Societat Civil Catalana ha iniciado una amplia campaña nacional e internacional para evitar que la Asamblea Legislativa del Consejo de Europa apruebe una resolución injusta, lesiva para la democracia española y, sobre todo, inaceptable desde el punto de vista del estado democrático de derecho.
«La aprobación del informe del relator letón Boriss Cilevics supondría un golpe claro a los cimientos del edificio europeo»
SCC
Para la entidad, la aprobación del informe del relator letón Boriss Cilevics supondría un golpe claro a los cimientos del edificio europeo. Por eso, SCC pide al Gobierno de España y a la diplomacia de nuestro país que se implique a fondo para evitar la aprobación de un texto dañino para el futuro de Europa.
«El documento cuenta con el respaldo de más de 500 académicos, de los que más de 100 son catedráticos»
Por ello, SCC está difundiendo en diversos ámbitos europeos el informe de réplica elaborado por Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB y expresidente de SCC, con la colaboración de Helena Torroja, profesora de Derecho Internacional Público de la UB. El documento cuenta con el respaldo de más de 500 académicos, de los que más de 100 son catedráticos. Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC, se reunió hace unos meses con Cilevics, y asegura que «nunca me había reunido con una persona extranjera que de forma tan militante y beligerante defendiera las tesis del independentismo».
SCC pide al Gobierno de España y a la diplomacia de nuestro país que se implique a fondo para evitar la aprobación de un texto dañino para el futuro de Europa
El documento de respuesta elaborado por Rafael Arenas concluye que :
–El proyecto de Resolución realiza una presentación sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017. Se trata de una visión sesgada que coincide en buena medida con la propaganda nacionalista y que incurre en algunos errores evidentes que han sido señalados.
«El proyecto de Resolución realiza una presentación sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017″
Más allá de esos errores todo el planteamiento desconoce la importancia que para los principios democráticos tiene el respeto al Estado de Derecho y la obligación -más que posibilidad- de que los comportamientos antijurídicos de las autoridades públicas lleven aparejadas sanciones suficientes como para desincentivar su comisión.
-El proyecto de Resolución supone, en realidad, una crítica a la actuación de los tribunales españoles que resulta gratuita, en tanto en cuanto no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones (en relación a la malversación, por ejemplo) y carece de rigor jurídico (insiste en la ausencia de violencia en los hechos imputados cuando el tipo aplicado no requiere la existencia de violencia). Se trata de una crítica que roza la intromisión en la función judicial y que, además, propugna que determinadas privaciones de derechos (la utilización ilegal de datos personales de los ciudadanos) quede sin sanción.
-Es necesario que el proyecto de Resolución no sea aprobado. Supondría un retroceso significativo en los valores que ha defendido el Consejo de Europa en sus más de 70 años de existencia y contradiría algunos principios ya asentados en nuestras democracias. Dicha aprobación implicaría apoyar la quiebra del Estado de Derecho y de principios democráticos básicos, así como la vulneración de derechos individuales.
«Es necesario que el proyecto de Resolución no sea aprobado. Supondría un retroceso significativo en los valores que ha defendido el Consejo de Europa en sus más de 70 años de existencia»