La Justicia asesta un nuevo golpe a las tesis separatistas. Si el mes pasado ordenó que los exámenes de Selectividad también se ofreciesen en castellano a los alumnos catalanes —prescripción que fue desobedecida por el Govern—, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado que la Universidad de Barcelona vulneró la neutralidad ideológica por apoyar a los presos del procés en un manifiesto. Según TSJC, que ha desestimado un recurso de la universidad contra la sentencia, el centro quebró su deber de neutralidad y lesionó los derechos de fundamentales a la libertad ideológica y de expresión de profesores y alumnos y el derecho a la educación de estos últimos.
Así, el tribunal recuerda que una «Universidad no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo, para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses a los que debe servir». El TSJC también razona que la «manifestación de una determinada opción debe incluir la posibilidad de objetarla y de oponerse a que se ejerza también en nombre de quienes no la comparten», de manera que la «toma de postura oficial por la Universidad en cuestiones esencialmente controvertidas y no atinentes a la gestión de sus fines es contraria a Derecho siempre que se encuentre con la oposición de alguno o algunos de sus miembros» —situación que se dio en el claustro que aprobó el manifiesto.
Finalmente, el dictamen no olvida señalar que todo lo anterior supone «una instrumentalización al servicio de una opción política ajena al ámbito material y funcional de la Universidad».
Aval a Universitaris per la Convivència
La demanda contra la Universidad fue interpuesta y promovida por Universitaris per la Convivència, una plataforma constitucionalista que persigue que las universidades catalanas sean espacios de libertad y dejen de ser instrumentalizadas políticamente, como viene ocurriendo a causa del separatismo. La sentencia constituye un aval a la organización, que se une al ya expresado por más de mil profesores españoles en una Carta abierta a los rectores catalanes y al Defensor del Pueblo. «Confiamos en que, poco a poco, las causas de la libertad académica, del pluralismo político y del imperio de la ley se impongan también en las universidades catalanas», señala la plataforma.
