Un informe del Consejo de Europa sobre la actuación española ante los hechos del procés ha levantado una considerable polvareda. El texto, de carácter provisional y que se debatirá el próximo 21 de junio, ha sido elaborado por el letón Boriss Cilevics, un relator próximo a las tesis separatistas y que, tal y como contó Vozpópuli, se reunió en febrero de 2020 con la Assemblea Nacional catalana —que ahora se congratula de que su «labor internacional esté dando frutos». En él, se defiende que en el juicio al procés se condenaron a los políticos separatistas por declaraciones políticas, se recalca que ninguno de ellos «usó la violencia» y se pide que se les «indulte o libere», así como que se deje de reclamar la entrega a España a Puigdemont. En su lugar, el relator aboga por abrir un proceso de «diálogo que fortalezca la democracia» española.
La reacción constitucionalista en España ha sido rápida. El Foro de Profesores ha emitido una respuesta a la resolución del relator elaborada por el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB y vicepresidente de Impulso Ciudadano Rafael Arenas y la profesora de Derecho Internacional Público de la UB Helena Torroja, y respaldada por 423 firmas. El documento mantiene que el proyecto de Resolución realiza una presentación «sesgada, parcial e interesada» de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017. «Todo el planteamiento desconoce la importancia que para los principios democráticos tiene el respeto al Estado de Derecho y la obligación de que los comportamientos antijurídicos de las autoridades lleven aparejadas sanciones suficientes como para desincentivar su comisión», señala el texto.
Critica «gratuita» y sin «evidencias»
La réplica continúa explicando que el proyecto de Resolución supone, en realidad, una crítica a la actuación de los tribunales españoles que «resulta gratuita, en tanto en cuanto no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones». Por ejemplo, el relator insiste en la ausencia de violencia cuando el tipo aplicado no requiere de la existencia de violencia. Asimismo, el Foro de Profesores considera que es «una crítica que roza la intromisión en la función judicial y que, además, propugna que determinadas privaciones de derechos (la utilización ilegal de datos personales de los ciudadanos) quede sin sanción».
Por todo ello, estima «necesario que el proyecto de Resolución no sea aprobado», ya que «supondría un retroceso significativo en los valores que ha defendido el Consejo de Europa en sus más de 70 años de existencia y contradiría algunos principios ya asentados en nuestras democracias». Y es que, dicha aprobación, implicaría apoyar la «quiebra del Estado de Derecho y de principios democráticos básicos, así como la vulneración de derechos individuales».
