La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una institución al margen de la UE y en la que se encuentran representados 47 países, ha dado luz verde a un informe que equipara España con Turquía en lo que a la libertad de expresión de los políticos se refiere. Este organismo, del que forman parte países como Rusia o la misma Turquía, se ha posicionado a favor del separatismo catalán avalando el indulto de los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, pero también abogando por la reforma del delito de sedición o la retirada de las euroórdenes que pesan sobre los separatistas fugados de España como Carles Puigdemont.
Este informe no tiene carácter vinculante pero demuestra que el dinero destinado por la Generalitat a la propaganda del procés fuera de las fronteras españolas se utiliza de una forma eficiente, por llamarlo de alguna manera. El autor del informe es el socialista letón Boris Cilevics, que ha mostrado sus simpatías hacia el separatismo catalán abiertamente. Por ejemplo, en febrero de 2020 se reunió con los fiscales del juicio del 1-O en un encuentro algo más que tenso. Posteriormente, mantuvo una entrevista con la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie. En el mismo viaje, Cilevics también visitó a los diputados y senadores que forman parte de la asamblea del Consejo de Europa.
Las contradicciones de Cilevics
Sorprendentemente, ya entonces el letón equiparaba a España con Turquía en lo relativo a la situación de «políticos encarcelados por ejercer su libertad de expresión«. Algo que poco o nada tenía que ver con lo sucedido en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017. Cilevics, sin embargo, admitió entonces que los líderes separatistas condenados por la intentona golpista habían sido juzgados «supuestamente por lo que hicieron» y no por lo que dijeron. El autor del informe reconoció también que «la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución judicial en España» y aseguró que la española es «una democracia viva con una cultura de debate público y abierto».
Un año y medio más tarde, Boris Cilevics ha presentado un informe en el que vincula a Turquía con España, califica de desproporcionadas las condenas a los separatistas, exige la anulación de las euroórdenes y pide la reforma del delito de sedición. Ante estas conclusiones, que han sido aprobadas con 70 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un comunicado en el que califica de «incoherentes» las recomendaciones del Consejo de Europa, además de señalar que chocan «con el respeto al principio de separación de poderes».
«Persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta», lamenta el ministerio dirigido por Arancha González Laya, «y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas».
Clara «humillación» a la democracia española
Las reacciones al informe de Cilevics no se han hecho esperar. Entidades como Sociedad Civil Catalana han exigido «ceses y dimisiones en el cuerpo diplomático y en el Ministerio de Exteriores» por lo que consideran una «clara humillación a la democracia española».
Desde Cs, el diputado Edmundo Bal ha acusado al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de «no rebatir la propaganda contra España en Europa» que llevan a cabo los separatistas. Bal ha advertido de que el Gobierno no puede, además, apoyarse en esta propaganda para justificar la concesión de los indultos y ha subrayado que los demócratas están «obligados» a «desmontar las mentiras que tolera Sánchez».
