Las millonarias indemnizaciones a las que tendrán que hacer frente en breve líderes del procés como Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Andreu Mas-Collell, junto a otros 35 cargos de la Generalitat han enfrentado este viernes a los ministros José Luis Ábalos y Fernando Grande Marlaska. Estos pagos han sido impuestos por el Tribunal de Cuentas, que deberá confirmarlos el próximo día 29, y se corresponden al dinero que el separatismo desvió a través del Diplocat a la promoción exterior del proyecto independentista.
Concedidos los indultos, al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, al menos a una parte, le preocupa cómo puede afectar al proceso de negociación con la Generalitat el pago de estas indemnizaciones, que, como mínimo, alcanzarán los 5,4 millones de euros. De ahí que el ministro Ábalos haya definido, sorprendentemente, la decisión del Tribunal de Cuentas como «piedras en el camino» en una entrevista en la Ser. «Nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones y dentro de la legalidad».
España, una democracia «solvente»
Esta postura no ha gustado en absoluto al titular de Interior, el juez Fernando Grande Marlaska, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y que en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha dejado claro que «cada institución, en una democracia solvente y sólida como la española, hace lo que le toca hacer según sus competencias».
Así las cosas, si ya la concesión de los indultos logró que parte del socialismo tradicional mostrara su rechazo al presidente Sánchez, la intención ahora de forzar de alguna manera a que los separatistas no tengan que afrontar las indemnizaciones impuestas por el Tribunal de Cuentas produce roces dentro del Ejecutivo. Mientras tanto, la Caixa de Solidaritat que hasta ahora ha sufragado este tipo de multas ya advirtió en mayo de que, en esta ocasión, tendría serias dificultades para abonar las fianzas, que entonces se cuantificaban en algo más de 4 millones de euros.
Desde el 9-N de 2015, esta entidad presidida por Pep Cruanyes y de la que forman parte separatistas pata negra como Núria de Gispert ha pagado unos 15 millones de euros en multas y fianzas impuestas por la Justicia a los independentistas. Ahora, sin embargo, aseguran que la caja está «casi a cero», por lo que ven difícil poder afrontar los 5,4 millones de euros que pide el Tribunal de Cuentas.
