, como el sistema judicial, desempeñan un papel esencial en los Estados democráticos. Conviene tener muy presente que, frente a las normas contrarias al ordenamiento constitucional aprobadas por los gobiernos de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña y los actos delictivos perpetrados por los principales responsables de ambas instituciones, sólo las sentencias del TS, el TC y el TSJC han proporcionado cierto amparo, bien que no muy efectivo en la práctica, a los ciudadanos catalanes.
La decisión de Sánchez de indultar a los sediciosos y malversadores, pese al informe contrario respaldado unánimemente por los magistrados del alto tribunal, deja al sistema judicial español -ya muy tocado por la negativa de algunos tribunales de Alemania y Bélgica a conceder la extradición del expresidente Puigdemont y otros prófugos de la justicia española-, en una situación harto delicada, y a los ciudadanos catalanes que respaldan el ordenamiento constitucional más desamparados si cabe todavía.
Desde que la Sala Segunda del TS dictó su sentencia condenatoria el 19 de octubre de 2019, nada ha hecho el gobierno de Sánchez para introducir reformas legales que obliguen a todos los representantes políticos a acatar el orden constitucional y a reforzar la legitimidad democrática ante las instituciones europeas de la labor de nuestros tribunales. A nivel interno, el gobierno de España debería haber impulsado reformas legales que exigieran explícitamente a todos los representantes del Estado prometer acatar y cumplir la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico antes de tomar posesión de sus cargos, y establecieran protocolos ágiles de actuación para que los tribunales pudieran responder prontamente a procesos de carácter sedicioso tan graves como los protagonizados por Puigdemont, Junqueras y Forcadell en 2017.
Resulta incomprensible para cualquier demócrata que prófugos de la justicia, como Puigdemont o el exconsejero Comín, puedan incluirse en listas electorales y ser elegidos eurodiputados. No sólo no ha impulsado el gobierno Sánchez esas reformas legales indispensables para impedir la repetición del proceso, sino que ha optado por indultar a los sediciosos reforzando su sensación de impunidad.
Resulta, por otra parte, incomprensible la pasividad del gobierno de Sánchez en las instituciones europeas ante la dolosa falta de cooperación de algunos tribunales para dar curso a las euroórdenes del magistrado Llarena contra varios prófugos de la justicia y ante las incomprensibles resoluciones del Consejo de Europa que ponen en tela de juicio la legitimidad democrática de nuestro ordenamiento jurídico y las actuaciones del Tribunal Supremo contra los cabecillas del proceso.
Lo que es peor, los indultos otorgados por Sánchez a quienes vulneraron reiteradamente el ordenamiento constitucional y pusieron en peligro la paz social en Cataluña y el normal funcionamiento del Estado español, vienen a dar la razón a aquellos tribunales e instituciones de la UE que, en lugar de reafirmar la vigencia del imperio de la ley, se mostraron comprensivos con los sediciosos y malversadores y pusieron en tela de juicio la legitimidad de nuestros tribunales y la proporcionalidad de sus decisiones.
Un gobierno entregado
La actitud benevolente del presidente Sánchez hacia los sediciosos y malversadores se mantendrá inalterada mientras el gobierno siga dependiendo de su apoyo para mantenerse en La Moncloa. Ganó la moción de censura el 1 de junio de 2018 pese a contar tan sólo con 85 diputados, gracias al apoyo que le prestó el batiburrillo de ‘podemitas’, nacionalistas y secesionistas catalanes y vascos y pro-etarras en el Congreso, enemigos declarados todos ellos de la Constitución de 1978 y ansiosos de acabar con el presidente que había osado invocar in extremis el artículo 155 de la Constitución para abortar la república catalana nada más ser constituida. Sánchez prefirió aliarse con quienes pretenden destruir el Estado a alcanzar entendimiento con el moderado gobierno de Rajoy.
Y gracias a su apoyo Sánchez sigue al frente del cada vez más débil y entregado gobierno de España. Es su debilidad, evidenciada de manera clamorosa al indultar a los sediciosos y malversadores, la que va a permitirles a éstos continuar desprestigiando y desgastando las instituciones del Estado desde los despachos y coches oficiales del gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña, controlando un presupuesto del sector público de 46.058 millones de euros. Sánchez es, hoy por hoy su mejor candidato a ocupar La Moncloa, para vergüenza de tantos socialistas históricos, votantes socialdemócratas y hasta de algunos barones del PSOE con mando en plaza.
No cabe duda cabe que urge restablecer lo antes posible la normalidad democrática y la convivencia cordial entre catalanes, y entre éstos y el conjunto de los españoles. Pero la solución no pasa por aprobar nuevas normas que refuercen la autonomía y aumenten los recursos con que ya cuentan quienes aspiran a quebrar ambas, sino por adoptar reformas legales que garanticen la lealtad de todos los cargos electos al ordenamiento constitucional y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales. La cuestión es si los líderes de los partidos constitucionalistas serán capaces de apreciar lo que los españoles nos jugamos en el envite, y podrán anteponer los intereses generales a los meramente partidistas para impedir el deterioro, tal vez irreversible, que puede sufrir nuestra anhelada y joven democracia en los próximos meses.